Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2000/05/22 00:00

La revancha

La contraofensiva del Congreso amenaza con tumbar ministros y pone en peligro al Secretario General de la Presidencia. Análisis de SEMANA.

La revancha

En Colombia todo el mundo les ‘mide el aceite’ a los gobiernos. Lo hacen los políticos amigos y los de oposición, y las potencias extranjeras, los narcos, la guerrilla, los ex presidentes y los medios. En su defensa los gobiernos gastan buena parte de su capital político y acuden a lo que tienen a mano: aliados, garrote, presupuesto y amenazas. Lo hacen porque en el fondo saben que los gobiernos, como lo afirmó en alguna ocasión un ex presidente con no muy buenas intenciones, se caen no por malos sino por débiles. Su fortaleza se mide en el campo de batalla.

Las próximas semanas serán definitivas para el gobierno de Andrés Pastrana. El Presidente enfrenta uno de sus peores momentos. No es gratuito que esto ocurra pocos días después de que el jefe del Estado anunciara una guerra frontal contra el actual Congreso y propusiera, para ese efecto, la realización de un referendo y el llamamiento a elecciones anticipadas de Congreso para el 29 de octubre próximo. Por el contrario, los malos días por venir son una consecuencia directa de esa declaratoria de guerra del Ejecutivo al Legislativo.

De labios para afuera la mayor parte de los congresistas han afirmado que están de acuerdo con el referendo. Puertas para adentro, pocos son los que lo apoyan. El frente unido de la clase política contra el Presidente es, hoy por hoy, la amenaza más seria que se ha creado en la historia reciente del país contra un gobierno. En la primera contraofensiva de la clase política contra el gobierno peligran varios de los funcionarios más cercanos al Presidente: el secretario general de la Presidencia, Juan Hernández; el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez; el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo; el ministro de Salud, Virgilio Galvis; y, por último, el director nacional de Planeación, Mauricio Cárdenas.

Todos están en peligro pero las razones por las cuales podrían caerse en los próximos días cambian de uno a otro. El gobierno deberá determinar si lleva a cabo su defensa en bloque, caso en el cual si pierde lo hace en masa, o si se ocupa de los casos que tienen defensa y deja ir a quienes se encuentran más vulnerables, teniendo en cuenta que la capacidad del gobierno de sacar adelante el referendo en contra de los deseos del Congreso es directamente proporcional a su fuerza y ésta disminuye en la medida en que funcionarios de alto nivel se vean obligados a renunciar.



Asunto político, etico o legal

Quien corre el mayor riesgo de caer en este torbellino es el ministro del Interior. Néstor Humberto Martínez ha sido el cerebro de la construcción de mayorías en el Congreso para un gobierno que llegó al poder con minoría parlamentaria. Y construyó esas mayorías a punta de zanahoria y garrote. La primera se manifiesta en los nombramientos de recomendados de los congresistas. El segundo en su insubsistencia. Una y otro lo convierten en aliado de un Congreso que ahora es señalado por el jefe del Estado como la cuna de la corrupción y la fuente de buena parte de los problemas nacionales. Más que ofendidos y agraviados, los congresistas se sienten traicionados por Martínez. “Ahora resulta que los corruptos somos nosotros”, dijo un senador de la Gran Alianza. No parece que Néstor Humberto tenga cómo sobrevivir a semejante encrucijada.

El segundo implicado es Juan Camilo Restrepo. El hecho de que la mesa directiva de la Cámara de Representantes no hubiera explicado de manera detallada el destino final de los recursos solicitados al Ministerio de Hacienda por medio del Fondo Interministerial (ver recuadro), serviría como defensa para el Ministro de Hacienda si el jurado ante el cual deberá comparecer no fuera el propio Congreso. Pero el embate contra Juan Camilo estará fundamentado en que sabía bien que los recursos del Fondo Interministerial eran la cuota inicial del apoyo de la mesa directiva del Congreso al gobierno.

