Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2009/01/11 00:00

La sombra de la reelección

El 2009 comienza con la incertidumbre creada por el fantasma de la reelección de Uribe. El limbo institucional que esto ha creado no debe durar más tiempo.

Uribe y el país están asumiendo un enorme costo sin que haya muchas opciones de que la reelección pueda concretarse

No hay nada más grave para el progreso de un país que la incertidumbre. Y en Colombia el año 2009 comenzó con dos: la económica y la política. La primera obedece a la crisis financiera mundial, y a la inminente desaceleración de la economía colombiana. Y la política, obedece al fantasma de la segunda reelección de Álvaro Uribe.

La combinación de estas dos incertidumbres agrava un panorama nacional para un año que de por sí no pinta bien. La crisis económica depende, en gran medida, de factores externos que el gobierno no está en capacidad de controlar. La crisis política, en cambio, tiene su origen en la ambigüedad que Álvaro Uribe ha creado alrededor de un posible tercer período presidencial. Como consecuencia de esta ambigüedad, el país se encuentra en una especie de parálisis política que está desembocando en un limbo institucional.

Proyectos de ley de gran envergadura no han podido ser estudiados por darle prioridad a la reelección del Presidente. Respetables dirigentes políticos que tienen una legítima aspiración presidencial se rascan la cabeza y no saben qué hacer frente a la falta de definición del primer mandatario. Los partidos políticos dan palos de ciego, pues no saben cómo jugar sus fichas frente a las próximas elecciones. La comunidad internacional, comenzando por el nuevo gobierno de Obama, ve con gran preocupación ese viraje caudillista. En los medios, no hay ni un periódico, ni una revista ni un columnista serio, que vea con buenos ojos la permanencia de Uribe en el poder. Y la opinión pública en general, aunque todavía uribista, es cada vez menos reeleccionista.

Lo desconcertante de todo esto, es que el país y Álvaro Uribe están asumiendo este enorme costo sin que haya muchas posibilidades de que la segunda reelección del Presidente pueda concretarse. Y el camino que hay que recorrer de aquí en adelante es tortuoso y está lleno de espinas.

La situación en la actualidad es que por cuenta de un minigolpe de Estado en el Congreso al filo de la medianoche -y a través de unas sesiones extras irregulares- el referendo reeleccionista quedó aprobado en la Cámara para el 2014. Ahora comienza el trámite en el Senado, donde la aplanadora oficial puede asegurar no sólo que se apruebe sino que se modifique la fecha para el 2010. No es seguro que la modificación de esta fecha sea jurídicamente inmaculada, pero el gobierno ya ha dejado claro que a estas alturas no está para sutilezas jurídicas.

Después de que el referendo sea aprobado y modificado por el Senado requiere el visto bueno del Consejo Electoral y de la Corte Constitucional. Si en el primero se consigue, en el segundo la cosa va a ser más difícil. En la actualidad hay dos vacantes en la Corte y el gobierno se asegurará de que los elegidos sean de su entera confianza para estas materias. Aun así el número de irregularidades que se han presentado en el proceso tanto en materia financiera como jurídica son tan grandes que aun la maquinaria uribista a todo vapor no garantiza que la aprobación final de la Corte esté asegurada. Cada magistrado al fin y al cabo se está jugando su prestigio como jurista en esa votación.

A menos de que ocurra algo excepcional o de que se acuda a vías de hecho, hoy es casi imposible que en Colombia se llegue a aprobar una herramienta jurídica que permita a Uribe reelegirse una vez más de manera inmediata. El camino del referendo, por ejemplo, está prácticamente muerto. Y lo está por cuatro razones: las cuentas, los tiempos, los vicios de procedimiento y los votos.

La primera razón, las cuentas de la financiación del referendo, siguen sin aclararse y ese es uno de los dos requisitos ineludibles para que el Congreso pueda debatir la reforma. Puede llegar a convertirse en el gran argumento que tarde o temprano sepulte el referendo. Ya sea porque el Consejo Electoral diga en los próximos meses que se violaron los topes y no se puede seguir adelante con el debate o porque la Corte considere que se trate de un vicio que no se puede subsanar. Algunos lo han subestimado, pero se trata de un argumento que toca las fibras más sensibles de la democracia: respetar los topes de financiación exigidos por la ley es garantizar que una llamada iniciativa ciudadana no sea manipulada por los intereses de unos cuantos. Si no existiera ese filtro nadie podría evitar que el día de mañana, por ejemplo, una iniciativa anónima buscara reformar la Constitución para aceptar modelos de negocios como los de DMG. "Lo de la financiación no es una cosa de segundo orden, es la manera de impedir que los caudales torrentosos de dinero aplasten a la democracia", explica el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán.

