La rebelión de los sindicatos paisas

Pocas veces son noticia las peticiones que hacen los trabajadores del sector público, pero esta vez, los de Medellín pusieron el dedo en la llaga. Denuncian nóminas paralelas y privatización de recursos públicos.

Los sindicatos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), de su filial UNE, del Metro y de la Alcaldía de Medellín están, como se dice en su argot, en ‘pie de lucha’. No solo están haciendo reproches por sus particulares intereses laborales. Tienen graves denuncias de violencia en su contra y demandas sobre inconsistencias que han encontrado en la administración de sus respectivas entidades. 

El que ha expuesto problemas más preocupantes es Sintraemsdes, el de EPM. Esta semana tienen un encuentro con el procurador general, Alejandro Ordóñez, para contarle de las amenazas y los peligros que corren las vidas de sus directivos. Desde el pasado 2 de diciembre la Unidad Nacional de Protección consideró que les debían retirar el esquema porque su riesgo había disminuido. 

No pasaron siquiera dos meses cuando volvieron a aparecer las amenazas. El 14 de enero, nueve sindicatos afiliados a la CUT, entre los que se encontraba el de EPM, recibieron una amenaza de Los Rastrojos. Desde entonces han sido asesinados dos líderes de las organizaciones mencionadas en el panfleto y otros dos tuvieron que desplazarse. 

Ninguno de quienes han tenido semejantes tragedias es de EPM, pero eso no quiere decir que el riesgo haya desaparecido. Hace 15 días, dos hombres armados se le acercaron a Heber Ríos, presidente del sindicato, mientras caminaba por el parque Berrío, en pleno centro de Medellín. Le mostraron un revólver y le dijeron que los acompañara, pero el sindicalista huyó. Días después, el sindicato recibió amenazas vía electrónica. 

Pero lo que les preocupa a ellos no es solamente su seguridad, sino lo que califican como una suerte de nómina paralela que está creciendo en EPM. Dicen que están llevando contratistas para funciones que debe cumplir personal de planta. Eso también lo conocerá Ordóñez. 

Fuera de ellos, el sindicato de UNE, filial de EPM, también tiene una artillería frente a la Procuraduría. Ellos denunciaron que el acuerdo en el que el Concejo de Medellín aprobó la fusión de UNE con la multinacional Millicom tiene serios problemas legales. En el acuerdo le dan una autorización al alcalde Aníbal Gaviria, pero no dice para qué ni hasta cuándo. 

Según el sindicato, esto es una irregularidad porque cuando un Concejo da una autorización tiene que decir explícitamente el motivo y el tiempo. Fuera de eso, dice el sindicato, el proyecto que presentaron desde la Alcaldía estaba mal redactado y el Concejo se creyó con la autoridad de presentar un proyecto nuevo, pero eso no se puede hacer. La iniciativa tiene que venir de la Alcaldía y no del propio Concejo, se lee en una denuncia radicada en la Procuraduría. 

Finalmente, reparan que el proyecto tenía de trasfondo la fusión de UNE con Millicom, sin contemplar ninguna otra posibilidad, lo que estaba favoreciendo directamente a esta multinacional. En la Alcaldía y en el Concejo han sostenido que todo está dentro de la ley. Sin embargo, la denuncia está radicada en la Procuraduría desde hace 20 días y esta semana le van a pedir a Ordóñez celeridad en la investigación. 

Otro sindicato que ha dado de qué hablar en los últimos días es el del Metro de Medellín. Sintrametro fue fundado el pasado marzo y ya tiene 465 trabajadores afiliados, de los 1.300 vinculados directos que tiene la empresa. Pero esta cantidad de empleados no es suficiente para que funcione el sistema de transporte. 

En total son 3.000 empleados. Eso quiere decir que más de la mitad no tienen un contrato laboral estable. Desde su nacimiento, el sindicato dijo que le preocupaba más el trato digno a los empleados que buscar mejores salarios. Hace un mes presentaron el primer pliego de peticiones. El pasado viernes se acabaron las conversaciones con la administración del Metro sin llegar a ningún acuerdo.

Según las directivas de la empresa, las peticiones cuestan 34.000 millones de pesos y ponen en riesgo las finanzas. Los trabajadores estudian esta semana si acudir a un tribunal de arbitramento o salir a paro, que traería serias consecuencias para la movilidad en Medellín. 

Finalmente, el sindicato de empleados de la Alcaldía de Medellín ha hecho manifestaciones en las últimas semanas. A ellos les prometieron una nivelación de salarios, porque son abismales las diferencias entre funcionarios que ocupan las mismas funciones. 

En la Alcaldía les habían prometido hacer los ajustes, pero nada ha prosperado y por eso han suspendido sus actividades para salir de sus oficinas con pitos y pancartas. Fuera de eso, varios han sentido que los están alejando de sus funciones para entregárselas a contratistas que recién llegan como cuotas de políticos. El temor es poner en riesgo la administración de los recursos con estas prácticas clientelistas, según dijo a Semana.com uno de los líderes de las protestas.

Más allá de los intereses particulares de los trabajadores, lo que vienen criticando públicamente los sindicatos son cuestiones de fondo, como las criticadas nóminas paralelas, la desmejora en las políticas laborales del sector público y la privatización de los recursos. Sobre estos problemas ya han llamado la atención insistentemente la Procuraduría y la Contraloría.