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| 1/26/2004 12:00:00 AM

La sombra de Herodes

En vísperas de la presentación por cuarta vez de un proyecto de reforma al Código del Menor, SEMANA revela los problemas que tiene el Estado para proteger a los niños en peligro.

La unica certeza que tiene Marta Echeverry en su vida es que no está dispuesta a perder a ninguno de sus siete hijos. No le importa lavar el piso de una panadería todas las noches para que le regalen el pan. Ni sacar la basura en una fama para llevarse los restos de carne. Ni reciclar en su zorra 10 horas al día para ganarse sólo 8.000 pesos diarios. "Si me toca pedir pido, pero no regalo a ninguno de mis niños", asegura esta mujer de 40 años.

Por eso cuando la policía llegó hace dos años con Marcela, su hija mayor de 11 años, y le quitó a las otras 4 niñas de 2, 4, 5 y 7 años, Marta se quiso morir. Intentó explicarle al agente que Marcela se le había escapado a pedir plata en Kennedy pero que ella jamás la había enviado. Sin embargo, cuando el policía le dijo que una zorra no era un buen dormitorio para siete niños pequeños, ella se quedó sin argumentos. La acababan de desalojar de un cambuche en la 80.

De la comisaría de familia a donde llegó en la camioneta de la policía con sus hijos, los enviaron a un hogar del Icbf en Kennedy. Allí le ofrecieron a Marta que le cuidaban a las niñas de 8 de la mañana a 6 de la tarde mientras reciclaba. Las cosas funcionaron bien hasta que un día llegó tarde a recogerlas y a la mañana siguiente descubrió que las habían remitido al Centro Unico de Recepción de Menores (Curn).

El Curn, manejado por el Departamento de Bienestar Social de la Alcaldía de Bogotá, recibe los niños menores de 10 años que están pidiendo limosna, que han sido víctimas de maltrato familiar, que han sido violados o han sufrido abusos y que son enviados por las comisarías de familia, el ICBF, los hospitales o la policía.

Los casos que llegan son dramáticos. En diciembre llegó una niña de 8 años que habían drogado para violarla. También llevaron al hijito bebé de un jíbaro, al que le encontraron marihuana en los bolsillos del saco. Hace unas semanas, un hospital les remitió un bebé de 9 meses fracturado de brazos y piernas por los papás, que en una pelea brutal lo habían jalado como si fuera una almohada. Y mendigos que recién acaban de aprender a hablar aparecen todos los días.

El Curn contacta a la familia, trabaja con ella, les practica los exámenes de medicina legal a los que presume han sido abusados sexualmente y entabla las denuncias pertinentes ante la Fiscalía. Idealmente, en los primeros tres meses la defensora de familia decide si los niños se deben devolver a los padres, tíos o abuelos, si se localizan en un hogar sustituto o en otra institución o si los declaran en abandono para ser dados en adopción.

Consuelo Salazar, la directora de este centro con una infraestructura de lujo, ubicado en la Primera de Mayo en el centro de Bogotá, dice que el año pasado, un poco menos de la mitad se reintegraron. "La permanencia del niño acá depende de los papás. Nos interesa ver en ellos un interés por cambiar y ofrecerle al niño las mínimas condiciones de seguridad", afirma Salazar.

Cuando comenzó el proceso para que le devolvieran sus niñas Marta sintió que le estaban poniendo una penitencia. Le pidieron que las registrara en el Sisbén, que les buscara una escuela, que arrendara una piecita para que no durmieran en la zorra, y que se alejara del marido que se emborrachaba y maltrataba a las niñas.

"Yo revolé para conseguir todo lo que me pedían, pero era demasiado para mí", dice Marta, que se demoró 14 meses en recuperar a sus dos hijas más pequeñas, que hoy están internas en el Hogar Niños por un Nuevo Planeta, una fundación privada en el norte de Bogotá donde Marta las visita todos los días mientras se organiza.

El caso de los hijos de Marta sucede a diario en todos los rincones del país. Y desafortunadamente es uno de los más sencillos de atender. Con un 60 por ciento de la población infantil colombiana por debajo de la línea de pobreza y un 9 por ciento en la absoluta miseria, una cultura arraigada de maltrato intrafamiliar y más de 11.000 niños víctimas de abuso sexual cada año, los dilemas que enfrentan a diario los defensores de familia -muchos de ellos gente heroica- son profundos.

¿Dejarlos con una familia que no les garantiza los más mínimos derechos o declararlos en protección para que ingresen a un sistema que en muchos casos los maltrata nuevamente?

"A veces es peor el remedio que la enfermedad", dice una psicóloga que ha trabajado con varias de estas instituciones del Icbf.



Los problemas

El Icbf tiene 203 centros zonales de bienestar familiar distribuidos en todo el país que en principio atienden a varios municipios. Pero dado que por lo menos un cuarto de ellos están en las grandes ciudades y la mayoría tienen limitaciones económicas y de personal, en la práctica según el informe 'Derechos humanos de la niñez en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo en 2001, en materia de protección hace presencia en menos de 200 municipios. Y en todo caso, el volumen de trabajo de cada defensor de familia -que normalmente maneja entre 250 y 500 casos a la vez- impide que puedan proteger efectivamente a todos los niños que lo requieren.

