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| 5/25/2011 12:00:00 AM

“La sentencia sobre la consulta previa fortalece la Constitución del 91”

Para el personero y exconstituyente Francisco Rojas Birry, la Carta Política ha sido fundamental en la protección de los derechos de la población indígena, pese a los embates que ha sufrido.

Al acercarse la conmemoración del vigésimo aniversario de vigencia de la Constitución de 1991, traigo a la memoria el lema de la campaña publicitaria presidencial para la elección de la Asamblea Constituyente: la Constituyente era el camino. Hoy, no obstante, los trancones, reversazos, desvíos, salidas de ruta, varadas y muchas cosas aún sin arrancar, creo que el carro del cambio ha avanzado bastante y, si bien las grandes metas de la equidad, la justicia y la paz, aún están a la distancia, contamos con el suficiente combustible social para acercarnos cada vez más.

Hace dos décadas, mientras se buscaba un pacto de convivencia para resolver las demandas más apremiantes de la sociedad; desde los sectores más extremistas, en alianza con el narcotráfico, se puso en marcha la maquinaria criminal del paramilitarismo que poco a poco copó notorios espacios de la institucionalidad y de la sociedad regional y nacional. Además, segó la vida de miles de personas, desarticuló el tejido social, propició uno de los mayores desplazamientos forzados de población del planeta, despojó a los campesinos de sus tierras y capturó el Estado para ponerlo a su servicio.

Muy a pesar de la noche horrible en que se sumió a Colombia, gracias a la Constitución del 91, al andamiaje garantista que la caracteriza y a las novedosas instituciones que creó, logramos sobreponernos. El paramilitarismo, la parapolítica y el aprovechamiento ilícito de los recursos del Estado están en el banquillo y la nación exige medidas y acciones para que tal tragedia no se vuelva a repetir. Sin la Carta que nos rige, sin los cambios que introdujo en el control constitucional, la administración de justicia, la investigación criminal, la protección de los derechos humanos, la vigilancia administrativa y disciplinaria, habría sido muy difícil para el país confrontar judicialmente a los responsables, procesar a quienes se beneficiaron política y económicamente de esas alianzas delincuenciales y generar los espacios políticos para las leyes de reparación de las víctimas y de restitución de tierras que hoy se tramitan en el Congreso.

Entre la garantía y el artificio

Progresivamente, la sociedad ha hecho conciencia de que tiene derechos y que su garantía, ejercicio y respeto no son favores. En esta revolución ciudadana fue fundamental, además de consagrar una Carta de derechos, la creación o fortalecimiento de mecanismos de participación y protección como el derecho de petición, la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la consulta previa y, sin lugar a dudas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Mediante cuatro y medio millones de acciones de tutela los colombianos y colombianas han actuado para que se preserven y garanticen derechos fundamentales como la vida, la educación, la salud, la integridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Claro está, y hay que advertirlo, la efectividad del mecanismo se estrella con el argumento de las limitaciones fiscales con el que los jueces absuelven la responsabilidad social del Estado y que sirve de sustentación a la llamada “regla fiscal” que, de asumirse en el ordenamiento jurídico, sería una limitante fatal a la materialización de esos derechos.

Las acciones de cumplimiento y de grupo, instrumento básico para la protección de los derechos colectivos y del medio ambiente, son objeto de limitaciones y desestímulos. La supresión del reconocimiento económico para los gestores de estas iniciativas no es más que una forma de desmotivar su interés y facilitar la concreción de planes en los que predomina un artero pragmatismo económico.

En tal escenario, una sentencia memorable de la Corte Constitucional, motivada por los reclamos del pueblo Embera del Chocó, acaba de reivindicar la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas como mecanismo decisorio para determinar la viabilidad de megaproyectos y la explotación minera en sus territorios, tras varios años de aplicación amañada por las entidades públicas e intereses privados. La reciente movilización ciudadana por el Páramo de Santurbán y el lecho coralino de la isla de Providencia, demostró hasta dónde ha sido reducida, en algunos casos, la eficacia de los mecanismos constitucionales y legales pero también que los colombianos estamos dispuestos a defender nuestros derechos.

La actitud de reforma regresiva contra los principios constitucionales es notoria en la manera como fueron reglamentados y se han venido utilizando los mecanismos de participación ciudadana. Basta mencionar, por ejemplo, la celeridad con que las mayorías legislativas viabilizaron los referendos para la reelección presidencial sucesiva -el segundo de los cuales fue declarado inconstitucional por la Corte. La primera reelección, tras reforma constitucional, implicó un desbalance en la estructura del Estado con efectos traumáticos para la armonía institucional.

Entre tanto, el Congreso le dio la espalda a la iniciativa que se había fijado convertir el agua, hoy elemento vital para la humanidad, en un derecho fundamental. Suerte parecida corrió la iniciativa popular legislativa que buscaba recuperar derechos laborales esquilmados por la reforma laboral. Y, respecto de los trabajadores, que gran paradoja que las medidas de protección a la vida de los sindicalistas hayan resultado una exigencia del Congreso de los Estados Unidos. El sistema de seguridad social en salud, moribundo por efectos de la lógica de la rentabilidad y la corrupción, es una demostración palmaria de los resultados de un Congreso proclive a los intereses privados y contrario a los postulados constitucionales.

La Constitución está viva

Frente a las voces que, con el pretexto de inconveniencias y choques institucionales, buscan eliminar o acotar los alcances de los mecanismos de participación y protección de los derechos fundamentales, el desafío de quienes trabajamos por hacer realidad el Estado Social de Derecho que proclamó la Constituyente, es revitalizarlas como herramienta de justicia para el ciudadano. La sentencia de la Corte sobre la consulta popular es un paso firme en ese sentido, en plena celebración de los veinte años de vigencia de la Carta.

En el caso particular de los pueblos indígenas, a los cuales representé por elección popular en la Asamblea, ese reconocimiento fue el logro de luchas y sacrificios históricos. Apenas veinte años antes de la Constituyente, en el juicio por la matanza de La Rubiera, Arauca, donde dos colonos masacraron y quemaron 16 indígenas cuiba -hombres, mujeres y niños- uno de los inculpados argumentó: “Yo no creo que fuera malo ya que son indios”. Y no era una estrategia de defensa, muchos creían entonces -y algunos pocos ahora- que los indígenas y los afrocolombianos éramos seres inferiores a los que había que arrinconar a machetazos en la selva para despojarnos de la tierra.

Hoy, la participación de los indígenas en el Estado es muestra de inclusión y apertura y del propósito del país por materializar los derechos y cambios consagrados en la Constitución de 1991. No puedo decir cosa distinta que la obra que contribuimos a diseñar es la más viva expresión de lo que nos propusimos y algún día lograremos: un país de todos y para todos.
 


*Francisco Rojas Birry es abogado, Constituyente de 1991, y actualmente es el Personero Distrital.

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