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| 2/19/2001 12:00:00 AM

La resistencia

¿Qué motiva a los habitantes del sur de Bolívar para negarse con terquedad a un despeje de su territorio para que el ELN realice la Convención Nacional?

Con una larga formación en las artes de la guerra Nicolás Rodríguez Bautista, ‘Gabino’, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se muestra ahora diplomático y comprensivo con los habitantes del sur de Bolívar, que se oponen tercamente a un despeje de su región para realizar la Convención Nacional. “Tienen una pistola en la cabeza”, dice ‘Gabino’, insinuando la presencia del jefe paramilitar Carlos Castaño.

“¿Una pistola en la cabeza? La intimidación con las armas ha sido una constante en nuestras vidas. Siempre han estado ahí, como el río Magdalena”, responde el alcalde de San Pablo, Danuil Mancera Polo, un hombre de 50 años, cuajado y con el tono de piel que da el sol bravo. Su pensamiento es compartido por los demás mandatarios municipales de la región: 28 alcaldes agrupados en la Asociación Civil para la Paz (Asocipaz), organismo que amenaza con echar por el suelo la pretensión de los acuerdos entre el gobierno y el ELN. “No vamos a permitir que ninguna parte de nuestro territorio sea despejada para el ELN. La guerrilla impuso el terror tan pronto salió el Ejército del Caguán, explican. Es un experimento que el país no debe repetir”.

En caso de que el gobierno ordene el retiro de la tropa sin el consentimiento de los habitantes, éstos bloquearán las carreteras tal como lo hicieron en febrero del año pasado. Con su postura ya han hecho historia. Ellos lo resumen de una forma sencilla: “Lo único que queremos es que no nos jodan más”, dijo la semana pasada una mujer en Cantagallo, uno de los dos municipios mencionados para el despeje. Y así como seguramente algunos de ellos no miden todas las consecuencias de su decisión el país tampoco se ha percatado de la trascendencia de lo que pasa en el sur de Bolívar.

Para un amplio sector se trata de unos campesinos que obedecen al jefe paramilitar Carlos Castaño con el propósito de cerrarle todas las puertas al ELN. “Nosotros padecemos dos desgracias. La primera es el abandono: vivimos entre la miseria, nunca nadie ha ido a dar una mano. Y la segunda es que siempre nos han sindicado de ser bandidos. Antes nos señalaban como ‘elenos’, ahora nos ven como ‘paras”, dice Luis Antonio Jaimes, secretario ejecutivo de Asocipaz.

Es difícil, sin embargo, que su argumento sea aceptado en medio de la polarización que vive el país. “¿Mataron a tal? Quién sabe qué debería, quién sabe con quién andaría”, se suele decir en la región. La violencia en el país no deja espacio para inocentes. Luego de asesinar con garrote y cuchillo a 31 campesinos en Chengue, Ovejas, Sucre, los paramilitares argumentaron que las víctimas eran auxiliadoras de la guerrilla y el país guarda silencio; salen seis millones de personas a protestar en contra del secuestro y la desaparición forzada y las Farc dicen que únicamente salieron los burgueses que defienden el Establecimiento. Es difícil ver grises en un país donde todo es blanco o negro.

En el caso de Asocipaz la situación es parecida. Más allá de las versiones, que dicen que es una organización manejada por los paramilitares, lo cierto es que hay una coincidencia de intereses. “Castaño quiere impedir a toda costa el despeje porque, a su manera de ver, él podría derrotar al ELN antes de que empiece la negociación”, dice el analista Alfredo Rangel. Por otro lado, tanto Castaño como los habitantes de la zona no ven con buenos ojos lo que pueda pasar con las hectáreas de coca cultivada en la zona, que es fuente de sustento de los habitantes y de financiación de los paras. “Más que proparamilitar Asocipaz es un movimiento antiguerrilla que quiere pasarle la cuenta de cobro al ELN por los desafueros que cometieron durante décadas en esa región”, añade Rangel.

Ante las acusaciones de haber sido vistos en reuniones en los campamentos de los paramilitares tienen una visión muy clara: “Nosotros estamos donde está la gente armada, no es que queramos, es que ellos viven allí. Por eso no queremos un espacio para el ELN. Lo que queremos es que se vayan ellos, las Farc, las AUC y que sólo esté el Estado, nuestro Ejército Nacional. ¿Es eso un delito?”, dice Carlos Julio Galvis, director ejecutivo de Asocipaz.

Lo cierto es que todos son hombres que crecieron entre la violencia. Algunos de ellos eran jóvenes campesinos, otros ni siquiera habían nacido en 1970, cuando a sus tierras llegó por primera vez el ELN. Atacaban las bases militares y las estaciones de policía y huían por entre la selva al refugio que con el tiempo convirtieron en su santuario: la Serranía de San Lucas.

