¿La reforma del gobierno resuelve la catástrofe?

El presidente Juan Manuel Santos y el ministro Germán Vargas visitaron el miércoles de la semana pasada, una a una, las cuatro altas Cortes para presentarles el texto de la reforma a la justicia. No es para menos. Después de seis intentos fallidos del anterior gobierno de reformar la rama, Santos sabe bien que es necesario caminar como sobre cáscaras de huevo.

Y esa cautela del gobierno es tal vez la característica más sobresaliente de la reforma: “Lo que busca es el apaciguamiento de las peleas entre todos”, le dijo a SEMANA un ex magistrado. En efecto, la reforma le apunta a remediar muchos de los problemas que se han presentado en la cúspide del aparato judicial: como la solución al choque de trenes provocado por las tutelas contra sentencias, obligar a que la Corte Suprema tenga una doble instancia de manera que los congresistas investigados no sientan vulnerados sus derechos al debido proceso o quitarles a las Cortes las facultades de elección y nominación de otros altos funcionarios del Estado que las distraen de sus tareas con la Justicia.

Pero más allá de esas virtudes, la reforma abre también un gran interrogante sobre cómo piensa resolver el almendrón del problema: cómo hacer que opere la justicia ante el aumento de la criminalidad y las enormes carencias del aparato judicial. Para ese efecto propone que en un periodo de tres años, ciertos particulares, como abogados y notarios, puedan ejercer funciones judiciales. La propuesta es polémica pero interesante. El propósito es loable: resolver el terrible trancón de expedientes que hoy tiene taponado el aparato judicial. Ya se ha ensayado con éxito, según dice el ministro Vargas Lleras, en países como Paraguay. Falta ver cómo sería su aplicación y qué puede pasar después de los tres años del experimento.

Un reconocido jurista dice que es una lástima que se pierda esta oportunidad para hacer una verdadera reforma a la justicia. Que la catástrofe es de tal dimensión que se necesitan remedios tan audaces como lo fue en su momento la tutela. “Está bien que el gobierno haga ajustes para resolver un 0,1 por ciento del problema que está en la cúspide del poder judicial. O que resuelva el tema de tutelas, que es otro 20 por ciento del problema. Pero en el otro 80 por ciento de la justicia no avanza”.

Hay puntos cruciales que la reforma por ahora no se atreve a tocar, como por ejemplo si el Fiscal General pertenece a la rama ejecutiva o a la judicial. El candidato Juan Manuel Santos era partidario de hacer ese cambio, pero ahora como presidente prefirió no pisar callos. La idea, aunque de difícil presentación en Colombia por el papel que ha desempeñado la Fiscalía para esclarecer el reciente escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS, no es del todo descabellada, pues en los países con sistema penal acusatorio, como éste, la Fiscalía, como parte del gobierno, investiga y acusa, y rinde cuentas a los ciudadanos.
La reforma, que aún no ha sido radicada en el Congreso, tiene otros aciertos. Por ejemplo, le quita al Fiscal General la obligación de investigar y acusar a funcionarios aforados, tarea que se ha convertido en una carga absurda para quien debe gerenciar la máquina de investigación del país. Otra buena iniciativa es que crea el precedente judicial, que de llegar a prosperar, implicaría un avance mayúsculo pues ahorraría tiempo y unificaría la jurisprudencia.

Otros puntos son más bien polémicos, como el de hacer que los magistrados de las Cortes se investiguen en materia disciplinaria entre sí, lo cual puede dar lugar a nuevos choques. O que sea un colegio de abogados el que discipline a los juristas, idea que suena bien en ciertos sectores pero preocupa a otros por el riesgo de impunidad al que puede llevar la lealtad de gremio. También será motivo de debate el artículo que permitiría darle facultades al gobierno para que modifique los códigos. El debate apenas comienza.