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| 9/29/2014 12:00:00 AM

¿Se está gestando un nuevo ‘Frankenstein’ en el Congreso?

¿Podrá la reforma al equilibrio de poderes repetir la historia de la fallida reforma a la Justicia?

La primera promesa que hizo Juan Manuel Santos, un día después de haber sido reelegido, fue eliminar para siempre de la Constitución la relección presidencial inmediata. Aunque se aprovechó de ella, dijo que aquella reforma había generado un desbarajuste institucional. Por eso anunció un proyecto para reequilibrar pesos y contrapesos afectados por la reelección.

Si su propósito era hacer esos ajustes, varios expertos, por ejemplo Rodrigo Uprimny, coinciden en afirmar que lo mejor era haberse limitado a acabar con la reelección. Sin embargo, el proyecto que presentó el Gobierno a consideración del Congreso terminó siendo un ‘popurrí’ entre reforma política y reforma judicial cuyo norte parece indefinido.

A diferencia del proyecto que permitió la reelección, que se limitaba a un solo “articulito”, la reforma Santos tiene 36 artículos que buscan modificar igual número de normas de la Constitución. Así llegó el proyecto al Congreso, pero nadie sabe cómo saldrá.

Con el propósito de acabar la reelección se terminó modificando la conformación del Senado, las listas de candidatos al Congreso, el juzgamiento de funcionarios aforados, se amplió la edad de retiro forzoso de los magistrados, se modificó la elección del procurador y hasta se colgó a última hora el voto obligatorio.

Los congresistas aprovecharon para despojarse del control disciplinario del procurador general e intentaron levantarse algunas inhabilidades como la de poder ser ministros o embajadores. Aunque esta fue derrotada, ya hay intenciones de revivirla en debates posteriores.

La reforma, premeditadamente, no incluyó la doble instancia para congresistas, uno de los eternos reclamos de los parlamentarios. El Gobierno fue consciente que de hacerlo podría contaminar su proyecto.  Hace dos años, ese tema fue uno de los que motivaron el esperpento de la reforma a la justicia, en la que se terminó aumentando poderes no sólo de congresistas sino también de magistrados.

En el primer debate, que ocupó la atención de la Comisión Primera del Senado durante cuatro días, se pusieron en discusión 50 nuevos artículos y se radicaron 125 proposiciones. Eso pasó en una célula integrada por 19 parlamentarios. ¿Qué pasará en la plenaria del Senado, donde intervienen 102 senadores? Y más aún, ¿qué pasará en la Cámara de Representantes, con 166 parlamentarios? 

Hace dos años, el ‘Frankenstein’ de la reforma a la Justicia se empezó a gestar en la Comisión Primera de la Cámara. Allí fueron incluidos algunos de los ‘micos’ que posteriormente reviviría la famosa comisión de conciliadores que ajustó los textos de Senado y Cámara. De hecho, en el actual Congreso, aún permanecen nueve de los 12 conciliadores.

Cuando sucedió el escándalo, el Gobierno se comprometió a evitar irregularidades en la conciliación. Presentó un proyecto para reformar el reglamento del Congreso para hacer más transparente el trámite de las leyes, pero nunca se aprobó. Hoy la actual reforma está igual de expuesta que aquella reforma a la justicia. 

Hay algunos funcionarios, como el fiscal general y los magistrados, que creen que desde ya el Congreso está diseñando un esperpento. Aseguran que los parlamentarios están tomándose revancha por investigaciones como la ‘parapolítica’. En el Legislativo contradicen esa tesis.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sabe que además de impulsar las propuestas del Congreso tendrá que atajar cualquier intención de colgarle micos a la reforma. En siete debates que faltan cualquier cosa puede pasar.

Y el Congreso sabe que es quizá la última oportunidad que le queda para reformar la administración de justicia, y que ya no podrá darse el lujo de incluir normas para su propio beneficio, como sucedió hace dos años, cuando de un plumazo se quitaron de la órbita de la Corte Suprema de Justicia y se despojaron varias causales de pérdida de investidura.

Si alguno falla, alimentará la idea que tienen los partidos de oposición, como el Centro Democrático y el Polo Democrático, o la misma guerrilla de las FARC, de convocar a una Constituyente. Si del Congreso llega a salir un ‘Frankinstein’, no habrá más camino que una Asamblea para una nueva Constitución.
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