Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/01/18 21:00

La puja por $2,1 billones que debería pagar el Estado a desplazados de Sucre

Un juzgado de Sincelejo decidió que no hay una política integral para atender a las víctimas, mientras el Gobierno exige que la decisión, que no está en firme, sea revisada.

La Nación debería pagar esa sume a 44.000 víctimas del desplazamiento forzado. Foto: Archivo SEMANA

La noticia acaparó los principales titulares: la Nación tendría que pagar la escandalosa suma de 2,1 billones de pesos a más de 44.000 víctimas del desplazamiento forzado, tan solo en el departamento de Sucre.

La razón era una: el juez del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo falló a favor de una acción de grupo que interpusieron esas personas, al argumentar que no existe una política integral que evite el fenómeno del desplazamiento. Por ello, condenó al Estado a pagar la multimillonaria suma de dinero, que representaría la tercera parte del precio pagado recientemente por Isagén.

Para la decisión, el juez de la causa tuvo en cuenta los daños morales que sufren las personas al ser víctimas del desplazamiento forzado y también hizo alusión a que entidades como el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y Acción Social no fueron oportunos en la entrega de ayudas humanitarias, entre otros.

Pero aunque parecía un hecho inminente, Semana.com indagó y las cosas tienen un matiz distinto.

Primero, porque la decisión de ese juzgado fue tomada en enero del 2015 y aún no se ha podido ejecutar, pues el Ministerio de Defensa –uno de los condenados- apeló la sentencia en febrero de ese mismo año.

Desde ese momento la decisión quedó paralizada. Ante la magnitud del caso y teniendo en cuenta la enorme cuantía en juego, el proceso terminó por pasar al Tribunal de Sucre.

Sin embargo, la máxima instancia de ese departamento también decidió que debido a su importancia jurídica, el caso debía ser asumido por el Consejo de Estado.

Ahora se está a la espera de que esta corporación, si escoge el caso, defina la validez de la sentencia.

En desacuerdo


Para acelerar un poco el proceso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó en diciembre pasado un memorial al Consejo en el que le solicita que revise el fallo por su “importancia jurídica y trascendencia social”.

Para Juanita López, directora del Área de Defensa Jurídica de la Agencia, no sólo es exagerado el monto que debería pagar la Nación, según el fallo del Juzgado, sino que los argumentos del juez no están claros.

“En el fallo el juez hace caso omiso del marco jurídico que explica cómo reparar a las víctimas. (…) En el documento no está comprobada la responsabilidad del Estado en esos desplazamientos”, dijo. Agregó que aunque la decisión dice que las víctimas no recibieron la atención necesaria por parte de los órganos correspondientes, el funcionario judicial tampoco lo demostró en su sentencia.

Para López, es importante que el órgano revise el caso no sólo por el tema económico, sino para definir los criterios que se deberían tener en cuenta para este y otros casos similares.

“Hace tiempo un juez del mismo circuito de Sucre negó una acción de grupo que tenía las mismas pretensiones, pues no estaba comprobada la responsabilidad del Estado. Además de eso, aunque todos eran víctimas del desplazamiento, no había una causa común. Es decir, fueron desplazados en épocas y lugares distintos. (…) Por eso es importante que el Consejo de Estado revise el caso y defina los criterios”, puntualizó.

Lo cierto es que no se ha dicho la última palabra en este proceso y ya sea el Consejo de Estado o el Tribunal de Sucre deberán pronunciarse de fondo. Se trata de una de las más cuantiosas indemnizaciones a cargo de la Nación, que se pagan con los impuestos de los contribuyentes.

La importancia radica en que, de ser fallado favorablemente, es seguro que detrás vendrán más demandas que se convertirán en una vena rota para el erario, además de causar una evidente desigualdad entre las reparaciones a las víctimas.

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