En segundo lugar, aunque matemáticamente el tiempo que queda daría para sacar adelante el referendo, los ritmos lentos de la política no le auguran mucha vida por delante. Si en la Cámara el debate se demoró tres meses, en el Senado por bien que le vaya estará listo en junio. Si para la reforma que dio pie a la primera reelección la Corte Constitucional de entonces se tomó ocho meses para dar su fallo, la de ahora, con seis de los nueve magistrados recién estrenados, difícilmente lo hará en menos de la mitad de ese tiempo. Y si el fallo llegara a ser positivo, se convoca al referendo, cuya organización se toma también su tiempo. En el caso del referendo de 2003 pasaron cuatro meses entre la fecha en que se anunció el fallo y la votación en urnas. Se necesitaría realmente un milagro para que se llegue a dar el más optimista de los escenarios y se esté votando el referendo a más tardar en noviembre de este año. No se descarta que el gobierno convoque a extras en febrero para tratar de agilizar el trámite, pero eso tampoco garantiza que se logren cumplir los plazos.

El obstáculo de los supuestos vicios de procedimiento en los que se ha incurrido no es menos importante. Ya se mencionó el de las irregularidades en la financiación, pero también está el vicio en que se podría incurrir si se cambia la fecha de 2014 a 2010 porque ya en uno de los debates se prohibió tajantemente esa modificación. Y también hubo una irregularidad en el decreto del llamamiento a extras que el Presidente expidió poco antes de la medianoche del 16 de diciembre, cuando el Congreso estaba sesionando, contrario a la norma que exige que se haga cuando la corporación está en receso. El senador liberal Juan Fernando Cristo lo plantea de la siguiente manera: "Ese acto de enviar el decreto a la medianoche tuvo poco impacto por la fecha en que se dio pero es como de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana: el mensaje del Presidente era 'no se sale ninguno hasta que voten'". La nueva Corte Constitucional tendrá entonces su prueba ácida con el referendo, tendrá que decidir si esos vicios, y otros más de los que la oposición lleva atenta cuenta, son suficientes para tumbarlo.

El cuarto y último obstáculo del referendo es el de las urnas. Se necesita que salgan a votar siete millones de personas y que de ellas, la mitad más uno vote sí. Con un Presidente que no baja en las encuestas de 70 por ciento en popularidad y que logró casi 7,4 millones de votos en el 2004 se podría pensar que es fácil. Pero una cosa es votar por el presidente, y otra por un referendo. Más aún cuando ha caído 14 puntos el porcentaje de las personas que están de acuerdo con la reelección y hoy apenas superan el 50 por ciento. El interés de algunos uribistas de hacer coincidir los otros dos referendos que están en trámite -el del derecho al agua potable y el de la cadena perpetua para quienes abusen de niños- y así garantizar que más colombianos se animen a ir a las urnas, tampoco se ve posible pues ninguno ha comenzado siquiera a ser debatido en el Congreso.

Ante la evidencia de que el referendo tiene un camino demasiado tortuoso por delante, la locomotora que jala la reelección va a tratar de dejar a un lado el referendo y pasar a promover la reelección en 2010 vía acto legislativo. Ya no se trataría de decirle sí o no a una iniciativa respaldada por 4,3 millones de colombianos, sino que cada uno de los congresistas estaría asumiendo de manera directa la responsabilidad de darle vía libre al Presidente para su reelección.

Es decir, sería tomar el camino que en un primer momento evitaron los promotores de la reelección. En ese entonces, apelaron a las firmas de ciudadanos como una estrategia para restarle argumentos al fallo de la Corte Constitucional según el cual sólo se puede reelegir una vez de manera inmediata al presidente porque de lo contrario se rompe el equilibrio de poderes creado por la Constitución. El razonamiento que hacían es que si el pueblo es el que clama un nuevo mandato de Uribe, no se puede hablar de la "sustitución de la Constitución" sobre la que advertía la Corte en su sentencia.

