Domingo, 22 de enero de 2017

| 2001/07/16 00:00

La recta final

Todo parece indicar que la plenaria de la Cámara aprobará el sonado proyecto de las transferencias.

La recta final

Ninguna iniciativa de las que ha tramitado el Congreso en la actual legislatura había causado tanta controversia como la que tiene que ver con la modificación al régimen de las transferencias de la Nación a departamentos y municipios. Ni siquiera la llamada reforma política produjo tanto revuelo y agitación social como las reformas a los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional. La suerte de la iniciativa se define esta semana cuando la plenaria de la Cámara de Representantes la apruebe o la archive en su octavo y último debate. Han sido varias semanas de paros, manifestaciones, actos de vandalismo, recriminaciones por televisión, maniqueísmos, portazos, y acalorados debates en el Congreso. Y llegó la recta final.

Los más inconformes con la medida son los casi 300.000 profesores afiliados a Fecode y los empleados del sector de la salud pública, quienes argumentan que el proyecto de las transferencias (acto legislativo 012) implica una reducción sustancial de recursos para educación y salud que llevaría a la privatización de esos sectores vitales del Estado.

La posición de Fecode y los empleados de la salud pública va en contravía de lo expuesto por el gobierno —con el ministro Juan Manuel Santos a la cabeza—, quien sostiene que la aplicación de la reforma está lejos de traducirse en una reducción real de los recursos destinados para estos dos sectores en las entidades territoriales. Santos ha sido muy enfático en que la reforma mantiene un crecimiento sostenido de las transferencias año por año y que dicho incremento es incluso superior al índice del crecimiento demográfico, lo que dentro de unos años garantizará una cobertura total en educación y salud.

Este proyecto se ha convertido en la punta de lanza de la política económica del gobierno —junto con las pensiones— para sanear el déficit fiscal y reactivar la economía. El gobierno ha insistido en que si no se aprueba esta reforma se podrían desequilibrar las finanzas del país y Colombia podría terminar en una situación de crisis similar a la que vivieron Ecuador o Turquía. La preocupación más latente entre los economistas es que un hundimiento de estas reformas mandaría un pésimo mensaje a los mercados internacionales y a los inversionistas extranjeros.



Y el proyecto va…

El trámite del proyecto en el Congreso ha implicado desde el comienzo un alto costo político para quienes han impulsado la iniciativa. El primero es para el ministro Santos, quien se atrevió a ponerle el cascabel a Fecode y arriesgó con ello buena parte de su capital político. Pero también están los ponentes en Senado y Cámara, así como todos aquellos parlamentarios que lo han votado afirmativamente, a quienes Fecode se ha encargado de pasarles cuenta de cobro en sus regiones con los electores.

De hecho, algunos congresistas, como Luis Humberto Gómez Gallo y Eduardo Enríquez Maya, quienes han respaldado el proyecto, han tenido que solicitar protección especial ante la posibilidad de ser agredidos físicamente en sus departamentos. Algo similar sucede con los senadores Germán Vargas Lleras y Juan Martín Caicedo —ponente del proyecto— cuyas fotografías han sido utilizadas para empapelar algunas paredes de Bogotá con el intimidante cabezote de: “Se buscan”.

Aunque todas las manifestaciones en contra de los parlamentarios amigos del proyecto significan un gran desgaste político, en este tema la mayoría de los parlamentarios no se han dejado llevar por el populismo y todo parece indicar que el Congreso se la va a jugar a fondo para sacar adelante la iniciativa. “El valor del debate está en que ha desenmascarado la manipulación que sobre profesores, padres de familia y alumnos están ejerciendo unos cuantos dirigentes minoritarios de Fecode que se comportan de una manera tanto o más clientelista que cualquier político desprestigiado del país”, dijo el senador Caicedo Ferrer a SEMANA.



El papel de Fecode

Pero el costo político no sólo lo tendrán que pagar los parlamentarios defensores de la iniciativa. Fecode enfrenta el riesgo de que, en caso de ser aprobado el acto legislativo, su papel de representante de los intereses de las clases populares y su capacidad de movilización social resulte seriamente menguada.

El sindicato ha movido cielo y tierra para tratar de demostrar que existe todo un movimiento social en contra del proyecto 012. No obstante, hay quienes sostienen que lo que hay detrás de la radicalización de sus voceros es la pugna de poder por la presidencia de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la principal agremiación sindical del país, ante el retiro de Luis Eduardo Garzón para aspirar a la Presidencia de la República.

Pero, además, tanto los afiliados a Fecode como los empleados del sector de la salud pública deberán explicar las denuncias hechas por la Contraloría General en el sentido de que ha habido despilfarros multimillonarios de recursos de la transferencias a los departamentos y municipios. Las cifras derrochadas, sólo el año pasado, según el informe de la Contraloría, ascenderían 63.000 millones de pesos en salud y 161.000 en educación.

Durante el desarrollo del debate sobre el proyecto de transferencias Fecode terminó por perder a unos de sus principales aliados —los gobernadores y los alcaldes— quienes pese a ser muy escépticos al comienzo terminaron apoyando la iniciativa.

El argumento del Ministro de Hacienda que terminó por convencerlos fue el de que es preferible tener un aumento constante en sus ingresos para inversión social que estar atado a los vaivenes de la economía y a las variaciones caprichosas en la generación de ingresos corrientes por parte de la Nación.

¿Eso qué significa? Pues que de un sistema exclusivamente ligado a los ingresos tributarios y no tributarios que cada año percibe la Nación para transferir a departamentos y municipios se pasa a uno que busca racionalizar el crecimiento de estas transferencias, promediando el nivel de ingresos en los últimos cuatro años anteriores a cada vigencia. En la actualidad no existe dicho promedio sino que el incremento de las transferencias se calcula con base en el nivel de ingresos del año inmediatamente anterior.

Los efectos del nuevo sistema dependen en buena medida de la ley que reglamente los criterios de distribución del llamado Sistema General de Participaciones, que viene a ser una especie de fondo que servirá de intermediario para transferir los recursos en educación y salud. De entrada dicho fondo contará con 10,9 billones de pesos, que equivalen a una cuarta parte del presupuesto de la Nación. La reforma deja en claro que esa cifra nunca podrá ser inferior.

Algunos analistas destacan del proyecto el hecho de que busca dejar en la Constitución unos criterios racionales para la distribución de los dineros a las regiones. Por ejemplo, para la asignación de recursos para educación y salud en departamentos y municipios se tendrán en cuenta variables como la población atendida y por atender, el reparto entre población urbana y rural y la eficiencia administrativa y fiscal. Este último aspecto busca premiar a aquellas entidades territoriales que generen mayores niveles de recursos y los utilicen mejor, con dineros adicionales vía transferencia, para la inversión social en general.

La suerte del proyecto está, pues, en manos de la plenaria de la Cámara. Una vez más los honorables representantes deberán decidir sobre una de las iniciativas más importantes del país en los últimos años. De ellos dependerá no sólo la suerte futura de departamentos y municipios, sino la viabilidad misma de las finanzas públicas y del crecimiento económico.

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