Sábado, 1 de noviembre de 2014

| 2010/02/23 00:00

La reunión que tiene en aprietos al secretario general de la Presidencia

El caso de las 'chuzadas' ilegales del DAS tocó a Bernardo Moreno, uno de los funcionarios más fieles al presidente Álvaro Uribe. Semana.com revela todos los detalles de por qué la Procuraduría le abrió pliego de cargos.

Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la Presidencia de la República. (Foto: Archivo SEMANA)

Es poco lo que su nombre le dice al país. Sin embargo, Bernardo Moreno Villegas, el secretario general de la Casa de Nariño, es una de las personas de mayor confianza, más cercanas y que más tiempo lleva con el presidente Álvaro Uribe Vélez desde que éste asumió por primera vez como mandatario, en agosto de 2002.

Moreno es, formalmente, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y acaba de ser cobijado con pliego de cargos por la Procuraduría General dentro de la investigación que se sigue por las ‘chuzadas’, ya que en una reunión en abril del 2008 con gente del DAS y con el director de la Unidad de Investigación Financiera del Ministerio de Hacienda, pidió información reservada de magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque un viaje de los jueces, financiado por el empresario Ascencio Reyes, había despertado sospechas ya que supuestamente Reyes había ejercido tráfico de influencias en la rama judicial. Tiempo después, varios de los magistrados terminaron interceptados y seguidos por el DAS.

Bernardo Moreno conoció al presidente Uribe hace 20 años en la política y desde julio de 2004 le toca hacer una de las tareas más desgastadoras y polémicas: ser el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso. Además, es quien maneja el registro de los puestos de libre nombramiento y remoción del gobierno central, lo que le da un poder excepcional en el palacio presidencial.

“Aproveche para preguntarme lo que quiera porque a partir de esta semana seré como una tumba”, dijo a la revista SEMANA recién llegó al cargo, promesa que hasta el momento ha cumplido casi al pie de la letra, ya que es uno de los funcionarios de más bajo perfil y que menos habla ante los medios. “Las relaciones con el Congreso no se pueden limitar sólo a la repartición de cargos burocráticos”, agregó.

El pliego de cargos de la Procuraduría conocido este lunes no es el primer caso en el que Moreno se ve obligado a comparecer ante la justicia o ante los organismos de control.  Hace dos años fue llamado a indagatoria por la Fiscalía, ya que supuestamente había quedado encargado de las prebendas que debía entregarles a la ex congresista Yidis Medina y a otros colegas suyos por haber votado a favor de la reelección. La investigación prescribió a su favor.
 
Después, el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, mencionó su nombre porque supuestamente lo presionaba para que las notarías quedaran en manos de los políticos a quienes se les habían hecho promesas a cambio de la reelección. Sin embargo, nunca prosperó una investigación en su contra. (Vea El ventilador de las notarías)
 
En el caso DMG, Moreno tuvo que tomar importantes decisiones como despedir al asesor presidencial para las regiones Félix Alfázar González por haber invertido en la captadora. Además, el hecho de que su primo Daniel Ángel fuera uno de los hombres de confianza de David Murcia Guzmán, también generó incomodidades al Secretario.

La reunión

¿Pero qué es lo que hoy pone de nuevo en primer plano a Bernardo Moreno Villegas? Una reunión en la Casa de Nariño. Todo comenzó cuando María del Pilar Hurtado, directora del DAS entre 2007 y 2008, y el ex subdirector de Contrainteligencia, Jorge Lagos, le contaron a la Fiscalía que la investigación a las actividades de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia nació de una solicitud del Palacio de Nariño. Hurtado le dijo a SEMANA: “A mí en Palacio (Bernardo Moreno, secretario general) me plantearon la necesidad de verificar la relación entre el narcotráfico y la Corte Suprema”. Entonces Lagos le dijo a la Fiscalía que la orden de Hurtado era verificar “un posible viaje de unos magistrados con un señor llamado Ascencio Reyes”, un empresario señalado de supuesto tráfico de influencias en los recintos judiciales.

Estas investigaciones arrancaron en noviembre de 2007 y confirmaron que hubo tal viaje en junio de 2006. Se pudo documentar el listado de pasajeros de los vuelos chárter que se hicieron. Para esto se envió una comisión del DAS a Neiva para confirmar los hoteles donde se quedaron los magistrados y quién pagó las cuentas. La cuestión era que ni el DAS, ni el gobierno, ni nadie diferente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tenía la competencia para investigar a los magistrados.

