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| 9/23/1996 12:00:00 AM

LA REVANCHA DEL CONGRESO

Un importante grupo de congresistas está empeñado en que esta legislatura sirva para que la clase política pase la cuenta de cobro del proceso 8.000 a la Fiscalía, la justicia sin rostro y los medios de comunicación.

En el Capitolio soplan vientos de revancha. En el tono de los discursos contra los medios de comunicación, así como en el articulado de varios proyectos de ley y de reforma constitucional, es evidente que un amplio sector de parlamentarios cree llegada la hora de vengar la avalancha judicial y periodística que tiene a una docena de congresistas tras las rejas y a otra docena en capilla, y que ha marcado el momento de peor imagen de las cámaras legislativas. Aunque ninguno de los parlamentarios involucrados en esta contraofensiva lo reconoce públicamente, lo cierto es que están convencidos de que el Poder Legislativo ha sido el único obligado a pagar los platos rotos de la infiltración del narcotráfico en diferentes estamentos de la sociedad colombiana, mientras otros sectores de la clase dirigente y la actividad económica que también tienen, en opinión de esos congresistas, las manos untadas de dineros calientes, no sólo no han tenido que rendir cuentas por ello, sino que son precisamente los que señalan al Congreso con dedo acusador. La ofensiva revanchista del Congreso tuvo la semana pasada su señal de largada en la plenaria del martes en la noche en el Senado, cuando el suspendido procurador Orlando Vásquez Velásquez, excarcelado por un tecnicismo jurídico, fue escuchado por la corporación y recibió el respaldo de varios congresistas. Vásquez se fue lanza en ristre en contra del fiscal Alfonso Valdivieso en una prolongada exposición que fue seguida por varios discursos en el mismo tono y el mismo sentido. Entre otros señalamientos, Vásquez acusó a Valdivieso de estar al servicio del gobierno de Estados Unidos y de utilizar dinero de gastos reservados para pagar testigos en contra de dirigentes como él.
Medios en la mira
Ya en la mañana del martes el senador Jaime Dussán, miembro de la comisión sexta de la Cámara alta y uno de los firmes aliados del gobierno, había estrenado el lenguaje beligerante, concentrando su ira en los medios de comunicación y, en especial, en los noticieros de televisión, sujetos a una legislación cuyo estudio está a cargo de esa comisión. Sin rodeos _y sin presentar prueba alguna de tan grave acusación_ Dussán señaló a los espacios informativos de las dos cadenas nacionales de televisión como "traidores a la patria" por instigar una "conspiración" contra el gobierno de Ernesto Samper. Pero la cosa no se ha quedado en palabras. Aunque todavía no han sido radicados en las respectivas secretarías, algunos proyectos de ley han comenzado a caminar por los pasillos del Capitolio con el propósito de impedir que los noticieros actualmente en el aire puedan conservar sus espacios más allá del 31 de diciembre de 1997. La licitación vigente de las dos cadenas fue adjudicada en 1991 y sus programas iniciaron emisiones el primero de enero del 92. Los contratos establecen que esta programación rija hasta el último día del 97. Pero hay una cláusula que establece que si no se presenta incumplimiento alguno en la ejecución de dichos contratos, éstos serán prorrogados por seis años más. Desde hace varias semanas circulan rumores en el sentido de que ni al gobierno ni a los congresistas les gustaba la idea de la prórroga automática, pues de aplicarse, la administración del presidente Ernesto Samper sería la primera en décadas en no adjudicar cuando menos una licitación de las cadenas nacionales. Esos chismes se volvieron serios la semana pasada con dos propuestas para desmontar las eventuales prórrogas. El primero es autoría del propio senador Dussán y apunta a que, en cualquier caso, las autoridades de la televisión definan una nueva adjudicación de los noticieros para la vigencia que se inicia el primero de enero del 98. La otra iniciativa, que al parecer impulsan los representantes Carlos Alonso Lucio y Marta Catalina Daniels, busca desconocer la prórroga no solo de los espacios informativos sino de toda la programación de las dos cadenas. La cuestión no es, sin embargo, tan sencilla. En opinión de algunos expertos en la legislación de televisión, la prórroga de los espacios por seis años más es un derecho adquirido por las programadoras que, de ser desconocido, desencadenaría un dominó de multimillonarias demandas en contra del Estado. Pero eso no parece inquietar a los promotores de estas iniciativas, que culpan principalmente a los noticieros de televisión de la mala imagen del Congreso, y que desean no sólo poner a tambalear la independencia de dichos espacios, sino abrir las posibilidades para las alianzas que se darían entre dirigentes políticos, gobierno y aspirantes en el marco de una nueva licitación de espacios.
