La renuncia

El pasado 24 de agosto se llevó a cabo en la Casa de Nariño una de las más acaloradas reuniones de que se tenga noticia durante el gobierno de Andrés Pastrana. En efecto, ese día se celebró una entrevista conjunta entre el Presidente, el alto comisionado, Camilo Gómez, y los miembros de la comisión de notables, encargada de presentar un informe para combatir el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto.

La comisión estaba integrada por el ex magistrado de la Corte Constitucional Vladimiro Naranjo, el médico Alberto Pinzón, el director del semanario Voz, Carlos Lozano, y la directora de El Colombiano, Ana Mercedes Gómez. La comisión había sido creada por el gobierno por recomendación de la mesa de negociaciones en el Caguán.

La reunión entre el gobierno y los notables tenía por propósito estudiar cómo iba la propuesta que estaban redactando estos últimos y que debía ser entregada el pasado 7 de septiembre.

Pero el encuentro en Palacio resultó mucho más traumático de lo presupuestado. Ana Mercedes Gómez, una de las personas que más ha trabajado en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado, aprovechó la ocasión para decirles al Presidente, a Camilo Gómez y a sus compañeros de comisión que ella no estaba de acuerdo con los términos en que había sido redactado el borrador y, sobre todo, con algunas de las recomendaciones, a las que calificó como un verdadero “salto al vacío”.

Concretamente la directora de El Colombiano se refería al punto 5 del documento, que hace alusión a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente “en el más breve plazo”. De acuerdo con ese punto la Asamblea Nacional Constituyente “deberá quedar integrada por representantes de las Farc-EP y demás grupos de la insurgencia que decidan comprometerse con este proceso, de los distintos partidos y movimientos políticos y sindicales, de representantes de los sectores de la producción y de los sectores independientes de la sociedad civil”.

“La forma de integración de esta Asamblea Constituyente —dice el documento— así como su lugar de reunión, agenda, término de duración y demás aspectos relacionados con su funcionamiento y logística serán acordados por las partes, en concordancia con el gobierno nacional, durante el período de la tregua que proponemos”.

La periodista fue enfática en señalar que esa propuesta era demasiado riesgosa puesto que, según sus propias palabras, “proponer una Asamblea Nacional Constituyente a muy corto plazo, sin dar tiempo a que se definan aspectos fundamentales relativos al desarme de la guerrilla y de las autodefensas ilegales es un salto al vacío y colocaría a la sociedad en una total desventaja frente al proselitismo armado ejercido por todos los violentos actores ilegales”.

La directora de El Colombiano fue refutada de inmediato por otro de los miembros de la comisión, el profesor universitario Alberto Pinzón, quien bastante exaltado le cuestionó a Gómez el hecho de que sólo hasta ese momento hubiera expresado su inconformidad con las propuestas contenidas en el borrador.

Además Pinzón afirmó que el comportamiento de Gómez parecía defender los intereses del paramilitarismo. Esa frase desconcertó a la directora de El Colombiano, quien la tomó como una verdadera sindicación. “Usted no me puede señalar de paramilitar. No se lo voy a permitir y le exijo respeto”, le respondió la comunicadora a Pinzón.

Pero más que la desmedida aseveración de Pinzón a Ana Mercedes Gómez lo que realmente la sorprendió y molestó fue el silencio del presidente Pastrana y del comisionado Gómez, quienes estaban presentes en la reunión y prefirieron no hacer ningún tipo de comentario.

Al no sentirse respaldada por el gobierno, ante lo que ella consideró un agravio, Ana Mercedes Gómez tomó la decisión de renunciar de inmediato y de forma irrevocable a dicha comisión.

Antes de abandonar la Casa de Nariño Ana Mercedes Gómez le expresó al Presidente su decisión de renunciar a la comisión porque, según ella, sus sugerencias no fueron tenidas en cuenta por los demás miembros de ésta.

El 27 de agosto la directora de El Colombiano redactó en Medellín su renuncia. En ella ratificó lo que había expresado el día anterior con respecto a la Asamblea Constituyente. Pero fue mucho más allá. Afirmó que “la comisión debe ser recompuesta con personalidades que hayan manifestado su disposición para comprometerse en la real superación del violento conflicto colombiano, sin pensar en vencedores ni vencidos sino en el bien común nacional y global. Personas cuya solvencia moral, credibilidad y capacidad de convocatoria sean garantía de que sus sugerencias no serán impugnadas por ningún factor contendiente de nuestro conflicto”. Al final sugirió que uno o varios premios Nobel de Paz podrían ser considerados para cumplir con esa misión.



El documento

¿Pero qué es lo que contiene el documento que llevó a Ana Mercedes Gómez a renunciar? Aunque el gobierno y algunos miembros de la comisión, entre ellos Vladimiro Naranjo, insisten en que no se trata de un texto final y que por lo tanto está siendo sometido a discusión, lo cierto es que el contenido del mismo —conocido en su totalidad por SEMANA— tiene unos alcances sumamente delicados para la suerte misma del proceso de paz.

De una manera bastante realista el documento empieza cuestionando el esquema de negociación en medio del conflicto y sostiene que en los tres años de negociación “el conflicto lejos de amainarse se ha intensificado”.