Esa información fue compartida tiempo después con funcionarios de la Presidencia de la República, según Lagos: “La doctora María del Pilar me comentó que fuera a la oficina del Palacio a donde el doctor César Mauricio (Velásquez, secretario de Prensa) para que le contara ese resultado. Estando en esa oficina llegó el doctor José Obdulio (Gaviria)”.

Y agregó: “Le conté al doctor José Obdulio que había encontrado el vuelo. Los días que habían viajado. No recuerdo si se quedó con una copia del listado”. El mismo Lagos consideró el procedimiento como “un caso especial”. Lo curioso fue que los resultados de una investigación tan delicada y secreta del DAS sobre la presunta relación de magistrados de la Corte Suprema con un presunto narcotraficante, fue entregada prioritariamente al secretario de Prensa de Palacio de Nariño y mostrada a José Obdulio Gaviria, consultor en ese entonces de una agencia de cooperación internacional.

El ex director de Inteligencia del DAS Fernando Tabares dijo a la Fiscalía que una de sus tres visitas a Palacio fue con su jefa María del Pilar Hurtado y con Lagos a una reunión con el secretario general Bernardo Moreno; el asesor de comunicaciones Jorge Mario Eastman, y donde Gaviria también estuvo por un tiempo. Según Tabares y Lagos, el objetivo de la misma era confirmar si una foto que tenían los de Palacio correspondía a un personaje que causaba inquietud. La foto había sido tomada el día de la posesión del fiscal General, Mario Iguarán, en el Palacio de Nariño. La verificación de la imagen, según dijo Lagos en su declaración, habría sido entre el 23 y el 25 de abril de 2008. Estos días coinciden con la visita que el ex paramilitar desmovilizado alias 'Job' estuvo en la Casa de Nariño para entregar supuestas pruebas de un complot de la Corte Suprema de Justicia contra el Presidente.

Según un comunicado de prensa de la Casa de Nariño, las inquietudes se habrían originado por “solicitudes de periodistas, particularmente de la revista SEMANA y el periódico 'El Tiempo', inquiriendo sobre las razones de la presencia del señor Ascencio Reyes en la Casa de Nariño”. Estas pesquisas, según el gobierno, se habían hecho "durante los últimos meses de 2007 y primeros de 2008".

En realidad, Ascencio Reyes y el viaje a Neiva de los magistrados sólo lo conoció la opinión pública el domingo 27 de abril, gracias a una coincidencia de publicaciones de El Tiempo y SEMANA, y a un comentario de la columnista Salud Hernández. El comienzo del artículo del diario El Tiempo dice al referirse a las sospechas sobre las actuaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia: “...pero esta vez, la versión llegó a varios medios reforzada con documentos sobre cuatro vuelos chárter contratados para un homenaje al magistrado Yesid Ramírez, en el 2006; un video, incautado por el DAS en diciembre de ese año; y el nombre de Ascencio Reyes Serrano, opita muy cercano a la Corte y a la Fiscalía. ¿Con qué autoridad moral la Corte captura congresistas por recibir un boleto de las AUC si ellos convivían con un testaferro 'para'?, se pregunta uno de los denunciantes".

El 22 de abril de 2008, el DAS le pidió a la Uiaf información de inteligencia financiera de todos los pasajeros de dicho viaje, incluidos varios magistrados de la Corte Suprema. La respuesta se elaboró el 24 de abril y fue recibida en el DAS cinco días después. Hay dudas sobre si algo de esa información llegó a manos diferentes a las que dictan los protocolos establecidos para el manejo de datos confidenciales como los solicitados. La inquietud surge de dos reuniones. Una de ellas fue la visita que dos funcionarios de la Uiaf hicieron a Palacio.

Según Mario Aranguren, director de esa entidad (también cobijado por los cargos de la Procuraduría este lunes), él autorizó la reunión en la que se compartió información clasificada porque allí estaba la directora del DAS. También estuvieron, según la Uiaf, Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria y el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Aranguren dice que en ese momento sólo se compartió la información de Ascencio Reyes, en un momento en que la investigación sólo contenía el nombre de un magistrado.

Ahora, Bernardo Moreno y todos los cobijados con la medida de la Procuraduría tienen 10 días para presentar descargos y solicitar y aportar pruebas para la defensa. La última palabra la tendrán el Ministerio Público y la Fiscalía que tienen en sus manos condenar a quienes ordenaron los seguimientos a magistrados, miembros de la oposición, a los periodistas y a los funcionarios del propio gobierno.

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