Si el del referendo es un camino muy difícil, el del acto legislativo puede ser igual o peor. Requiere dos vueltas en el Congreso, es decir, ocho debates. Y a esta altura del partido el gobierno ha mostrado cierta fatiga de metal en su manejo del parlamento. Si a eso se le suma que la reelección inmediata no les gusta a muchos de los congresistas se ve más cuesta arriba lograr la aprobación.

De todas maneras no se puede subestimar el poder de la aplanadora del gobierno. No se puede descartar, por ejemplo, que para diciembre de 2009 ya esté aprobada la reforma constitucional que permita la reelección. Las cuentas que hacen algunos uribistas es que con la aprobación del Congreso en el bolsillo, Uribe presentará su nombre como candidato y saldrá elegido en mayo de 2010. Porque, a diferencia del referendo, el acto legislativo no tiene que pasar por examen previo de la Corte Constitucional. Sin embargo, las cuentas se les pueden aguar, porque desde ya se da por descontado que habrá lluvia de demandas contra la reforma y la Corte aunque tendrá muy poco tiempo, cerca de cinco meses, podría ponerle freno a un período de 12 años que no existe en ninguna democracia de régimen presidencial, como la colombiana, en el mundo.

Los obstáculos para la reelección no se limitan, sin embargo, a lo puro jurídico o la mecánica legislativa. Desde julio el apoyo a la reelección del Presidente en 2010 va en caída libre: de 74 a 54 por ciento, según los últimos datos de Invamer-Gallup. El creciente desencanto con la posibilidad de un Uribe Tercero no se limita a Colombia. Medios conservadores y que han apoyado al Presidente en el pasado, como The Wall Street Journal y el Economist lo han comparado recientemente con caudillos latinoamericanos. La revista inglesa dijo la semana pasada que para la nueva administración de Barack Obama se interpretaría de igual manera el referendo reeleccionista de Uribe con el que promueve el presidente Hugo Chávez en Venezuela. Se vería, según el Economist, "igual de autocrático que su vecino". Una comparación que no ayuda para nada a los intereses del gobierno colombiano en Estados Unidos.

Además de las evidentes dificultades de poder sacar adelante la reelección -los vicios en el trámite, el apoyo voluble en el Congreso, el escepticismo de la opinión pública-, hay uno que posiblemente genera el mayor costo: la parálisis de la gestión del gobierno. Al volverse la reelección el tema prioritario, otros asuntos fundamentales han quedado relegados como la reforma financiera y la ley de víctimas. La misma reforma a la Justicia, catalogada de histórica por el ministro del Interior, Fabio Valencia, fue sepultada por el referendo. Decisiones cotidianas como decretar el salario mínimo se vuelven complejas porque se debe medir su impacto sobre la reelección. La creación de fondos de ahorro obligado o el aumento de la cobertura de programas como Familias en Acción, en otra época elogiados, son vistos como cajas menores para financiar la prolongación del mandato de Uribe.

Lo insólito de todo lo anterior es que se entendería si se ajustara a la doctrinas de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. En otras palabras, no es absurdo hacer artilugios y uno que otro truco de alquimia burocrática para mantenerse en el poder. Pero lo que si no suena sensato es asumir ese desgaste político y personal para el Presidente, y el gigantesco costo para el país, para no llegar a la meta. Y ese es el camino hacia donde se dirige Colombia.

El presidente Álvaro Uribe, quien indudablemente transformó al país, de no haberse embarcado en esa aventura reeleccionista estaría terminando su mandato de ocho años con la adoración del uribismo y el respeto del anti uribismo. Por cuenta de haberse bajado del pedestal, y de caer en tentaciones mesiánicas, la situación actual es de crítica entre sus seguidores e indignación entre sus opositores. El proceso que se está viviendo en la actualidad en el país no corresponde ni al talante del proceso político colombiano ni a lo que parecía ser el talante de Alvaro Uribe Vélez. Este último se había caracterizado durante toda su vida pública como un hombre serio y frentero. Su reciente actitud de caudillo de República bananera, puede acabar con su legado histórico.

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