Domingo, 23 de noviembre de 2014

| 2013/04/27 09:00

La rebelión de los 1.100 alcaldes

El reciente Congreso de Municipios reflejó la inconformidad con las políticas centralizadoras del gobierno nacional. ¿Obligaron al gobierno a otro plan de choque?

El presidente Santos y ministros como Fernando Carrillo, Germán Vargas y Alejandro Gaviria, sintieron la inconformidad de los 1.000 alcaldes del país. Los mandatarios locales sienten que el Estado central no les para bolas, no confía en ellos y que les recorta los recursos. Un grave síntoma de recentralización.

Los conocedores de la política colombiana dicen sin titubeos que no hay nadie más poderoso en el país que un alcalde, sobre todo en tiempos electorales. Es mayor dignidad, dicen, que ser gobernador, senador o incluso ministro.

Y en manada, son aun más poderosos. No en vano representan a los 1.100 municipios del país y son quienes conocen más de cerca la problemática del campesino, la de la dueña de la tienda de víveres, y quienes sufren con la falta de maestros y el estado paupérrimo de algunas vías terciarias. Y según afirman, en el año y medio que han trabajado con el gobierno del presidente Santos, no les han parado bolas. Por esto, en Cartagena se hicieron sentir. Chiflaron a Germán Vargas, ministro de Vivienda y le exigieron un aumento de sueldo a Fernando Carrillo, ministro del Interior.

Este fue el auditorio que recibió al presidente Juan Manuel Santos el viernes pasado, recién llegado de la posesión de Nicolás Maduro. En la Casa de Nariño estaban preocupados por el tête à tête entre el primer mandatario y los alcaldes, y para evitar un mal momento, o una chiflada, se habían sentado a planear la reunión con anterioridad. 

“El gobierno tiene una tendencia a subestimar los gritos de inconformidad hasta que les explotan en la cara”, dice un político que atendió el evento. Pero esta vez, el presidente Santos mandó una avanzada de primer nivel –todos sus ministros– y él llegó humilde y con disposición de diálogo. Oyó durante horas al director ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro y a su presidente, el alcalde de Barrancabermeja Elkin Bueno, el ambiente se distensionó y tomaron decisiones concretas.

¿Qué les preocupa a los alcaldes? Sienten que el gobierno busca recentralizar al país en materia de recursos y contratación pública. Afirman que existe una desconfianza excesiva hacia los mandatarios locales y aunque aceptan que en el pasado la corrupción ha sido alta en el nivel municipal, piden no generalizar. Los mandatarios locales tienen temas en todos los frentes. 

Por ejemplo, describen como un galimatías el nuevo régimen de regalías, que hasta ahora empieza a girar los recursos. En materia de cárceles o víctimas, les han entregado más responsabilidades como construir las cárceles o liderar un programa para las víctimas, pero no les han dado recursos para esto. 

“La tecnocracia centralista parece impulsar un proceso paulatino de despojo de competencias municipales en el que descentralizan problemas y centralizan recursos”, dice el senador Juan Lozano, quien fue invitado al evento. También afirman que no tienen tiempo para mostrar resultados en sus municipios. 

“Perdieron el primer año haciendo su plan de desarrollo y lo que va de este tampoco han podido ejecutar porque los recursos aún no han llegado. Y la ley de garantías empieza en octubre”, dice Gilberto Toro, quien explica que por esta razón le pidieron al presidente una extensión del periodo, pues se sienten con las manos atadas.

Para el gobierno, el resultado de la cumbre en Cartagena fue más positivo que negativo. El ministro Carrillo admite que no existía un diálogo fluido con las instancias locales, sobre todo al principio del gobierno Santos. Sin embargo, el jefe de la cartera política, experto en descentralización, ha tratado de recorrer el territorio nacional. Carrillo, quien para los alcaldes es una golondrina solitaria en medio de un gabinete centralista, afirma que “en Cartagena relanzamos la descentralización. Los alcaldes son los protagonistas del posconflicto”. 

También acordaron la creación de una mesa de concertación mensual en la Casa de Nariño para mejorar el diálogo y monitorear los avances del proceso de paz, pues la paz tiene su primera realidad en los municipios. 

Igualmente decidieron destrabar el tubo de los recursos y agilizar los trámites con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional. Por otra parte, acercarán a los mandatarios locales con las entidades de control, pues no existe buena relación y sí mucho miedo entre los alcaldes a una posible sanción o destitución. 

Aún es pronto para afirmar que la relación entre el poder local y el nacional mejoró después de Cartagena. El desafío de Santos es cumplirles a los alcaldes. Nada peor que llenarles la cabeza de expectativas y defraudarlos. En especial en un año preelectoral. 

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