Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/07/13 05:00

La segunda parte de la Unión Patriótica

La justicia revivió el partido, tras 11 años, en momentos en que se negocia la paz. ¿Se pavimentan una pista de aterrizaje?

En 1997, la CIDH aceptó una demanda contra el Estado colombiano por lo que llamó "el genocidio de la UP".

Las últimas elecciones en las que un tarjetón tuvo estampado el logo de la Unión Patriótica (UP) fueron en el año 2000. Tras el asesinato de Heliodoro Durango, quien aspiraba a una curul en la Asamblea de Antioquia, los demás candidatos de esa organización se retiraron de la contienda electoral. 


Para los comicios de 2002, la UP ya había perdido su personería jurídica, pues según el Consejo Nacional Electoral (CNE), no obtuvo el número de votos necesario para conservarla. Trece años después, la Sala Quinta del Consejo de Estado acaba de resucitar legalmente a ese partido: anuló las resoluciones que declaraban su desaparición. 


La histórica sentencia reconoce que las reglas que cobijan a los partidos políticos no se pueden aplicar a la UP. Esta organización fue reducida –en uno de los episodios más vergonzosos de la historia colombiana– por el efecto de las balas de grupos paramilitares, en algunos casos con el auspicio de agentes del Estado, pero no por la falta de votos. 


Entre 1984 y 1997, según cuentas de los upecistas, fueron asesinados de la misma manera que Durango más de 2.300 de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 145 concejales. Para 2006, las cuentas de la ONG Reiniciar superaban las 6.000 víctimas, entre amenazados, desaparecidos, desplazados y asesinados. Lo que le ocurrió a la UP no fue que no alcanzó el umbral de votos necesarios, sino “que no contó con las condiciones de garantía indispensables para vincularse a la contienda electoral”, explicó la sentencia.


Además el fallo trae una carga simbólica al aparecer justo en el momento en el que el gobierno y las Farc discuten una salida negociada al conflicto armado. Aunque el consejero de Estado Alberto Yepes, quien hizo parte de la sala que revivió a la UP, ha explicado que la decisión habría sido igual con o sin diálogos, la sentencia manda un mensaje conciliador: el Estado está dispuesto a reconocer que cerró las puertas de la participación política. 


No hay que olvidar que la UP nació de un experimento político en medio de un proceso de negociación, semejante al que se desarrolla hoy en La Habana, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur. El grupo guerrillero conformó un partido con sectores simpatizantes, entre ellos el Partido Comunista, organizaciones campesinas y movimientos civiles con el aval del gobierno. 


En 1986 conquistaron nueve curules en el Senado y cinco en la Cámara. Pero a la par comenzaron los asesinatos selectivos y las masacres. Su exterminio fue justificado por la ultraderecha armada, porque en su criterio los upecistas hacían parte orgánica de las Farc. Algunos de sus integrantes como Iván Márquez, hoy jefe negociador en Cuba, volvieron al monte, pero otros se quedaron en las ciudades a hacer política. Contra estos últimos se desató la campaña sistemática de aniquilamiento. En 1997 se exilió el último senador. 


Para el director de Indepaz, Camilo González Posso, la sentencia “es un primer paso para acabar con la cultura cotidiana que acepta la premisa de que ‘si lo mataron por algo fue’”. 


Con el fallo, la UP podría presentar candidatos en las próximas elecciones de 2014. Sin embargo, los requisitos para que los partidos políticos mantengan su personería jurídica son más estrictos, pues deberán sacar 450.000 votos. Los dirigentes del partido han expresado la voluntad de conformar un frente amplio de distintas fuerzas políticas, porque solos no prevalecerían. No obstante, si no hay otras garantías, como la posibilidad de que tengan un tiempo de gracia para recuperarse, la resurrección podría ser corta. 

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