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| 4/27/2011 12:00:00 AM

“La sostenibilidad fiscal se puede convertir en la máquina de la muerte de los derechos”

El exconstituyente Gustavo Zafra explicó por qué, en su criterio, la participación ciudadana se ha quedado corta en el desarrollo de la Constitución del 91. Para él, el Legislativo y el Ejecutivo han querido limitar el poder ciudadano.

La democracia participativa es uno de los ejes centrales del espíritu de la Constitución de 1991. Pero, a la vez, se ha convertido en uno de los postulados pendientes por desarrollar en un país sometido por el centralismo, la exclusión de grandes franjas de la población, el autoritarismo, la corrupción y la falta de compromiso ciudadano por los asuntos públicos.

A propósito de esa asignatura pendiente, el asesor jurídico de la Corporación Viva la Ciudadanía, Gabriel Bustamante, habló con el abogado y exconstituyente Gustavo Zafra Roldán.

Gabriel Bustamante Peña: ¿Cuál era la apuesta política de la Constituyente cuando elevó a pilar fundamental la democracia participativa?

Gustavo Zafra Roldán:
Hay que tener en cuenta que la Constituyente fue el resultado de un amplio proceso participativo y que la democracia participativa fue el único tema que expresamente se convirtió en un mandato en la papeleta de convocatoria. Hay que recordar que el texto enunciaba una orden del pueblo para hacer una Constitución con democracia participativa. Lo segundo es que por entonces se habían agotado las instancias institucionales de reforma y el Congreso había obstaculizado el desarrollo del país con dos intentos frustrados en los gobiernos de López y de Turbay. Y en tercer lugar, que la Constitución de 1991 quiso entregar mayor poder de decisión a los ciudadanos, de ahí surgieron todas las instituciones que desarrollan dicho poder como el referendo, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular legislativa y normativa, el cabildo abierto, entre otras.

G.B.P.: Pero todo el avance institucional para la participación en la práctica ha quedado disminuido. ¿A qué se debe que no se avanzara en la realidad a pesar del marco progresista en este sentido?

G.Z.R.:
A que, en materia de participación ciudadana, matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. O, como dijo Lleras de la Fuente: “Hicimos el niño y se lo entregamos a Herodes”. Todo el proceso de generar poder ciudadano fue reprimido por medio de la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana (Ley 134 de 1994). Esta ley es el producto del miedo del Congreso a otorgar verdadera fuerza decisoria a la ciudadanía. Es un estatuto lleno de requisitos imposibles de cumplir. Por eso no hemos tenido revocatorias de mandato, a pesar de que abundan los gobernantes mediocres, ni hemos llevado a referendo los asuntos esenciales que debería deliberar el país.

G.B.P.: Otorgar poder al ciudadano necesariamente implica mermar poder al gobernante y de ahí el conflicto de interés que se presentó…

G.Z.R.:
Claro. El temor por la democracia participativa no era, ni es, infundado. Recuerde que los parlamentarios de la época, entre ellos el entonces congresista Álvaro Uribe Vélez, fueron destituidos por la Constituyente en virtud del poder sin límites que tenía el constituyente primario, expresado en la Asamblea Nacional de 1991. De ahí la animadversión y la apatía de Uribe hacia la Constitución de 1991, que en últimas terminó por derrotarlo. Por eso es interesante observar la importancia del fallo de la Corte Constitucional que tumbó la segunda reelección, dio supremacía al constituyente primario como el único facultado para cambiar la Carta Política y dejó sin piso la manipulación de un mecanismo de participación como el referendo, que no fue creado para estipular la reelección presidencial perpetua.

G.B.P.: ¿Usted cree que se acentuó la falta de participación en lo local?

G.Z.R.:
En lo local se llevó a cabo otra disputa, la del poder central contra las regiones. La descentralización, otro pilar de la Constitución de 1991 y sin la cual la participación ciudadana es inocua, tocó los intereses del gobierno nacional y del Congreso. Por eso hoy el debate se está dando a partir de las discusiones de autonomía regional planteadas por gobernadores como Eduardo Verano en Atlántico, Horacio Serpa en Santander y Antonio Navarro en Nariño. Eso sin contar con la lucha de los pueblos indígenas por reglamentar la autonomía en sus territorios señalada por la Constitución, que ha encontrado en el Congreso enemigos históricos como el senador caucano Aurelio Iragorri, que representa intereses contrarios a los de estas comunidades.