Sin embargo, y de la misma manera que al gobierno le cabe una alta dosis de responsabilidad, habría que decir que en esta oportunidad tampoco contó con la asistencia de la Contraloría General de la Nación, entidad encargada de auditar los recursos. Por el contrario, semanas antes de que estallara el escándalo el propio contralor general, Carlos Ossa Escobar, sacó un comunicado conjunto con Pomárico en el que se refería a la transparencia con que estaba actuando la corporación. El Contralor ha dicho que fue “asaltado en su buena fe”.

Pese a que el gobierno ha reiterado una y otra vez que los recursos del Fondo Interministerial no fueron utilizados para influir en las decisiones del Congreso es difícil negar la relación que existe entre los dineros girados por el Tesoro Nacional para ser gastados por las directivas del Congreso y la manera como éstas actúan en favor de los intereses del Ejecutivo.

Lo anterior, sin embargo, no hace responsable a Juan Camilo del uso fraudulento de los recursos por parte de las directivas parlamentarias. Una eventual caída del titular de Hacienda sería evidentemente el resultado de una cuenta de cobro del Legislativo al Ejecutivo en esta nueva guerra de poderes.



Hernández, Cárdenas y Galvis

Otros tres altos funcionarios se encuentran en el tablón, listos a ser empujados a un mar infestado de tiburones. Se trata del secretario general de la Presidencia, Juan Hernández; el director nacional de Planeación, Mauricio Cárdenas, y el ministro de Salud, Virgilio Galvis.

A este último no lo ayudan su manera desfachatada de defenderse atacando. Sin embargo los ataques en su contra no parecen importantes. Se le acusa de haber contratado entidades del sector salud con las cuales él, a título personal, tendría relaciones contractuales. En particular sus adversarios mencionan el caso de la Clínica Ardila Lülle en Bucaramanga. El Ministro no sólo no ha negado haber sido fundador y miembro de la junta de esta Fundación sino que se enorgullece de contratar con ella. Es evidente que el Ministro en ningún caso se lucraría mediante la contratación de esta entidad, lo cual hace prácticamente irrelevante el debate en su contra.

El caso de Mauricio Cárdenas, relacionado con la conciliación con la firma Dragacol cuando era ministro de Transporte, parecía haber iniciado su fase final hacia el sobreseimiento definitivo. Nadie piensa hoy en día que Cárdenas haya incurrido en una actividad delictiva al conciliar el conflicto entre Dragacol y el Ministerio. Sin embargo un recurso de reposición del Ministerio Público en días pasados contra la decisión de la Fiscalía de abstenerse de dictar medida de aseguramiento en contra de Cárdenas pone en peligro su permanencia en el cargo. No porque jurídicamente corra mayores riesgos —aunque sí se le agrava su situación, sobre todo si la Fiscalía dicta medida de aseguramiento— sino porque lo hace extremadamente vulnerable al ataque político.

Pero el caso más serio es sin duda el del secretario general de la Presidencia. Juan Hernández es demasiado poderoso y cercano al Presidente como para que un acontecimiento como el que ha protagonizado en estos días pase inadvertido. El que su familia política, incluida su propia esposa, sea dueña de una empresa que tiene contratos con entidades del Estado, pone en peligro su permanencia en el cargo.

En su defensa (ver entrevista) Hernández afirma que la empresa de su familia política lleva más de 30 años prestando servicios al Estado y que en el gobierno pasado, no propiamente cercano a sus afectos, esa empresa habría recibido buena parte de los 12.000 millones de pesos que ha ejecutado en contratos con el Estado.

Pero esa defensa es incompleta. Por una parte sí hay una diferencia entre los gobiernos anteriores y el actual en relación con los contratos de esa empresa. Se trata de las adjudicaciones del DAS. Tiene razón Hernández al afirmar que el DAS es autónomo en sus decisiones de contratación, pero la verdad es que el DAS depende —de facto— jerárquicamente del Secretario General de la Presidencia. El que una entidad que depende de Hernández adjudique contratos a una empresa de su esposa es suficientemente grave como para poner a Hernández en aprietos serios.

A eso se suma que las cifras de los contratos con el Estado no son deleznables y que, si se comparan las cifras durante la administración Pastrana, el promedio es muy superior al de la administración Samper. Si se incluyen 2.170 millones de pesos adjudicados cuando ya Pastrana era presidente electo como dineros adjudicados en la administración Samper, la cifra es de 7.000 millones en esos cuatro años contra 5.000 millones en año y medio de lo que va corrido de esta administración. Pero en este caso los asuntos de minucia legal y las razones de carácter político desvían la atención del problema central: el caso de Juan Hernández es de una monumental indelicadeza en uno de los cargos más altos del Estado.



