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| 5/15/2012 12:00:00 AM

La Procuraduría destituye por segunda vez a Piedad Córdoba

En esta oportunidad, el Ministerio Público la inhabilitó por 14 años para el ejercicio de cargos públicos por supuestamente haber hecho aportes a la campaña de un antiguo asesor suyo.

La Procuraduría General destituyó por segunda vez y de manera retroactiva como congresista a Piedad Córdoba por supuestamente haber hecho aportaciones económicas a la campaña electoral de un antiguo asesor suyo, informó el ente de control estatal.

La ahora exsenadora fue también inhabilitada por 14 años para el ejercicio de cargos públicos. El procurador Alejandro Ordóñez había anunciado la apertura de esta causa disciplinaria en abril del año pasado.

El fallo fue emitido el pasado 18 de abril y será informado en detalle una vez se surta el "proceso de notificación" a las partes implicadas.

La nueva sentencia contra Córdoba se derivó de denuncias del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una aportación económica que ella hizo en el 2010 a su asesor Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el departamento caribeño del Atlántico en las elecciones legislativas de aquel año.

Según el CNE, la antigua legisladora financió con 25 millones de pesos a Montenegro, quien no tuvo éxito en las urnas.

Con este supuesto apoyo económico, Córdoba violó un artículo de la Constitución que prohíbe a los funcionarios hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos.

La sanción es la segunda de destitución e inhabilitación que la Procuraduría emite desde el 2010 contra Córdoba, líder del colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP).

La primera le fue impuesta en septiembre del 2010, dentro de una investigación por supuestos nexos con las FARC, guerrilla que la aceptó a ella como mediadora de la entrega de civiles, policías y militares que mantenía secuestrados.

Entonces, el procurador Ordóñez la destituyó como senadora y la inhabilitó por 18 años para el ejercicio de cargos públicos.

Córdoba siempre rechazó los cargos, se declaró una perseguida política del procurador y apeló la sanción, que Ordóñez confirmó cuatro semanas más tarde.

EFE
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