G.B.P.: ¿De ahí la propuesta del voto Caribe y la región Caribe?

G.Z.R.:
Si, pero a Eduardo Verano le he advertido que, por la prisa, no vaya a quemar el modelo. Precisamente los graves problemas que se han presentado con las regalías en muchos departamentos, o el tema espinoso de las corporaciones autónomas regionales, son evidencia de que la autonomía regional es un proceso que se tiene que construir y en el cual es clave otorgar previamente poder al ciudadano; avanzar hacia modelos de gobierno con prácticas democráticas, como la rendición de cuentas y sin obviar el acompañamiento necesario del gobierno nacional.

G.B.P.: Y, ¿qué características debe tener el acompañamiento del gobierno nacional a los entes territoriales?

G.Z.R.:
Debe ser de corresponsabilidad territorial en la gestión pública y no de centralismo y negación de la participación ciudadana que practican a ultranza en Planeación Nacional. Aquí se institucionalizó que los derechos tienen que depender de los conceptos de Planeación, dictados por unos técnicos en la 13 con 26 que no sabemos ni cómo los eligen. Y ahora, con la propuesta de sostenibilidad fiscal, este modelo se va a exacerbar: Planeación Nacional volviendo un CONPES los derechos constitucionales y Ministerio de Hacienda negando recursos para los derechos sociales bajo la excusa del cumplimiento del derecho a la sostenibilidad fiscal. Hoy la sostenibilidad fiscal se puede convertir en la máquina de la muerte de los derechos a salud, educación o vivienda digna.

G.B.P.: ¿Que responsabilidad les atañe a los ciudadanos en todo el estancamiento de la participación?

G.Z.R.:
La apatía y el desinterés de los ciudadanos son culpa del sistema educativo. El sistema educativo no está formando ciudadanos, formamos a los niños y jóvenes para el individualismo, por lo que, mientras yo no tenga el agua al cuello, creo que el problema no es mío. Por eso Colombia está fracturada como nación y la gente cree, por ejemplo, que no hay conflicto armado cuando tenemos una de las tragedias humanitarias más graves del mundo a causa de una guerra que nos negamos a ver.

G.B.P.: Ante esta apatía ¿cómo ve usted la propuesta de voto obligatorio?

G.Z.R.:
Ante fenómenos de corrupción, clientelismo y aprovechamiento de las necesidades de la gente con fines electorales, antes de hablar de voto obligatorio, tendríamos que alcanzar el voto libre.

G.B.P.: Y los medios de comunicación ¿qué carga de compromiso tienen en el fracaso del poder ciudadano y la participación efectiva?

G.Z.R.:
Toda. La indolencia de la sociedad colombiana es alimentada por los medios. Cómo es posible que se le diera una semana entera de despliegue a la patada que le dio un jugador de fútbol a una lechuza y, al tiempo, si apenas se mencionó la muerte en Buga de dos ancianos de 90 años y sus dos hijos de 60 por robarles la pensión. ¡Cómo es posible que fruto de esa visión superflua de la vida que nos presentan a diario estemos ante la macabra situación de soldados asesinando jóvenes para ganarse unas vacaciones y esto se presente simplemente como falsos positivos!

G.B.P.: Por último, ¿qué opinión le merece la propuesta del gobierno nacional de replantear la participación ciudadana por medio de una nueva ley estatutaria que, entre otras cosas, racionalice la multiplicidad de espacios de participación que existen en la actualidad?

G.Z.R.:
Me parece que si la lógica es institucionalizar aún más la participación, esto puede ser muy peligroso. Hay que superar la intromisión del Estado en la sociedad civil y eso empieza por aceptar que una cosa es el Estado y otra la sociedad. Por ejemplo, ¿será que los jóvenes necesitan normas para participar? Cuando la muerte de Luis Carlos Galán, en la Javeriana se estaba decidiendo si se autorizaba o no la participación de los jóvenes en la marcha del silencio y en medio de la discusión, yo les dije: “Decidan rápido porque los muchachos ya van en la 26”.


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