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| 6/13/2004 12:00:00 AM

La sincerada

Con la aprobación del estatuto antiterrorista y de la reforma al Código de Procedimiento Penal se impuso el pragmatismo en la lucha contra el crimen., 66250

Con el nuevo estatuto antiterrorista y la reforma al Código de Procedimiento Penal el Congreso les cumplió la semana pasada a militares y fiscales uno de sus mayores deseos. Gracias al estatuto antiterrorista, de ahora en adelante los directores de inteligencia, militares y policías de alto rango podrán ordenar allanamientos, realizar detenciones y registros domiciliarios en cualquier lugar del país -incluido Bogotá- sin necesidad de una orden judicial. Bastará que tengan "serios motivos para atribuir al afectado alguna vinculación con las conductas o actos terroristas".

El comandante de las Fuerzas Militares y los directores de inteligencia del DAS, Dijin, Policía y Fuerzas Militares también podrán con plena autonomía interceptar teléfonos y registrar correspondencia en todo el país cuando tengan serios motivos para creer que así evitan que se cometa un acto terrorista.

Por último, a partir de la entrada en vigencia del estatuto, el Ministerio del Interior y de Justicia decidirá por decreto en qué zonas los ciudadanos deberán registrar sus datos de residencia. Así las autoridades podrán llevar un estricto control de la población.

Desde hace más de una década los militares habían convertido este tema en su caballito de batalla. Muchos argumentaban que debido a las restricciones legales que tenían para levantar cadáveres, registrar casas, capturar sospechosos y obtener pruebas que luego fueran válidas en un juicio, su capacidad para perseguir guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes se veía mermada.

Por su parte con la reforma al Código de Procedimiento Penal se resuelve la queja de los fiscales de que no se pueden concentrar en la solución de los grandes crímenes porque pierden muchísimo tiempo abriendo procesos de casos que jamás resolverán porque no existe la menor posibilidad de encontrar al delincuente o porque son insignificantes. De acuerdo con el principio de oportunidad contenido en la nueva reforma, los fiscales podrán escoger cuáles casos investigar y cuáles no, de acuerdo con la política criminal de Estado.

Así, por ejemplo, si el Consejo de Política Criminal decide que la prioridad es combatir los grupos armados ilegales, los fiscales podrían abandonar las investigaciones por delitos menores como robo de carros para concentrarse en la judicialización de las bandas de secuestradores.

Los fiscales también podrán negociar con un capturado no iniciarle un proceso a cambio de que delate a toda su banda, por ejemplo. La propuesta del Fiscal General era que este principio de oportunidad se pudiera aplicar a todos los delitos, incluyendo aquellos que atañen a los jefes guerrilleros y paramilitares, pero el Congreso excluyó los más graves como el homicidio y los de lesa humanidad, que siempre deberán ser investigados.



El pragmatismo

La aprobación de ambas normas ha despertado gran polémica. Los detractores dicen que dispararán los abusos de militares y fiscales. Y que estas nuevas facultades, a la postre, en lugar de servir para proteger los derechos de los ciudadanos propiciarán un ambiente en el que estos se violen con mayor flagrancia.

Los defensores del estatuto antiterrorista, por su parte, dicen que la ley tiene suficientes controles para eventuales abusos. Las decisiones de allanamientos y capturas serán revisadas dentro de las 36 horas siguientes por un fiscal o un juez de garantías. También tendrán que justificar sus actos ante Fiscalía, Ministerio del Interior, Procuraduría y Congreso en informes bimestrales. Es decir que tendrán muchos ojos encima, incluidos los de las ONG de derechos humanos.

Es cierto que a mayor poder aumenta el riesgo de cometer abusos. Pero se pierde de vista que muchas de las acciones que se autorizaron la semana pasada se vienen realizando ya desde hace tiempo.

En municipios del Caquetá como Cartagena del Chairá, en Arauca, y en cientos de municipios donde se libra la guerra, los soldados realizan 'allanamientos voluntarios'. Armados hasta los dientes golpean en las casas de campesinos donde sospechan que se esconde algún guerrillero y solicitan el permiso de la ama de casa para poder registrar. Ante semejante despliegue de fuerza es debatible qué tan voluntaria es la autorización que reciben las tropas. Muchos organismos tampoco se han abstenido de hacer por ejemplo interceptaciones sin orden judicial, como quedó en evidencia hace algunos años en Medellín. Muchas de estas acciones han sido denunciadas como ilegales y han propiciado que los oficiales terminen investigados por violaciones de los derechos humanos.

Estas conductas de facto ocurren, en parte, porque en lugares remotos como el Chairá si el comandante de la Policía se entera de que en una casa se esconde un miliciano, tiene que esperar varios días hasta que llegue la orden del fiscal del Caquetá o de Bogotá puesto que él es la única autoridad oficial del municipio en muchos kilómetros a la redonda. Y el funcionario judicial sólo llegará a la diligencia si puede viajar en un helicóptero, puesto que teme un retén de la guerrilla durante las cuatro horas de viaje por el río. En muchas regiones remotas es demasiado costoso cumplir con estos requisitos que impone la ley. Ante la precaria presencia de la justicia, los militares más temerarios recurren a su propia interpretación de las normas para cumplir su deber.

Con el principio de oportunidad ocurre algo similar. Hoy en Colombia no se investigan ni la mitad de los delitos. Por ejemplo, cuando se denuncia el robo de un celular, el policía de la estación pregunta si el denunciante quiere iniciar un proceso o sólo una prueba para el seguro. Con la nueva reforma esto seguirá siendo así pero de manera abierta.

Es decir que lo que sucedió la semana pasada fue una sincerada nacional. Pero el estatuto antiterrorista tiene una vigencia definida de cuatro años y ese plazo le impondrá una dinámica interesante al conflicto. Los militares tendrán que demostrar que estos nuevos poderes eran realmente necesarios para lograr mayores resultados en su lucha contra guerrilleros y paramilitares. Pero también saben que sus acciones serán vigiladas con mayor empeño y tendrán que cuidarse de cometer abusos.
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