La reacción del Estado fue la de enviar más tropa en lugar de mandar recursos para inversión social y dejar sin argumentos a la insurgencia. El conflicto se escaló y el nivel de vida se estancó. Las cifras oficiales de Cantagallo y de San Pablo deberían avergonzar a cualquier gobernante: la tasa de mortalidad infantil es del 62,65 por ciento; el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas es del 77,07 y los hogares con servicio sanitario inadecuado es de 74,19 por ciento.

Los pobladores aceptan que vieron en la guerrilla una esperanza para salir del subdesarrollo. “Yo les di de comer a los guerrilleros, les di de beber, como yo creo lo hicimos todos. ¿Y al final qué? Nada. Sólo problemas. Sólo muertos. La misma miseria”, dice Celso Martínez. La autoridad impuesta por los guerrilleros terminó en el amanecer del 11 de junio de 1998, cuando entraron los paramilitares y asesinaron a tres personas en el corregimiento El Cerro de Burgos de Simití. Desde ese día los paramilitares impusieron la ley del terror. Uno a uno fueron asesinados decenas de chaluperos. Los cuerpos eran enviados en sus embarcaciones a través del río con mensajes en los que señalaban la próxima víctima. Un rosario de masacres sacudió al sur de Bolívar. Sus pobladores iniciaron un éxodo hacia Barrancabermeja, en el que participaron unas 20.000 personas y que concluyó con la promesa gubernamental de luchar contra el paramilitarismo pero éste ya había avanzado demasiado. Según cifras de organizaciones no gubernamentales de la región han salido cerca de 80.000 personas, entre ellos gran parte de líderes sociales y defensores de derechos humanos.



Zona roja

¿Por qué el ELN y el gobierno decidieron que la Convención Nacional pactada entre ellos sea en San Pablo y Cantagallo, sitios ahora dominados por los paramilitares? “Es la prueba del extremo a que ha llegado el abandono hacia nosotros. Jamás, ni Pastrana ni Camilo Gómez, han pisado estos dos municipios”, afirma Celso Martínez al explicar el desconocimiento que tienen de la región el Presidente y el Alto Comisionado para la Paz.

Un analista dijo a SEMANA que la intención del ELN al pedir San Pablo y Cantagallo es que, de paso, forzaba al gobierno a despejar tres municipios más: Simití, Santa Rosa y Yondó. Todos están en el área de influencia y para garantizar la seguridad de la Convención Nacional el cordón de seguridad tiene que extenderse hasta ellos. “Pedimos comprensión del resto del país. En Bogotá nos dicen que por qué nos oponemos al despeje y nosotros decimos pues que hagan la Convención en el parque de la 93 para que sepan lo que es estar bajo el poder de la guerrilla”, agrega un dirigente de Asocipaz.

El alcalde de San Pablo dice que ver la guerra en televisión y leer de los problemas en los periódicos es fácil. “Lo complicado es vivirlos”. Lo dice él, que rige un pueblo de 26.400 habitantes y en el que la única empresa es su municipio, que emplea a 70 personas. “Lo demás es informal, la gente vive del rebusque”. Entre los buscadores de fortuna están los narcotraficantes que llegaron a esta región hace una década con un puñado de semillas. Hoy tienen, según cifras de la Dirección Nacional de Estupefacientes, 15.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca. Otros son buscadores de oro. De hecho, para algunos la pelea en la región es por el control de la Serranía de San Lucas por la explotación de las minas de oro, las más grandes y ricas del mundo a cielo abierto. Detrás de estos sectores hay muchos interesados también en oponerse a un despeje. Es preferible dejar las cosas como están para seguir amasando sus fortunas.



Papel, nada mas

En este escenario surgió hace año y medio Asocipaz. “Comprendimos que lo que necesitábamos era unirnos para defender nuestros intereses, rechazar a la guerrilla y exigir la presencia del Estado”, dice Lincon Castillo, uno de los líderes que se opone al despeje.

Es comprensible porque pueden echarse por la borda los frutos de un trabajo arduo. Y es que gobierno y ELN han avanzado en la intención de los acuerdos como jamás en la historia se había hecho: habrá verificación internacional, el encuentro será de nueve meses, los guerrilleros estarán desarmados, se lee entre los acuerdos pactos. Y el gobierno parece estar empeñado en cumplir, aun si los habitantes se oponen, porque para él prima el interés nacional sobre el regional.

En el papel la cosa pinta bien aunque para los miembros de Asocipaz es eso nada más: un acuerdo de papel. “Hay dos realidades: la optimista que muestran los medios de comunicación y el gobierno y que dice que todo está de un cacho, y la de nosotros en la región, que nos vamos a oponer tajantemente al despeje”, dice Carlos Julio Galvis. Entre tanto los pobladores, afirman los alcaldes, acumulan víveres en sus despensas por si viene el bloqueo. Otros guardan silencio, acogiéndose al letrero que hay en el restaurante principal de San Pablo, famoso por sus jugos y su sancocho: “Haga que sus palabras sean dulces y suaves por si algún día tiene que tragárselas”.
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