Los revanchistas
Pero entre los revanchistas del Capitolio no sólo están Dussán, Lucio y Daniels. También, y en lugar destacado, se encuentra el senador costeño José Name Terán, quien la semana pasada presentó un proyecto de ley que busca modificar el actual régimen de pérdida de investidura. El proyecto establece la doble instancia para esta clase de procesos, los cuales en la actualidad son fallados por el Consejo de Estado en una decisión inapelable. De acuerdo con la propuesta de Name, la primera instancia sería resuelta por la sala electoral del Consejo de Estado y la segunda por la sala plena del mismo tribunal, pero sin la participación de los consejeros que tuvieron que ver con la primera decisión. Hay además una serie de requisitos procedimentales que convertirían el proceso de pérdida de investidura en algo lento y engorroso. Un colega del senador le dijo a SEMANA que "Name está buscando además que el Congreso acabe con la inhabilidad política de por vida que contempla la actual legislación para todo parlamentario que llegue a perder su investidura". Y no le falta razón: la propuesta establece que la pérdida de investidura sería una sanción temporal fijada por la ley y no una sanción de por vida, como sucede en la actualidad. Pero Name parece un aprendiz de revanchista si se compara su proyecto con el de otro senador costeño, Armando Blanco, quien aparte de haber propuesto que la intervención del procurador Vásquez el martes se convirtiera en cabeza de un proceso en contra del fiscal Alfonso Valdivieso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, radicó el que es considerado el proyecto más osado de todos. Blanco propone, entre otras cosas, la elección popular del Fiscal en la misma fecha que la del Presidente de la República, y la escogencia del vicefiscal por parte del Congreso en pleno de ternas presentadas por las altas cortes en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, lo que quiere decir que el Fiscal no podrá escoger a su segundo hombre, sino que éste será escogido por las cámaras legislativas. "Eso abriría las puertas a lo único que nos falta: que un fiscal elegido por voto popular hiciera campaña con dinero de los narcos", anotó un senador conservador enemigo de la idea. Pero el proyecto no pasaría de ser una anécdota contra Valdivieso y, en especial, contra el vicefiscal Adolfo Salamanca, sino fuera por otros artículos más delicados. La Fiscalía quedaría limitada en sus funciones a las de ser un ente investigador _ya no acusador_, una especie de inmenso CTI que no podría siquiera detener a los sindicados. Según Blanco, "de esta forma se concluye la urgencia de modificar la estructura orgánica, funcional y régimen de competencia de la Fiscalía, afirmando frente a la criminología su carácter investigativo y rector de la Policía Judicial, fundando su proceder en la técnica, como auxiliar esencial de la justicia ordinaria, a la que debe atribuirse exclusivamente el conocimiento o juzgamiento de las causas criminales". Pero Blanco va mucho más allá. En otro proyecto de ley, también radicado el pasado 20 de julio, propone un parágrafo según el cual, "en la República de Colombia todos los procesos son públicos, quedan prohibidos los procedimientos ocultos y reservados, toda actuación que contraríe esta regla es nula. La publicidad de los procesos es una garantía y un derecho fundamental de los ciudadanos". En plata blanca, es la muerte súbita de la justicia regional, de los jueces y de los fiscales sin rostro, algo anhelado por todos los abogados de narcotraficantes y acusados de enriquecimiento ilícito.

Y el gobierno, ¿que?
