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| 9/23/2014 12:00:00 AM

La ‘puerta giratoria’ del gobierno Santos

Ya hay propuestas para impedir que funcionarios del Estado terminen en la empresa privada.

Hace tres años Germán Vargas Lleras, entonces ministro del Interior, cuestionó la llamada ‘puerta giratoria’: en ese momento rechazó el salto de algunos exaltos funcionarios del gobierno anterior, el de Álvaro Uribe, hacía el sector privado.

En ese momento, el jefe de la cartera política dijo que varios de los funcionarios del gobierno Uribe laboraban en el sector privado y que por ello se favorecían de las decisiones administrativas. Incluso, les puso una tarea a los periodistas: “Pregunten ustedes cuántos funcionarios de la administración anterior hacen parte de juntas, consejos directivos del sector privado”.

Pero esa 'puerta giratoria' por la que pasan altos funcionarios del Gobierno expertos en la contratación del Estado y con amigos en el Ejecutivo también se vive en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Los casos son notorios.

Semana.com pudo establecer que el ex viceministro de relaciones políticas del ministerio del Interior Juan Camilo Restrepo Gómez irá en los próximos días para la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura).

Entretanto, tan solo un mes estuvo sin trabajo el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, quien aparte de este cargo público siempre ha estado vinculado al sector privado. Este lunes se conoció que el exjefe de la cartera había sido designado presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros (Campetrol).

Hace unos meses cruzó esa misma puerta Bruce Mac Master, quien pasó de ser director del Departamento de Administrativo para la Prosperidad, entidad encargada de ejecutar acciones de inclusión social, a ser el jefe de uno de los gremios más importantes del país, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

Los nombres no terminan allí. En julio de este año se conoció que el consejero presidencial para la Seguridad y la Convivencia, Francisco Lloreda, también había aceptado una propuesta en el sector privado en la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). La entidad agrupa a 50 compañías que exploran y explotan hidrocarburos en nuestro país.

La pregunta es sobre la inconveniencia de este tema que ya está generando debate en sectores políticos y de opinión.

Desde el Gobierno se han puesto fichas en los gremios para hacer posible la corrupción. Así lo considera el senador del Polo Democrático Alexánder López. “Desde el Estado aprenden cómo se manejan los presupuestos a los funcionarios y se van al sector privado para ponerse al servicio de las empresas y enriquecerlas más con sus conocimientos de lo público”.

En la reforma que presentó este martes el Polo Democrático se aplica una inhabilidad de cuatro años para que no se puedan ejercer cargos para funcionarios del sector privado hacia el Estado, y viceversa.

En la Unidad Nacional defienden la idea de que se pueda pasar el Ejecutivo al sector privado, pero con restricciones. Para el senador de La U Roy Barreras este no es un problema grave, pero reconoce que se debe regular. Para él no se le puede impedir a un ciudadano calificado que prestó un servicio público “que ejerza su profesión”.

Por eso Barreras propuso que haya “una inhabilidad temporal que puede ser de un año. El que, por ejemplo, un ministro de Agricultura no puede ir a dirigir un gremio que tenga intereses económicos”.

Lo cierto es que en el Estatuto Anticorrupción se estableció una prohibición para que exservidores públicos gestionen intereses privados por el término de dos años después de dejar su cargo. La inhabilidad se extiende ilimitadamente por asuntos concretos que conoció el funcionario en ocasión a su cargo, es decir, por asuntos de carácter particular.

Precisamente, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, señaló que ya existen impedimentos para los exfuncionarios. “Cuando hay negocios o temas que se han tratado como funcionarios, al salir no pueden tener gestiones frente a esos mismos temas”.

A pesar de la reglamentación, no se ha hecho el control del tema, sobre todo en aquellos casos en los que es evidente que un exfuncionario puede influir en beneficio de los intereses del sector privado.
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