La reforma del gobierno que cambiará al poder

No habían pasado más de 15 minutos del discurso de instalación de Juan Manuel Santos del pasado 20 de julio y ya se notaba que este sería un Congreso diferente. Además de bautizar a la paz como el primer compromiso de esta legislatura, el único proyecto de ley en el que el presidente profundizó fue el que llamó “reequilibrio de poderes”. “Proponemos restablecer en nuestra democracia el principio de ‘pesos y contrapesos’ que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por la falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales”. El mensaje no pudo ser más claro: el gobierno buscará juntar en un mismo proyecto la política con la Justicia.

En primer lugar, planteó eliminar la reelección presidencial y extender el periodo a cinco o seis años con la aclaración de que no lo beneficiaría a él. Así mismo, dijo que habría que mirar una fórmula para unificar dicho periodo con el de alcaldes y gobernadores, que los partidos tendrían listas cerradas, dejando atrás el voto preferente y que habría que revisar la circunscripción nacional para garantizar una adecuada representación de las regiones en el Senado.

Frente a la Justicia el tema no quedó muy claro. Por un lado el mandatario señaló que buscaría quitarles a las Altas Cortes las atribuciones de seleccionar autoridades del Estado y así ponerle freno a la llamada ‘puerta giratoria’ en la que los servidores saltan sin problema de una rama del poder a otra. Y por otro, agregó que los organismos de control necesitan una revisión de sus atribuciones. El problema es que a 15 días de tomar posesión de su segundo mandato, el texto de Santos sigue en construcción y el gobierno no ha radicado el proyecto.

Varias de estas medidas habían sido anunciadas durante la campaña electoral del primer semestre de este año. La victoria santista en la segunda vuelta se enmarcó en gran medida en la promesa de la paz pero también en la culminación de temas pendientes, entre ellos, la reforma política y el chicharrón de la Justicia. El tema no es nuevo. Hace cuatro meses el entonces presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, aseguró que había un documento de la Fundación Buen Gobierno con todos los pormenores de la ‘novedosa reforma’. Sin embargo, hasta el momento los detalles de sus principales postulados no han sido totalmente definidos.

Lo que sí fue confirmado por SEMANA en palabras del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, es que se tratará de una reforma conjunta. “El gobierno está preparando un paquete legislativo, un gran proyecto en materia de reforma judicial y política que va a ser unificado. En concepto del señor presidente estos dos temas no se pueden tratar de manera independiente, pues tanto la política como la Justicia tienen que ver con el poder y su equilibrio.” La idea del ministro del Interior es que el borrador sea distribuido a todos los partidos para sumar aportes y lograr que el trámite sea más ágil. “Si vamos a hablar de equilibrio de poderes, lo principal para su concertación es tener en cuenta a todos los partidos” agregó el ministro.

La clave de introducir cambios profundos en el ejercicio político es lograr el mayor grado de consenso. Como era de esperarse, tanto La U como el Partido Liberal, pilares de la coalición de gobierno, apoyaron el proyecto, en especial lo que tiene que ver con eliminar la reelección y permitir la lista cerrada. El senador liberal Juan Manuel Galán dijo que aunque su partido va a presentar un proyecto propio, la idea es fusionar los textos. Pero también reconoció que entre los liberales “no hay un ambiente favorable sobre el tema de la unificación de las elecciones de alcaldes y gobernadores.” En cuanto a la circunscripción nacional, tampoco hay consenso. Como lo señaló el congresista de La U Armando Benedetti: “Hay que discutir ese tema, porque volveríamos al escenario en donde los representantes solo se eligen para representar intereses regionales.”

Mientras la Unidad Nacional necesita aún unificar criterios, los dos bloques opositores expresan líneas más claras sobre este tema. El Centro Democrático llegó el 20 de julio con la intención de no permitir que el gobierno meta Justicia y política en el mismo saco. Por un lado proponen una reforma electoral que incluye, entre otros puntos, el voto obligatorio y la jornada electoral en día hábil y por el otro, una reforma a la Justicia en la que plantean que los magistrados vengan de la academia, postulados por las diez mejores facultades de Derecho del país y que haya un mecanismo de integración de las cortes. “Hay que salirnos de la agenda de las Farc y apuntarle a estos temas estratégicos”, le dijo la senadora María del Rosario Guerra a SEMANA.

Y por los lados de la Alianza Verde y el Polo, las fichas están alineadas en la misma dirección que la Casa de Nariño. De hecho, ambos partidos radicaron esta semana ante la Cámara de Representantes cinco actos legislativos, de los cuales dos coinciden en buena medida con la propuesta oficialista: prohibición de la reelección y reforma a los organismos de control. Sin embargo, también criticaron algunos puntos. “Celebramos esas coincidencias con el gobierno pero nos parece inconveniente unificar el calendario de elecciones y tampoco creemos que el tema de la circunscripción nacional se solucione eliminándola”, afirmó la representante verde Angélica Lozano.

La mayoría de las fuerzas políticas se sintoniza con el 61 por ciento de los colombianos encuestados por Gallup en junio que están de acuerdo con eliminar la reelección inmediata. Un punto que levanta incertidumbre dentro del Congreso es la fórmula para, en palabras de Santos, “unificar el periodo presidencial con los periodos de alcaldes y gobernadores”. Para lograr eso en 2018 habría más de una alternativa: extender automáticamente los actuales gobiernos por dos años, permitir a los mandatarios locales reelegirse una vez por dos años o recortar el periodo de los nuevos alcaldes de cuatro a dos años. Ya en el pasado el primer mandatario les había hecho la promesa a los gobernantes locales de debatir caminos para aumentar el tiempo de sus mandatos. A menos de año y medio de las elecciones regionales de 2015 cualquier cambio de reglas de juego tendrá fuertes impactos políticos y será difícil de aprobar en el Congreso.

La apuesta de Santos II por una reforma ‘cóctel’ con mezcla de medidas políticas y cambios judiciales no está exenta de riesgos. Ambos lados de la iniciativa golpean intereses poderosos y cuentan con puntos débiles. Tampoco es claro cómo se conecta este esfuerzo legislativo con los puntos de la agenda de paz aprobados con las Farc en La Habana, en especial el de participación política. Sin texto final y con varios frentes de debate abiertos la iniciativa se mantiene por ahora en puntos suspensivos.