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| 2/4/2012 12:00:00 AM

La sal en la herida

Más que la culpabilidad de Plazas Vega o la responsabilidad de Belisario, lo que está en juego es si el país puede o no cicatrizar las heridas del pasado.

Hace mucho tiempo el clima político no había estado tan agitado. Pero el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó la condena de 30 años de cárcel contra el coronel Alfonso Plazas Vega, sacudió las aguas y puso a prueba la paz política que había logrado Juan Manuel Santos desde su llegada a la Presidencia.

El holocausto del Palacio de Justicia, en el corazón de la capital y del poder institucional, hace 26 años, es una herida que no ha sanado. Un caso cuya falta de solución se ha convertido en el gran símbolo para quienes se enfrentan con dos posiciones antagónicas pero legítimas: los que abogan por el uso de la fuerza del Estado para defender sus instituciones y los que pregonan que los derechos humanos y las reglas para hacer la guerra se deben preservar incluso en los momentos más difíciles del conflicto. El caso de Plazas Vega es el gran símbolo de unos y otros.

La sentencia del Tribunal, de casi 1.000 páginas, ha sido objeto de una dura polémica. Su argumento contra Plazas Vega se justifica, esencialmente, por testimonios que demuestran que él era la cabeza del operativo militar para rescatar el Palacio de Justicia y que mantuvo su responsabilidad en los días siguientes en lo que se refiere al tratamiento de los detenidos que salieron vivos. Al contrario de lo que se piensa, a Plazas no se le cuestiona haber encabezado el operativo para recuperar el Palacio, sino las desapariciones ocurridas después. Pero el hecho de que Plazas estuvo al mando no implica, para sus defensores, que haya dado órdenes contrarias a la ley. Aun si en la instancia que falta -la Corte Suprema de Justicia es quien tiene la última palabra- el fallo es de culpabilidad, para los defensores de Plazas existe una duda razonable.

Más allá de la ratificación de la condena de Plazas, el fallo tiene otros elementos explosivos. Le solicita a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la posible responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en un eventual abuso en el uso de la fuerza y en las posteriores desapariciones de 11 personas que salieron con vida del Palacio. Y le ordena a las Fuerzas Armadas hacer un reconocimiento de su delito y pedirles perdón público a las víctimas y a la sociedad. Ninguna de las dos decisiones tiene antecedentes en la historia de Colombia. Por eso, tanto por su significado como por el peso político e institucional de los afectados, el fallo sacudió los cimientos del poder, la Justicia y la opinión pública.

El presidente Juan Manuel Santos reaccionó de inmediato y sin ambigüedades. Aunque acató el dictamen del Tribunal, se alineó con Plazas Vega y con el expresidente Betancur y le pidió a este último perdón en nombre de todos los colombianos. Este recurso tampoco tiene precedentes y seguramente buscaba equilibrar la orden del Tribunal a los militares de ofrecer disculpas. Sin duda alguna, la sola posibilidad de hacerlo es humillante e inaceptable para el Ejército, e incomprensible para la opinión pública, que hoy se inclina por la mano dura contra la guerrilla y que apoya a las Fuerzas Armadas. Eso motivó a Santos a reaccionar de una manera que cayó bien entre los militares pero mal en la Rama Judicial.

Para esta última, que el jefe del Ejecutivo opine sobre los fallos de los jueces pone en peligro la separación de poderes. Santos acató la decisión pero también la deslegitimó. El presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata, calificó de "preocupantes" las palabras del primer mandatario y otros magistrados las criticaron con mayor dureza y pidieron protección para los funcionarios judiciales que han trabajado el caso. No se puede olvidar que el holocausto del Palacio de Justicia acabó con una de las cortes supremas más respetadas en la historia colombiana y que, por esa razón, así como la condena de Plazas es un punto de honor para los militares, el castigo a quienes libraron la batalla lo es para los jueces y los magistrados. La respuesta del presidente Santos frente al fallo le dio más importancia a la sensibilidad militar que a la de los jueces.

Los voceros de las víctimas también se quejaron por las declaraciones del presidente y la calificaron de contradictoria con el discurso oficial de protección a las víctimas y con la convocatoria de marchas populares para explicar los beneficios de la ley aprobada el año pasado. Santos, en resumen, salió bien librado ante las encuestas y ante los militares, pero pisó los callos de la Justicia y de las víctimas. La situación puso a prueba su capacidad, que suele funcionarle, de construir una opción moderada que deja tranquilo a todo el mundo.

La parte más vulnerable del fallo fue la solicitud, elevada ante la Corte Penal Internacional, de investigar al expresidente Belisario Betancur. Este punto es débil, tanto en lo jurídico como en lo político. Colombia forma parte del estatuto de Roma -el que establece la existencia y las reglas de funcionamiento de la CPI- desde el 5 de agosto de 2002 y aceptó su competencia para hechos posteriores a su entrada en vigencia. La toma del Palacio de Justicia ocurrió en noviembre de 1985. Y aunque algunos juristas consideran que la desaparición de personas es un delito progresivo, sin fecha precisa y de carácter permanente mientras se establece el paradero de la víctima, el argumento es controversial y no tiene aceptación universal.

