Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 1996/07/01 00:00

LA RAPIÑA

La Fiscalía deja al descubierto que la alcaldía de Mauricio Guzmán fue un nido de corrupción.

LA RAPIÑA

El martes 26 de agosto de 1997 fue el día más negro de la corta y hasta entonces exitosa carrera de Mauricio Guzmán Cuevas. Ese día la Fiscalía General le dictó medida de aseguramiento. Había comprobado que nueve cheques de empresas de fachada del cartel de Cali fueron consignados en las cuentas personales del entonces alcalde de esa ciudad.
A los caleños la captura de Guzmán les cayó como un baldado de agua fría. No sólo habían aprendido a quererlo, sino que consideraban la suya una buena alcaldía. Por eso la sorpresa fue mayor cuando en diciembre, cuatro meses después, Guzmán admitió su responsabilidad en los hechos y se acogió a los beneficios de la sentencia anticipada. Confesó que, en efecto, recibió dineros de personas relacionadas con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y que buena parte los había destinado a financiar su campaña política para el Congreso en 1992.
Ni las lágrimas derramadas ni el arrepentimiento expresado en público pudieron hacer que sus paisanos lo perdonaran. El tiempo se ha encargado de demostrar que la pesadilla de Guzmán apenas está empezando. Tras su captura comenzaron a caer las demás fichas del dominó, pues salieron a la luz pública una serie de investigaciones que comprometían seriamente al ex alcalde de Cali, ya no sólo con dineros del narcotráfico sino con procesos por corrupción administrativa. "Una cosa es que se entendiera con los narcos y otra muy distinta es que abusara de los aportes de nosotros los ciudadanos", dijo a SEMANA Jorge Humberto Díaz, gerente de una empresa metalmecánica de la ciudad.
La mayoría de las irregularidades descubiertas por las autoridades están relacionadas con malos manejos de los dineros del Fondo Financiero Especializado de Cali (Bancali), entidad creada por el propio Guzmán para administrar las ganancias del municipio y de las Empresas Municipales (Emcali), la de mayor solvencia económica de la ciudad, con un presupuesto superior a los 870.000 millones de pesos.

Dineros embolatados
El escándalo de la corrupción administrativa resultó tan grande como el del ingreso de dineros de los narcos a la campaña de Guzmán. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría, están a punto de perderse cerca de 23.000 millones de pesos. Los dineros fueron depositados en CDT en cooperativas actualmente intervenidas por Dancoop Joreplat, Avancemos y Cooservir. En el momento de la negociación algunas de ellas presentaban estados de iliquidez y ahora están en proceso de liquidación.
La decisión de invertir en el sector cooperativo la tomó el propio Guzmán en compañía de otros miembros de las juntas directivas de las empresas, como Luis Alberto Gómez, entonces secretario de Hacienda, Héctor Mario Garcés y Luis Javier Patiño, ex gerente y ex subgerente de Bancali, respectivamente.
Algunos de esos dineros fueron retirados de entidades oficiales con gran respaldo económico, como es el caso de Infivalle, una financiera regional, ciento por ciento oficial, que había mostrado eficiencia y solvencia en el manejo de los recursos. "La rentabilidad que ofrecían las cooperativas era superior a la de las demás empresas en tan sólo medio punto. No había necesidad de exponer tanto dinero por tan pocas ganancias", dijo a SEMANA un antiguo asesor de la Alcaldía, quien renunció por no estar de acuerdo con las decisiones de Guzmán.
Aunque la mayor parte de los dineros provenían de Bancali y Emcali, prácticamente todas las entidades municipales aportaron sus recursos económicos a las cooperativas. El Fondo Rotatorio de Tierras, por ejemplo, aportó 1.000 millones de pesos, la Secretaría de Tránsito, 300 millones, y la Secretaría de Vivienda Social, una cifra similar.
Ante la quiebra de las cooperativas resulta poco probable que se recupere esa plata. Hasta el propio alcalde de Cali, Ricardo Cobo Lloreda, quien tiene como principal bandera la lucha contra la corrupción, en el balance que presentó al cumplir 100 días de gobierno reconoció que estos dineros estaban ‘embolatados‘.

La olla podrida
Guzmán es el más importante de los detenidos pero no el único. A él le siguieron Luis Alberto Gómez y Edgar Materón, ex secretarios de Hacienda de Cali, contra quienes la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía Seccional dictó medidas de aseguramiento por peculado culposo y prevaricato por omisión. La medida también afectó a la ex tesorera municipal Alba Lucía Rosero, quien fue suspendida de su curul como diputada a la Asamblea Departamental.
A finales de marzo la Fiscalía también dictó medida de aseguramiento contra Luis Fernando González Williamson, ex secretario de infraestructura vial y valorización, y contra Luis Javier Patiño, ex subgerente de Bancali. El 2 de abril pasado fue detenida Rosario Tafur, ex directora del Comité Local de Emergencia (CLE), sindicada del delito de concusión, quien habría exigido a un contratista dos millones de pesos para cancelarle una factura, según la Fiscalía. "Esto era la danza de los millones, donde todo el mundo sacaba tajada por algún lado", dijo a SEMANA un funcionario de la actual administración.
Pero la olla podrida también alcanzó a uno de los proyectos más importantes para la ciudad: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo (Ptar), con la cual se podrán depurar 7,6 metros cúbicos por segundo de las agua servidas que van a parar al río Cauca.
El de Ptar es un proyecto que viene aplazado desde 1986, cuando Emcali lo suscribió con Overseas Economic Corporation Fund (Oecf) del Japón, por un valor aproximado de 145.000 millones de pesos. Ante la demora de las obras el contrato ha sido prorrogado varias veces. Aunque la planta debería estar lista en diciembre de este año, sólo ha sido ejecutada en un 19 por ciento, según funcionarios de la empresa. Los costos de la obra, sin embargo, han sido monumentales. En sólo consultoría se han invertido 13.000 millones de pesos.
En este caso, como en el de las cooperativas, también hay personas detenidas por la Fiscalía: Juan Fernando Burgos, ex gerente de Emcali, y Diego Hernán Bolaños, ex gerente de Ptar, sindicados por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. Ambos son investigados por irregularidades en la adjudicación y ejecución de los contratos para la adecuación del lote donde se construye la planta.
Lo grave de todo este escándalo es que se presenta en el peor momento, justo cuando la ciudad necesita con urgencia recursos financieros para iniciar obras de desarrollo que permitan superar la grave crisis que afronta. Una de esas obras es el metro de la ciudad, que podría convertirse en la mayor fuente de ocupación de los caleños en los próximos años. Cali tiene el mayor índice de desempleo del país con un 20 por ciento y si no se toman medidas al respecto la crisis podría terminar en una verdadera catástrofe social de impredecibles consecuencias.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.