Lunes, 23 de enero de 2017

| 2005/04/10 00:00

La recta final

Aunque pase a plenarias después de esta semana, no parece haber muchos congresistas que crean en la ley de justicia y paz.

Esta semana quedará aprobada la ley de justicia y paz en las comisiones primeras de Cámara y Senado. El gobierno ha logrado respaldo para sus propuestas, pero ha tenido que empujar cada día a su propia bancada.

Esta semana la ley de justicia y paz entra en su recta final. Los temas más difíciles quedaron para el remate. El debate sobre si hay o no un conflicto armado en el país, el artículo 64 que modifica el delito político, y el 20 que define qué delitos pueden ser conexos con paramilitarismo. Este último es considerado otro de los incisos donde se puede 'colar' el narcotráfico.

Sin embargo, lo grueso del proyecto ya está aprobado. El martes pasado el gobierno derrotó al grupo de congresistas que encabezan Rafael Pardo y Gina Parody, y que defendían la confesión plena de todos los delitos. El uribismo impuso la mayoría para toda la parte de procedimiento. Lo más importante es que en lugar de confesión, los paramilitares harán una versión libre de los hechos que quieran admitir. "Esto es un desastre. Las autodefensas no van a entregar verdad, ni bienes, en cambio se les otorgan una cantidad de beneficios enormes. Deben estar felices", dijo Parody.

En el punto de mayor polémica -el enriquecimiento ilícito- también salió ganando el Ejecutivo. El senador Germán Vargas Lleras alborotó el avispero cuando propuso que ningún guerrillero o paramilitar que se hubiera enriquecido ilícitamente podría ser beneficiario de la ley si se desmovilizaba individualmente. La primera reacción del gobierno fue oponerse a dicha propuesta, pero horas después se adhirió a ella.

Después de aprobada, varias voces se alzaron para mostrar una grave incongruencia: si la desmovilización es colectiva, el enriquecimiento ilícito es cobijado por la ley y objeto de pena alternativa. Incongruencia que ya está en el texto y que mientras no se reabra el debate, seguirá como está. Este punto ha sido muy criticado por la oposición, que considera que se está abriendo la ventana para un lavado de activos sin precedentes. El gobierno se defiende con el argumento de que la ley contempla la extinción de dominio. Sin mecanismos que obliguen a los paramilitares y guerrilleros a confesar sus bienes, es muy difícil que se llegue realmente a establecer su cuantía y mucho menos garantizar su expropiación.

Lo curioso es que a pesar de los evidentes triunfos del gobierno, antes que entusiasmo, en el Congreso se respira escepticismo. Más que del contenido de cada artículo o inciso, el desánimo proviene de un enrarecido ambiente político. Los llamados del presidente Álvaro Uribe y del ministro Sabas Pretelt no han tenido suficiente eco. Las comisiones primeras han deliberado con un quórum precario. De 35 representantes a la Cámara que debían estar allí sentados, sólo estuvieron 18, de los cuales apenas 13 votaron con el gobierno. Tan infructuosos han resultado los llamados del gobierno, que la embajada de Estados Unidos resolvió darle una 'ayudita' con un correo electrónico dirigido a los legisladores en el que les pide más votos y mayor rapidez en la aprobación del proyecto. Por su parte, el representante de la ONU en derechos humanos, Michael Frülling, envió un mensaje advirtiendo el riesgo de que la ley no cumpla los mínimos estándares internacionales.

Para más confusión, la semana pasada otra vez el comisionado Luis Carlos Restrepo se fue lanza en ristre contra algunos congresistas, y el mismo gobierno terminó enfrentado con Germán Vargas Lleras, uno de los uribistas más conspicuos. A eso se le suma el alto costo político que para Uribe representa que dos de sus más destacados congresistas -Pardo y Parody- estén en la oposición en este tema.

Por eso no es extraño que Restrepo haya necesitado escoltas para entrar a Santa Fe de Ralito en su última visita. "Están envalentonados", le dijo a SEMANA un congresista del uribismo. La apuesta delos paras es hundir la ley y en ese sentido el ausentismo los favorece. Al final nadie está contento con la ley. A los congresistas más afines a los paramilitares les parece draconiana. La oposición la considera inocua para acabar con el paramilitarismo. Y muchos de los que se supone respaldan al gobierno, ni siquiera llegan al Capitolio a votar.

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