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| 2/26/1996 12:00:00 AM

LA SITUACION JURIDICA

El pais se ha dedicado a debabr la situación política del Presidente, pero poco se ha avanzado en el estudio de sus problemas penales tras las acusaciones de Medina y Botero.


QUE DEBE RENUNCIAR, QUE debe retirarse temporalmente, que debe abrirse un debate político en el Congreso, que no debe abandonar el cargo en ningún caso: esas han sido las consideraciones expresadas por tirios y troyanos en estos días sobre la actitud que debe asumir el presidente Ernesto Samper. Todo lo anterior hace parte de un análisis sobre lo que debe hacer y tiene qúe ver esencialmente con una discusión política. Sin embargo algunos penalistas consultados por SEMANA consideran que, además de estudiar lo que el Presidente debe hacer, es necesario echar un vistazo a lo que le puede suceder, esto es desde el punto de vista jurídico.
Para todos los penalistas interrogados, con la información disponible resulta prácticamente imposible no abrir una investigación penal formal en contra del jefe del Estado. "Dos testimonios como los de Medina y Botero, avalados en alzunos de sus apartes por documentación y otras declaraciones de testigos, como María Izquierdo y Guillermo Pallomari, son mucho más de lo que un fiscal común y corriente necesitaria para llamara indagatoria a un sindicado común y corriente ", explicó a esta revista uno de los juristas consultados. "Sus dos inmediatos subalternos en una empresa agregó la fuente han asegurado ante la Fiscalía que Ernesto Samper les ordenó ejecutar una serie de acciones violatorias de la ley, y con eso debería bastar para abrir una investigación formal".
Lo anterior quiere decir que cuando el expediente pase de la Fiscalía al Congreso, a la Cámara de Representantes no le va a quedar más remedio que abrir la indagación formal y analizar la posibilidad de una acusación ante el Senado. Para algunos de los penalistas consultados, el proceso ya no tendría que pasar por la Comisión de Acusaciones, "pues las nuevas evidencias son pruebas sobrevinientes que destruyen de modo evidente el auto inhibitorio de la Comisión y obligan a abrir una investigación formal, y como la tarea de la Comisión es justamente valorar si hay elementos para abrir una investivación formal, el paso por la Comisión estaría superado".
Pero, ¿de qué podría ser acusado Samper? Hay varias posibilidades. Para empezar, estaría el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, cuya pena según el Código Penal es de cinco a 10 años. En este caso la conducta no se tipificaría en virtud de la letra del artículo del Código que define esa conducta y de la jurisprudencia disponible, según las cuales dicho enriquecimiento se da cuando se produce un incremento patrimonial injustificado con dinero proveniente de actividades del narcotráfico. Se daría en desarrollo de una nueva jurisprudencia que se viene abriendo camino en la Corte Suprema, según la cual se asimilaría el incremento patrimonial a la obtención de los beneficios económicos, de poder y de status que se derivan de alcanzar la Presidencia de la República con la ayuda de grandes cantidades de dinero del narcotráfico.
Sin embargo este es un tema jurídicamente complejo, e incluso quienes en el mundillo penal han venido trabajando en esta interpretación del enriquecimiento ilícito coinciden en que no resulta fácil de demostrar que lo que hizo Ernesto Samper en su campaña presidencial fue enriquecerse ilícitamente. Otra cosa sería que se pudiera demostrar que el Presidente se lucró personalmente con una parte de esos recursos, algo sobre lo cual no existe ni sospecha, ni mucho menos prueba alguna.
Otro asunto es el fraude procesal que se derivaría de la presentación, por parte de la campaña, de balances absolutamente ficticios sobre los ingresos y gastos de ésta. Aunque los balances no llevan la firma de Samper, los testimonios de Fernando Botero, Santiago Medina y María Izquierdo apuntan hacia que el entonces candidato fue quien ordenó que millonarios aportes de los grupos econ6- micos para la segunda vuelta fueran mantenidos por fuera de la contabilidad oficial.
Este no es un asunto menor desde el punto de vista penal. De hecho, la pena por fraude procesal va de uno a cinco años. Pero, curiosamente, desde el punto de vista de la opinión pública la valoración es un poquito diferente. Aunque parezca increíble, y seguramente porque la capacidad de sorpresa de los colombianos en todo este escándalo se ha ido agotando, mentir en los balances de una campaña electoral para esconder que se rebasaron topes que el carácter reñido de la elecci6n se llevó por delante mucho antes de la segunda vuelta, no es percibido como algo realmente grave. Lo que le da un cariz mucho más delicado es que, gracias a la falsedad de los balances, la campaña pudo reponer alrededor de 1.500 millones de pesos que el Estado es decir, los contribuyentes le entregó en cumplimiento de normas sobre financiación estatal de las campañas."Por más que a la gente le parezca relativamente normal mentir en esas materias por considerar que los topes fueron irreales, el asunto es gravísimo, pues estamos hablando de la cúpula de una campaña, que luego fue la cúpula de un gobierno, mintiendo para obtener fondos públicos por una cantidad nada despreciable", dijo a SEMANA a uno de los juristas consultados. Sin embargo aún falta ver si los testimonios disponibles son suficientes para demostrar que Samper jugó un papel central en esa operación.
Los analistas creen que otro delito que podría ser imputado al Presidente es el de favorecimiento, más conocido como encubrimiento u obstrucción a la justicia. Esta conducta no se habría tipificado, como podría creerse, en lo que Samper pudo haber hecho para que no se conociera la narcofinanciación de la campaña, pues el favorecimiento sólo se da cuando se encubre un delito cometido por otra persona y no por el propio sindicado. Pero este delito sí podría haberse tipificado si se confirma, con base en los testimonios de Botero, que el Presidente dio instrucciones para que en los primeros meses del gobierno no se persiguiera debidamente al cartel de Cali, lo que constituiría un claro ejemplo de favorecimiento. A diferencia de las anteriores, esta conducta no produce prisión sino sólo arresto, que va de seis meses a cuatro años.
Todo lo anterior debe ser examinado en estos días con sumo cuidado. La posibilidad de que un primer mandatario sea procesado penalmente y que termine pagando por ello una pena privativa de su libertad es una perspectiva que, así emocione las mentes de algunos antisamperistas furibundos y revanchistas, no es para nada deseable nara un país que ha pretendido siempre diferenciarse en materia de su civilización política y jurídica de algunos de sus vecinos del trópico. Para evitar que escenarios como éste se presenten, hay países que cuentan con la institución del perdón presidencial, que fue la que salvó de la cárcel a Richard Nixon en Estados Unidos en 1974. En Colombia ese mecanismo no existe y por esa razón resulta imperioso que, antes de proceder a avanzar en el terreno penal de una eventual acusación contra el primer mandatario, sean evaluadas todas las consecuencias que podrían derivarse de ello. Aunque es verdad que la ley es para todos y que nadie debe estar por encima de las normas, también lo es que debe ser considerado del mayor interés nacional darle a todo este lamentable episodio que ya bastante dano le ha causado a Colombia, un epílogo menos dramático y más digno para todos los protagonistas.
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