¿Referendum o mare mágnum?

En el fondo de toda esta batalla está la lucha por la supervivencia por parte de los parlamentarios. Es claro que el gobierno apostó duro y puso contra la pared a los congresistas elegidos en 1998. Después de dos semanas de intensa discusión, en la que se escucharon diversas propuestas que buscaban bloquear el proyecto del gobierno, la semana pasada la mayoría de los parlamentarios estuvieron de acuerdo con la tesis de aprobar el referendo del gobierno —incluyendo la revocatoria del mandato— pero siempre y cuando se le pudieran realizar algunos ajustes a la propuesta.

Sin embargo, en la reunión sostenida entre los ponentes y el gobierno la semana pasada, el Presidente, para sorpresa de todos los asistentes, incluyendo miembros de su bancada, no se dejó tocar el tema de los ajustes al proyecto y, por el contrario, se sostuvo con más energía en su teoría según la cual “al referendo del gobierno no se le puede tocar una coma”.

La actitud presidencial terminó por caldear los ánimos de los congresistas. Uno de ellos, el senador Juan Martín Caicedo, quien había sido designado uno de los ponentes del proyecto oficial, renunció argumentando que el proyecto “tal como está concebido y redactado puede derivar en un verdadero fiasco nacional y una gran frustración para el objetivo de lucha contra la corrupción política que se ha trazado el propio gobierno con esta iniciativa”.

Otro de los ponentes, Héctor Helí Rojas, quien se había mostrado partidario de modificar la propuesta del gobierno, a raíz de la actitud presidencial, habría tomado la decisión de presentar ponencia desfavorable al proyecto del gobierno. Esto dificulta aún más el tránsito del proyecto a través de la comisión primera del Senado.



Referendo sí, ¿pero cuál?

Pero no será la única dificultad del proyecto. En estos momentos existen en las comisiones primeras de Senado y Cámara cuatro proyectos de referendo distintos. Uno lo lidera el representante Germán Navas Talero y considera la posibilidad de realizar elecciones generales que incluyan la revocatoria no sólo del actual Congreso sino del mandato presidencial. Otro es el del senador Héctor Helí Rojas, quien propone un no rotundo a la propuesta del gobierno.

Otra propuesta es la de los representantes liberales oficialistas, quienes consideran que, contrario a lo que sostiene el Presidente, el Congreso sí es autónomo para realizar las modificaciones que considere pertinentes.

La suma de todos estos hechos hace pensar que el tránsito del proyecto de referendo del gobierno en el Congreso será traumático. La mayoría de los congresistas consultados por esta revista apuestan al hundimiento del proyecto del Ejecutivo.

Como si todo lo anterior fuera poco, algunos congresistas han expresado públicamente su inconformidad por la que califican parcialidad de la presidencia de las comisiones primeras del Congreso, “restándole equilibrio y garantías a la dirección de un debate tan delicado como éste”, dice el senador Caicedo en su carta de renuncia a la senadora Claudia Blum, presidenta de la comisión primera del Senado.



‘To be or not to be’

De cualquier manera el debate que comienza esta semana en el Congreso a los funcionarios del gobierno será intenso y vital para la suerte no sólo de los congresistas sino del propio gobierno. De hecho, el Ejecutivo apostó sus restos en el referendo y la revocatoria y nada hace pensar que podría entrar a conciliar con el Congreso a estas alturas del partido.

Por su parte, el Congreso también mostró sus cartas. No hay duda de que los congresistas le van a disparar a los funcionarios más cercanos al Presidente. Algunos de ellos tienen contados sus días en la administración.

Aunque el presidente Pastrana se muestra tranquilo todo hace pensar que ahora que termina la semana de pasión en el país, los días de pasión del gobierno apenas comienzan. Y nadie sabe cuánto puede durar una pasión que sin duda pondrá en peligro durante ese tiempo la estabilidad de la Nación.

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