Además, los instrumentos de la justicia internacional están creados para suplir a las instituciones nacionales cuando no operan. La Justicia colombiana ha sido lenta e ineficiente para esclarecer los hechos del Palacio de Justicia, pero no ha parado de investigar. Ni siquiera cuando prescribieron los hechos: la Fiscalía consideró que había delitos de lesa humanidad y en consecuencia ya no se aplica el límite de tiempo que normalmente tiene la Administración de Justicia para investigar. Varias de sus entidades se han ocupado del tema, con referencia al expresidente y al alto mando militar. Betancur ha dado más de cinco declaraciones y en 2005 una Comisión de la Verdad hizo un informe extenso y detallado. En 1990 el procurador Alfonso Gómez Méndez destituyó al general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército. El coronel Alfonso Plazas Vega está preso y condenado en segunda instancia. El general José Iván Ramírez ha sido procesado y ha estado en la cárcel, y finalmente fue exonerado en noviembre pasado. Los fallos pueden no satisfacer a todos, pero demuestran que la Justicia ha actuado. Y eso hace prácticamente imposible que la CPI se plantee la necesidad de intervenir.

Para el expresidente Betancur, lo que está en juego no es su responsabilidad penal, sino política. Y él asumió su responsabilidad desde la alocución televisada del 7 de noviembre de 1985. Desde entonces ha desaparecido de la política y ni siquiera concede entrevistas ni da opiniones. Los mayores cuestionamientos a su gobierno provienen de la derecha y se le hacen por haber sido excesivamente blando con la guerrilla durante el proceso de paz. La teoría de que hubo una especie de golpe de Estado durante el 6 y 7 de noviembre de 1995, cuando los militares actuaron sin buscar autorización en el Palacio Presidencial, deja mal parado a Belisario desde el punto de vista político, pero lo exonera de la responsabilidad penal por las decisiones que se tomaron en el operativo. A Belisario lo critican por blando y no por duro. Resulta toda una paradoja que al primer presidente en la historia del país que trató a los alzados en armas como contrapartes políticas, que los trató de manera benévola y que sacó de la cárcel a la cúpula del M-19, se le plantee un castigo penal por haberse extralimitado en el uso de la fuerza para exterminarlos.

Lo que pasa es que la opinión mayoritaria de los colombianos ha cambiado mucho en los últimos 25 años. La opinión pública de hoy no acepta los principios que estaban en boga a finales de los años ochenta, cuando recibió con simpatía la negociación con el M-19. Perdón e indulto, a cambio de dejar las armas, fue una fórmula de acuerdo ampliamente aceptada y fue cumplida por las dos partes: el Estado y el M-19. Pero las cosas han cambiado. La Justicia nacional hoy no podría indultar delitos como los que cometen la guerrilla y los paramilitares, y buscaría más bien verdad, justicia y reparación. Y la comunidad internacional ha desarrollado instrumentos -como la CPI- para combatir la impunidad contra las violaciones graves a los derechos humanos.

La presencia de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá es una prueba de que el M-19 dejó la lucha armada y buscó el poder por las vías legales. De eso se trataba. Pero después de ocho años de seguridad democrática, y de dos décadas en las que las Farc se enterraron políticamente, se metieron en el narcotráfico y se dedicaron al secuestro, la receta que funcionó con el Eme ya no tiene aceptación. Por estos días se ha dicho que los responsables de la toma del Palacio están en la Alcaldía de Bogotá y quienes lo defendieron están en la cárcel. Un argumento aparentemente cierto pero falaz que, sin embrago, demuestra el viraje del sentimiento mayoritario que está detrás de las reacciones contra la condena del general Plazas.

¿Cómo cerrar, como en el caso de Plazas Vega, las heridas del pasado? ¿Cómo superar estos episodios oscuros y violentos que siguen acechando al país tantos años después? En Argentina y Chile buscaron un punto final para las secuelas de las dictaduras militares de los años ochenta con leyes de perdón y olvido. Con el paso del tiempo esas normas fueron revisadas y, al final, los Videlas y los Pinochets tuvieron que ir a la cárcel. En España el juez Baltasar Garzón, que trató de juzgar a Pinochet por delitos del pasado, ahora está ante los tribunales españoles después de haber intentado desenterrar los fantasmas de la Guerra Civil.

Lo que está en juego en Colombia no es la simple definición de la culpabilidad o inocencia de Alfonso Plazas Vega. Al fin y al cabo, esa determinación está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que definirá la controversia. Pero hay otros asuntos pendientes, de mayor alcance histórico: ¿cómo enterrar los fantasmas del pasado? Algunos han llegado a plantear una amnistía para los militares, una ley de punto final que le haga contrapeso al indulto que en su momento favoreció al M-19. Pero la idea es poco viable en lo jurídico, y en lo político no les convence ni siquiera a las Fuerzas Armadas, que no quieren ser tratadas como delincuentes. Por otro lado, la Ley de Víctimas, el fuero militar y la reforma a la Justicia, forman parte de la agenda gubernamental del presidente Santos, y la manera como se aprueben y se lleven a la práctica tendrá efectos en definir en el largo plazo si el país puede mirar hacia adelante y buscar un futuro sin violencia, o si se ahoga en la sangre derramada en el pasado.

Pero la tarea, al final, dependerá en gran medida de la Justicia. Si la investigación sobre lo que ocurrió en el Palacio, en 1985, se hubiera hecho con celeridad y eficacia, el país no seguiría hoy discutiendo qué pasó y quiénes son los responsables. Un sistema de administración de justicia creíble, despolitizado, blindado frente a la corrupción y capaz de actuar con eficacia, es una condición necesaria para que una sociedad pueda vivir en paz. Más aún en un país como Colombia, cuya historia reciente ha sido salpicada por tantas tragedias que aún no han visto ni la luz ni la verdad.
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