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| Foto: Guillermo Torres

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La respuesta de Camilo Romero al fiscal

Una presunta irregularidad en la compra de 80.000 cajas de aguardiente tiene en aprietos en el gobernador de Nariño. Este asegura que la fiscalía está incidiendo en política.

3 de octubre de 2017

Las investigaciones contra mandatarios locales que adelanta la Fiscalía han causado un efecto que pocos anticipaban. El fiscal general anunció que imputaría cargos a los gobernadores Camilo Romero, de Nariño y William Villamizar, de Norte de Santander. Romero contestó casi inmediatamente y dejó claro que su estrategia de defensa será el ataque. Aseguró que detrás de las pesquisas judiciales existe un interés político para incidir en el panorama electoral de 2018. 

La Fiscalía le imputará cargos a Romero por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos sin requisitos y revelación de secreto. 

La historia se remonta a agosto 24 de 2016 cuando el gobierno departamental expidió el Decreto 364 por el cual fijó la escala de precios para la venta de 80.000 cajas del Aguardiente Nariño Tradicional y sin Azúcar, que costaban 18.900 millones de pesos. (Ver Decreto 364 de agosto 24 de 2016). El decreto no fue firmado por Romero, sino por el encargado para la época, su secretario de Hacienda, Mario Fernando Benavides.

La Fiscalía le puso la lupa a ese proceso. Asegura que, como se trataba de una venta pública de cajas de aguardiente, el derecho de compra se le otorgaba a quien cumpliera con varios requisitos, entre ellos consignar oportunamente el valor de la venta. En esa puja estaban los comercializadores Licosur y OLN; ambos son reconocidos empresarios y con tradición en el sector. En esa puja la mejor ventaja la tenía Licosur.

Según la investigación, la comercializadora OLN consignó el valor de la compra horas antes de la expedición del decreto que contenía la tabla de valores de las cajas de aguardiente y la cantidad ofertada. Dicho en palabras simples, esa comercializadora habría tenido información privilegiada.

Otro punto que señala el ente investigador y que podría ser irregular, es un crédito por 8.000 millones de pesos que la misma gobernación le otorgó a la firma OLN. Sumado a ello, los fiscales descubrieron que el único respaldo que aportó dicha comercializadora fue un cheque por valor de 7.000 millones de pesos, que al parecer, no tenía fondos.

Frente a esos interrogantes, el gobernador Romero asegura que la compra se hizo ceñida a los mecanismos legales. “Lo hice apoyado jurídicamente en lo que establece la Ordenanza 028 de 2010”, le dijo a SEMANA. Agrega que no firmó ese decreto pues ese día estaba en Bogotá gestionando ante el Gobierno recursos para su departamento. “Además, no es la primera vez que hago una encargatura; de hecho tengo cerca de 150 por mis viajes a Bogotá”, aseguró.

En torno a la consignación anticipada de la firma OLN para quedarse con la comercialización de las 80.000 cajas de aguardiente, Romero enfatizó que los empresarios son los mismos que han trabajado ese sector y no se le hace raro que tengan lobistas que les permitieran conocer detalles del proceso.

Y por último, Mario Fernando Benavides, secretario de Hacienda de Nariño, explicó que “la Ordenanza 028 de 2010 permite que el Departamento le fíe durante 90 días el total de la venta al comercializador” y “el cheque sin fondos no tiene lío porque cuando nosotros verificamos había dinero en la cuenta y ellos pagaron la totalidad de la deuda, incluso antes de los 90 días”, dijo el funcionario.

Romero aseguró que le genera suspicacias que comiencen una investigación en su contra “y justamente el fiscal la emprenda contra el gobernador que hace parte de un partido cuya bandera es la lucha contra la corrupción y cuyo candidato presidencial puntea en las encuestas”. Se refiere a Sergio Fajardo, quien en la última medición de Invamer, hecha para SEMANA, Caracol Televisión y Blu radio, quedó en el primer lugar.

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La tesis ha sido esgrimida por otros políticos. Sin embargo, en el grupo de señalados el lunes por el fiscal hay dos personas cercanas a Cambio Radical: el gobernador Villamizar y la ex gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado. El próximo primero de noviembre se llevará a cabo la imputación del gobernador. “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a quienes votaron por mí, a quienes gobiernan conmigo, que hemos hecho las cosas bien”, dijo Romero en una entrevista a la W el martes.