La responsabilidad del M-19

A continuación, algunas de las piezas del análisis que llevaron a esa conclusión:

Fue decisión del mando central del M-19

“Los ex integrantes del M-19 que fueron entrevistados coinciden en afirmar que en la toma operó el principio de compartimentación de la información, porque por la experiencia que habían tenido, nadie debía conocer los operativos, ni siquiera los comandantes que estuvieran afuera; conforme a tal principio sólo sabía de ellos la comandancia general y el grupo que estaba trabajando en la operación misma. Según ellos, la toma se decidió en Cauca entre Fayad y Pizarro y no se discutió con el resto de la cúpula”.

La Comisión no creyó verosímil esa versión, “ya que no convence que una acción armada de tanta trascendencia sólo hubiese sido conocida por dos personas del mando superior, integrado por cinco miembros. Es lógico que la decisión militar de mayor trascendencia de la organización subversiva, que pretendía con ella nada menos que un juicio al Presidente de la República, adoptada con tanta antelación, hubiese sido conocida y ordenada por los integrantes del mando central que se encontraban en Colombia”.

¿Por qué dirigieron el ataque a la Corte Suprema de Justicia?

La Comisión concluyó que la Corte Suprema era considerada por el M-19 competente para conocer de su ‘demanda armada’, “aduciendo la ‘fuerza constitucional del acuerdo”, la naturaleza de “convenio de orden público” del acuerdo de la tregua y la responsabilidad del “poder jurisdiccional de cara al destino nacional”.

¿De qué ‘acusaban’ al ex presidente Belisario Betancur?

Según la Comisión, las acusaciones al gobierno del ex presidente Betancur fueron: “Firmar el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional con actitud dolosa y mal intencionada, abusando de la confianza de la Nación y deshonrando su alta investidura”; “impedir la expresión y la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones políticas negociadas a los profundos antagonismos sociales que vive la Nación colombiana y de promover la guerra fratricida”; “romper la tregua mediante continuas agresiones contra las fuerzas populares alzadas en armas que suscribieron el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional” y, finalmente, “implementar una política económica y social en contravía a cualquier propósito de paz, de incitación a la sublevación popular y de entrega de la soberanía nacional”.

Lo que pedían

Uno de los documentos divulgados por el M-19 fue la proclama, que dio a conocer a la opinión pública cuatro solicitudes.
 
 De acuerdo con la Comisión, “la primera es la publicación de diferentes textos en periódicos nacionales y regionales durante cuatro días consecutivos: el primer día, se debería publicar su texto y el de los acuerdos de tregua; el segundo, la demanda armada; el tercero, las actas de la Comisión de Verificación, y el último día, los “Acuerdos de Monitoría” suscritos por el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional en abril de 1985. Allí se establecían condiciones sobre el lugar y las características que deberían tener tales publicaciones. La segunda solicitud era la difusión de su texto a través de los medios radiales durante los cuatro días en los que esperaban las publicaciones en la prensa escrita. En la tercera, el M-19 solicitaba la publicación del resultado de una encuesta radial diaria en la que se preguntaría a los colombianos: “¿Cuál es su exigencia más apremiante?” y “¿Este Gobierno le ha cumplido?”. Y finalmente, solicitaba la presencia en la Corte “del Presidente Belisario Betancur o de su apoderado para que responda de manera clara e inmediata a cada una de las acusaciones contra el actual gobierno”.

La Comisión concluyó al final que el M-19 también pidió a la Corte Suprema, como “última reserva moral de la República”, que presidiera un “juicio memorable”.

Un golpe armado brutal e ilegítimo

La Comisión de la Verdad consideró que “el hecho de plantear el M-19 sus peticiones recurriendo al uso de las armas, asaltando brutalmente una edificación civil donde se encontraba exclusivamente población protegida por el Derecho Internacional Humanitario, descartaba, in limine, toda legitimidad a tales demandas”.

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