La reelección no está asegurada

Esta semana se definirá la suerte de la reelección en el Congreso. Para su aprobación el gobierno necesita 83 votos en el último debate en la Cámara de Representantes. Aunque en esta corporación la mayoría gobiernista no es tan fuerte como en el Senado, el ejecutivo cuenta con el respaldo de al menos 100 de los 166 representantes. Y saldrá adelante aun si los conservadores bajo el liderazgo de Alonso Acosta y los liberales uribistas cercanos a la representante Zulema Jattin -a quienes se les ha visto vacilantes en los últimos días por temor a ser expulsados del Partido Liberal por apoyar la reelección- le dan la espalda al Presidente.

Entonces Álvaro Uribe tendrá razones para alegrarse. Pero no durante mucho tiempo pues el vía crucis que tendrá que recorrer para poder ser candidato será aún más tortuoso.

Como la constitucionalidad de la reforma con seguridad será demandada, la Corte Constitucional asumirá su estudio el próximo año y la suerte del proyecto es incierta.

Mucho se ha especulado sobre los vicios de procedimiento por los cuales podría ser tumbada la reelección. Hay dos que podrían tener alguna base.

El primero tiene que ver con el carrusel que hubo con las inhabilidades. Desde el primer debate en la comisión primera del Senado, varios congresistas se declararon impedidos para votar la reelección argumentando que tenían parientes en el Ejecutivo o en el servicio exterior. El ciclo de las declaraciones de impedimento lo abrió el senador Héctor Elí Rojas cuando amenazó con recusar ante la comisión de ética del Senado a 30 de sus colegas por tener parientes en embajadas y consulados. Ante este hecho, el senador José Renán Trujillo puso a consideración de la comisión su impedimento porque su hermano es embajador en Suecia. La comisión votó que no estaba impedido y pudo votar la reelección.

El problema con esto es que no hay una norma clara: no se sabe si este tipo de impedimentos deben ser tramitados en las comisiones de ética de la Cámara y del Senado respectivamente o si se pueden resolver en la comisión. En todos los debates se jugó a "yo te perdono y tú me perdonas". El segundo posible vicio tiene que ver con los mensajes de urgencia pues a pesar de que el estatuto antiterrorista tenía uno, el debate de la reelección postergó su discusión.

También existe un argumento de fondo por el cual podría caer la reelección y por el cual el senador Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte Constitucional, ya anunció que demandaría la reelección: la sustitución de la Carta.

Si bien el Congreso puede reformar artículos de la Constitución, no puede alterar sus principios fundamentales. Por ejemplo no podría eliminar los derechos fundamentales, pasar a un régimen parlamentario, acabar con la separación de poderes o cosas por el estilo.

La pregunta en este caso es si la reelección inmediata cambia fundamentalmente la esencia del régimen político colombiano. El senador Gaviria considera que sí. "El proyecto de reelección presidencial inmediata compromete la fisonomía del Estado porque el Presidente dejaría de ser neutral", dijo Gaviria a SEMANA.

Sobre ese punto de la sustitución de la Constitución, la Corte está muy dividida. Recientemente cuatro de los nueve magistrados dijeron que darle facultades al Presidente para dictar decretos que reglamentaran la reforma a la Fiscalía o la reforma al Congreso sustituía la Constitución. Aunque perdieron los más fundamentalistas, no lo hicieron por mucho y eso debería poner nervioso al Presidente.

Contrarreloj

Pero suponiendo que la Corte no encuentre reparos a la reelección, Uribe aún tendrá que enfrentarse a su mayor enemigo: el tiempo.

Si todo sale bien, antes de noviembre o diciembre del próximo año no se sabrá aún cuáles serán las reglas de juego electorales y ya quedará muy poco tiempo para la campaña electoral y para inscribirse como candidato.

La Corte cuenta con un plazo de más o menos seis meses para fallar cada demanda, pero varias cosas podrían demorar la decisión. La primera tiene que ver con las recusaciones. En un país de leguleyos como el colombiano, sería un milagro que alguien no demandara por lo menos al presidente de la Corte, Jaime Araújo, para que se declarara impedido para estudiar la constitucionalidad de la reelección. La causa es que éste manifestó su animadversión al presidente Uribe hace un mes en un debate en la comisión primera del Senado. "Uno no entiende cómo hay prepotentes con la oposición que se arrodillan ante el extranjero y ante Estados Unidos", dijo el magistrado. Y luego agregó que no creía "en ese prepotente, porque tiene mentalidad de Gullivert: humilde ante los soberbios y soberbio ante los humildes".

La segunda tiene que ver con la solicitud de las gacetas que consignan las actas de las sesiones para estudiar las demandas por vicios de procedimiento. Si el gobierno no tiene la previsión de garantizar que las actas de las sesiones queden listas y aprobadas antes de que finalice la legislatura el 16 de diciembre, la Corte tendría que esperar tres meses -hasta marzo-, cuando se vuelva a reunir el Congreso para comenzar a discutir si se cometieron errores de procedimiento.

Si por alguna razón -que seguro la habrá- alguien decide demandar la reforma en agosto, por ejemplo, con un nuevo argumento se retrasará el calendario aún más. Y esto sólo en lo que hace referencia a la reforma constitucional.

Porque el Congreso, una vez se reanuden las sesiones en marzo, tendrá que reglamentar la reelección definiendo en concreto cómo serán las reglas de juego tanto para el Presidente como para la oposición para garantizar una competencia justa.

Quizás una de las mayores derrotas del gobierno en todo el trámite de la reforma constitucional fue la eliminación en el último debate en la comisión primera de la Cámara de un inciso que dejaba en manos del Consejo de Estado la reglamentación de la reforma. El Congreso se reservó esa función. Y lo hará mientras reglamenta a la vez la reforma política. La Corte Constitucional asumirá la revisión constitucional de la ley estatutaria que desarrolla la reelección.

Eso quiere decir que habrá una incertidumbre enorme a finales de año sobre las reglas electorales, uno de los pocos aspectos de la realidad nacional que era estable.

El peor escenario para el Presidente sería que aprobaran la reforma constitucional de la reelección pero que se cayera la ley estatutaria pues ya no tendría tiempo para presentarse como candidato para un segundo período. Sería el mayor derroche de poder en la historia de Colombia.