Con base en esa premisa los miembros de la comisión hacen una serie de recomendaciones. La primera de ellas es que se pacte una tregua de seis meses en las acciones armadas, término que puede ser prorrogado por acuerdo entre las partes. Para ello —dice el documento— tanto el gobierno como las Farc se comprometen a no realizar acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía contra las Farc en ningún lugar del territorio nacional. Las Farc tampoco atentarán contra las Fuerzas Armadas y de Policía.

Además establece que tanto las Fuerzas Armadas y de Policía y demás organismos del Estado, así como las Farc, se comprometen a respetar todas las normas universales que regulan los conflictos y que hacen parte del Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente las que tienen que ver con la utilización de armas no convencionales, como las minas antipersonales, los cilindros de gas y las bombas de aspersión y el reclutamiento de menores.

Según el borrador que contiene la propuesta de los notables las Farc no efectuarán actos de hostilidad contra ciudadanos particulares, como retención de personas, secuestro, cobro forzado de contribuciones pecuniarias o de cualquier otra especie, ni atentados contra la infraestructura energética y petrolera del país.

Sostiene el documento que la suspensión de todas estas acciones realizadas por las Farc contra la población civil significaría una reducción de los ingresos por parte de esa organización insurgente. Por ello la comisión recomienda que tanto el gobierno como las Farc estudien mecanismos de financiación que permitan la subsistencia de los guerrilleros durante la tregua. Los notables recomiendan, además, que se mantenga la actual zona de distensión.

El punto del borrador que colmó la paciencia de Ana Mercedes Gómez es el que tiene que ver con la realización de una Asamblea Constituyente, que tendrá una duración de seis meses, y entre la convocatoria y la reunión de la misma no deben transcurrir más de tres meses. El controvertido punto concluye diciendo que la convocatoria de la Constituyente debe entenderse como la culminación del actual proceso de diálogo y negociación.

Al respecto un antiguo negociador del gobierno, quien conoce la intimidad del actual proceso, consultado por SEMANA sostuvo que “¿Cómo puede culminar algo que ni siquiera ha empezado? ¿O cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado? Por hacer una sola pregunta: ¿Qué va a pasar con todo el armamento que tienen las Farc?”.

Los notables sugieren también que la mesa de negociación determine los mecanismos que permitan cumplir los compromisos, entre quienes podrían estar delegados de las Naciones Unidas y de la cruz Roja Internacional. Además proponen invitar al ELN a que acepte la tregua.



¿Y el paramilitarismo?

Pero uno de los temas analizados más a fondo, como es apenas natural, es el de la lucha contra el paramilitarismo. Es así como los notables sugieren que durante la tregua el gobierno, a través de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad, adelante acciones contra los grupos paramilitares y realice gestiones encaminadas a lograr el sometimiento de los mismos.

El borrador sostiene, además, que se debe someter a la justicia ordinaria a cualquier autoridad civil o militar que resulte implicada en actos de colaboración, complicidad u omisión frente a los crímenes del paramilitarismo “sin que pueda ser trasladado su caso a la justicia penal militar como acto del servicio”.

Sobre ese mismo tema del paramilitarismo la comisión de notables sugiere una instancia gubernamental que se encargue de coordinar las acciones contra los grupos paramilitares y —dice el documento— esa misión debería recaer en el Ministerio del Interior y no en el de Defensa. Además consideran que los grupos paramilitares deberán abstenerse de realizar actos criminales contra miembros de las Farc durante la tregua pactada entre éstas y el gobierno.



¿Que puede pasar?

Ante este panorama son muchos los interrogantes que surgen. Uno de ellos tiene que ver con el futuro mismo de la negociación. Es claro que uno de los temas álgidos del proceso será el de la suerte de los grupos de autodefensas y el tratamiento que el gobierno deberá darle a ese espinoso asunto.

Aunque se trata de un borrador que está siendo discutido, el hecho de que uno de los miembros de la comisión encargada de redactar el documento final haya expresado públicamente sus diferencias con sus colegas y haya renunciado a sus funciones de manera intempestiva deja ver, por lo menos, la falta de manejo y de tacto por parte del gobierno en un tema tan delicado.

La tempestad originada por la salida de Ana Mercedes Gómez de la comisión de notables se calmó con el anuncio por parte del gobierno de que aplazaría la fecha de la entrega final de la propuesta de la lucha contra el paramilitarismo. Pero esa calma será por pocos días, pues la sola posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente en tan poco tiempo, en plena contienda electoral y —sobre todo— cuando todavía no hay un solo acuerdo que permita pensar en una negociación exitosa, va a generar toda suerte de enfrentamientos entre gobierno y un amplio sector de la opinión pública, encabezado por los candidatos presidenciales.

Si bien el gobierno no está en la obligación de acatar las recomendaciones de la comisión de notables, no hay duda de que otro tema que generará gran controversia es el de la tregua. ¿Hasta dónde las Fuerzas Militares estarán dispuestas a suspender su ofensiva contra las Farc y retirarse a sus cuarteles durante los seis meses de tregua? Igualmente, ¿hasta dónde llegará el real compromiso por parte de los grupos guerrilleros de no continuar con el secuestro, la extorsión y las pescas milagrosas? ¿Qué garantiza que las Farc esta vez sí cumplirán sus compromisos?

De manera que el trabajo que tienen por delante la comisión de notables, y el propio Comisionado de Paz, no es nada fácil. Son muchos los vacíos, como dice la directora de El Colombiano, que hay que llenar. Pero de lograrlo y de concretar un acuerdo con las Farc se estaría, ni más ni menos, ante las puertas de un cese al fuego y de hostilidades.