Esto lleva a que con relativa frecuencia terminen conviviendo niños víctimas de abuso sexual con otros niños mayores que repiten sobre los pequeños la agresión que sufrieron; a que el Icbf no ejerza una adecuada vigilancia sobre todas las fundaciones privadas que cuidan niños y donde existen evidencias de maltrato, y a que exista una tendencia a implantar la adopción como una de las principales medidas cuando debería ser un recurso extremo, como lo constató en un fallo de tutela reciente la Corte Constitucional y como lo sintió Marta cuando le propusieron dar en adopción a sus dos niñas menores; también lleva a que se ubiquen niños abandonados en casas de menores infractores por falta de un mejor sitio.

Por ejemplo, Beatriz Linares, delegada de la Defensoría para los Derechos del Niño, la Mujer y la Juventud, encontró en 2001, en una visita en Villavicencio, a un niño de 10 años privado de su libertad en el Centro de Atención al Menor Infractor de esa ciudad, en donde según la ley sólo deben estar niños mayores de 12 años. Cuando investigó la historia encontró que el menor era natural de Granada (Meta) y que había llegado al Icbf remitido por el padrastro después de que su mamá se había suicidado con un veneno. La defensora de familia lo puso en un hogar sustituto, donde duró muy poco pues al parecer le robó algo a la señora. Deambulando por la calle, el niño fue obligado por un anciano que permanecía en el parque a practicar actos sexuales. Como allí no había una institución de protección, lo enviaron al centro de infractores de Villavicencio con la idea de sacarlo de la calle. "Al defensor de familia nunca se le ocurrió preguntar por un pariente", recuerda Linares, quien finalmente lo ayudó a ubicar con un tío.

"La privación de la libertad, es decir, el internamiento de un niño o niña en un establecimiento del cual no se le permite salir, salvo por orden de una autoridad judicial competente, es una práctica usual de los jueces, defensores de familia del Icbf y de los comisarios de familia, que de manera sistemática la ordenan para aquellos niños y niñas que son pobres, que no tienen familia, que son explotados en las calles de las ciudades o que han cometido faltas leves o levísimas", dice el informe de la Defensoría, que según Linares, sigue vigente aún dos años después.

Está también el caso contrario, como el de los hermanos Bayona Montañez. Tres de ellos presuntamente fueron violados por su papá y casi todos estaban desnutridos y sin vacunar. Tres eran adictos a sustancias psicoactivas. Luego de ocho meses de haber sido separados de su familia y pese a que el tío había pedido su custodia, la defensora de familia decidió que debían ser reintegrados a su madre en Cúcuta. Pero en este caso, gracias a un derecho de petición entablado por una abogada que lo conoció, se demostró que la mamá seguía viviendo con el padre violador y se les declaró en peligro. Hoy permanecen en Michín, una institución del Icbf, mientras la mamá recibe apoyo terapéutico. Pero no se sabe cuántos han sido devueltos a un padre violador.

El peor caso es el de una fundación privada que recibe hijos de prostitutas y que está a cargo de un sacerdote sobre quien pesan cuatro denuncias no resueltas por violación. El defensor de familia que recibió las quejas hace un par de meses aún no ha podido verificar los testimonios de las víctimas, aunque la directora regional del Icbf en Bogotá asumió el caso personalmente la semana pasada.

"Somos conscientes que existen falencias y estamos haciendo grandes esfuerzos por corregirlas. Pero la protección de los niños no puede ser responsabilidad exclusiva del Icbf", dice su directora Beatriz Londoño. Dijo a SEMANA que están desarrollando un mejor sistema de vigilancia y control y una nueva regulación para las adopciones.

Pese a todas las deficiencias que presenta, es cierto que el Icbf es la institución del Estado que de lejos más hace por los niños, aunque en teoría todas debían tenerlos como prioridad. Una defensora cuenta que la policía llega a los centros zonales y "descarga a los niños que recoge en la calle como si fueran bultos". Que las escuelas cuando identifican un niño maltratado inmediatamente lo llevan al Icbf sin haber siquiera intentado hablar con la familia. Que la Fiscalía poco mueve los casos de violación y abuso sexual. Y que de los hospitales les llegan niños maltratados todos los días sin que la clínica se haya tomado el mínimo trabajo de identificar su nombre y el de sus familiares.

Todos estas fallas en la protección de los niños -tema del cual sólo hablan las reinas de belleza y ocupa la agenda sólo de las primeras damas-tienen graves repercusiones económicas y sociales. Mientras un menor en un hogar comunitario (ver artículo Semana.com), que es de prevención, le cuesta al Estado 44.000 pesos al mes, un niño abandonado en una casa de adopción le cuesta 310.000 Y en una de protección, entre 350 y 400.000 pesos. Si todas estas instancias fallan, y se convierte en delincuente, el Icbf tiene que pagar 700.000 pesos mensuales por su manutención en un centro de menores infractores. Y si solo fuera plata, vaya y venga. Pero lo que está en juego es la vida de unos niños que son el futuro del país.
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