Pero algunos de los opositores de esta avalancha revanchista, como el senador caldense Luis Guillermo Giraldo, están convencidos de que el propio gobierno, que ha presentado sus proyectos de reforma legal y constitucional de la actual legislatura como destinados a endurecer la política criminal, está jugando doble y que dentro de sus iniciativas se esconden artículos orientados en la misma dirección que las propuestas de los revanchistas. Un claro ejemplo es un aparte del proyecto de reforma penal, en el cual el gobierno propone eliminar los beneficios por delación y colaboración con la Justicia. En este punto hay dos elementos por analizar. El primero tiene que ver con el golpe que esta iniciativa puede significar para las investigaciones y procesos en delitos de narcotráfico y conexos. "Sin rebajas por delación, el 80 por ciento de los procesos en contra de los capos de los carteles habría fracasado", le explicó a SEMANA un abogado penalista. El segundo elemento por considerar es que en la propuesta gubernamental hay un problema de presentación: si se tiene en cuenta que buena parte del proceso investigativo por la financiación con dinero del narcotráfico de la campaña presidencial de Ernesto Samper se ha podido desarrollar gracias a las delaciones de algunos de los acusados, le queda mal al Ejecutivo presentar y defender una iniciativa con esas características. Pero lo que algunos senadores como Giraldo han señalado como trampas de los proyectos gubernamentales no termina ahí. En la propuesta de reforma constitucional se han colado algunos artículos que de haber tenido origen en el Congreso habrían sido calificados como 'micos' de inmediato. Es el caso de la iniciativa que busca modificar el artículo 110 de la Constitución, que prohíbe a los empleados públicos hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o a inducir a otros a que lo hagan. El artículo 9 del proyecto del gobierno dice que el artículo 110 quedará así: "Todos los ciudadanos, sin excepción, podrán hacer contribuciones únicamente a las tesorerías de los partidos y movimientos políticos. Estos aportes no podrán sobrepasar las cuantías que fije el Consejo Nacional Electoral". Aunque dicho artículo mantiene inmodificable lo que se refiere a la imposibilidad que tienen los servidores públicos de hacer aportes a las campañas, al decir que todo ciudadano sin excepción podrá hacer contribuciones económicas deja abierto un boquete por el que perfectamente se puede colar un elefante. Todo tipo de delincuentes, presos o fugitivos, podrían en aplicación de ese artículo hacer contribuciones a las campañas, pues no por delincuentes dejan de ser ciudadanos. La expresión "sin excepción" cierra las puertas a cualquier posibilidad de limitar por vía legal las contribuciones procedentes de personas por fuera de la ley. Lo más grave serían los efectos retroactivos de esta norma favorable, que podría acabar de un tajo con todo el proceso 8.000, pues si la Constitución llega a aceptar, aunque sea de manera implícita, que los delincuentes hagan aportes a las campañas, tiene en consecuencia que despenalizar que las campañas las acepten.
Costal de anzuelos
Todo lo anterior resulta en un panorama bastante aterrador. Y eso que las iniciativas apenas están tomando forma, pues la legislatura sólo lleva cuatro semanas. Pero también es cierto que la reacción del grupo de congresistas amigos de la revancha es relativamente explicable. Por un lado, han sido masacrados por los medios como consecuencia lógica del mayor escándalo de corrupción política de la historia de Colombia, en el que, como suele suceder en estos casos, han terminado por pagar casi todos los congresistas a pesar de que sólo un 5 por ciento está formalmente procesado. Y por el otro, en medio de esas ansias de reivindicación, el gobierno los ha puesto a aprobar un paquete de iniciativas que, si bien incluye algunos artículos no muy claros, ha sido presentado como una ofensiva de endurecimiento de las normas contra el narcotráfico y los bienes ilícitamente adquiridos. "Aunque ninguno de nosotros es capaz de decirlo de frente, lo cierto es que muchos nos preguntamos por qué tenemos nosotros que jugarnos la vida con unos proyectos en los que no creemos mucho, por cuenta de que el gobierno está obligado a resolver sus problemas con Estados Unidos", le dijo a SEMANA uno de los promotores de la revancha. "Finalmente _agregó el congresista_ los hechos más graves se dieron en la campaña presidencial y por cuenta de ese escándalo es que las cosas se enredaron con los gringos". Lo anterior indicaría quizás que el propósito de muchos de los parlamentarios que patrocinan los proyectos más criticados no estaría tanto en lograr su aprobación como en enredar la legislatura. Ese enredo ya parece evidente y lo único claro es que si el gobierno quiere devolverla a su causa original, el de un período destinado a cumplir con algunas expectativas de endurecimiento de la lucha anticarteles, va a tener que afirmar el pulso y recuperar el control de unas riendas que parecen tan sueltas que han permitido que se desboque el caballo del Congreso.
El desconocimiento de la prórroga de los noticieros produciría multimillonarias demandas contra el Estado.
Jaime Dussan Su proyecto apunta a que las autoridades definan una nueva adjudicación de los noticieros para la vigencia que se inicia el primero de enero del 98.
Jose name teran Propone que la pérdida de investidura de los parlamentarios sea temporal y no de por vida, como sucede en la actualidad.
Julio cesar guerra Respalda la propuesta de quitarle funciones a la Fiscalía General de la Nación y convertirla en un ente dependiente del Ejecutivo.
Martha Catalina daniels Es partidaria de desconocer la prórroga automática no solo de los espacios informativos sino de toda la programación de televisión.
Carlos Alonso lucio Defiende la propuesta de que el gobierno de Samper adjudique los nuevos espacios de informativos y noticieros de televisión.
Tito rueda Respalda en su totalidad la ofensiva revanchista contra la Fiscalía, la justicia sin rostro y los medios de comunicación.
Luis Guillermo Giraldo Sostiene que en la propuesta de reforma constitucional del gobierno se han colado verdaderos micos.
Piedad Córdoba Será una de las grandes opositoras a los proyectos revanchistas en el Congreso.
Claudia Blum de Barberi La semana pasada tuvo su primer round con Tito Rueda en el Senado.
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