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| 8/21/2012 12:00:00 AM

La tecnomecánica, un debate que echa humo

Cerca de 300.000 propietarios de vehículos están afectados y en el limbo jurídico por la revisión de los carros en el país.

Cuando el Gobierno expidió a comienzos de este año el Decreto Ley 019, conocido como Ley Antitrámites, buscaba eliminar varios de los requisitos que le resultaban más molestos y engorrosos a los colombianos. Uno de ellos era la revisión técnico-mecánica de los de vehículos. Por eso cuando se conoció el decreto que eliminó dicho trámite para los carros particulares con menos de seis años de uso, muchos propietarios sintieron un alivio, no sólo por los recursos que se ahorraban, sino por el tiempo que se perdía en los diagnosticentros.
 
Los dueños de estos establecimientos, como era de esperarse, pegaron el grito en el cielo.

Sin embargo, la eliminación de este trámite se mantuvo en pie apenas seis meses. Una acción de tutela echó por tierra la norma contenida en la Ley Antitrámites, con lo que puso a correr a más de un propietario que no tiene claro si tiene que llevar ya el carro a revisión para que no le impongan una multa, o puede esperar unos meses más a ver qué pasa.
 
Y es que con la decisión del Juzgado 25 Civil Municipal de Bogotá, que falló a favor una tutela interpuesta por el ambientalista Luis Alejandro Motta, se vuelve a lo que venía rigiendo en la Ley 1383 de 2010, es decir, que los carros con menos de seis años de uso se deben revisar cada dos años, y a partir del sexto año la revisión es anual, como ocurre para los vehículos de servicio público y con los demás carros particulares que tienen más de seis años.
 
La decisión afectaría a cerca de 300.000 dueños que compraron su vehículo en los últimos seis años, porque deberán cumplir el requisito que implica el pago de 120.000 pesos para que el centro de diagnóstico les expida el certificado en el que consta que está en buenas condiciones técnico-mecánicas para transitar por las principales vías del país.
 
El viceministro de Transporte, Juan Carlos Caiza, dice que están coordinando con las autoridades de tránsito una campaña pedagógica para informar a los dueños de vehículos sobre la decisión.
 
Por lo pronto, el Gobierno estableció un período de transición para no imponer multas a los conductores que no tengan el certificado, en espera de un fallo definitivo de la Corte Constitucional sobre el tema. Sin embargo, Caiza aclaró que esto no quiere decir que si un policía de tránsito encuentra un carro que no cumple con las adecuadas condiciones técnico-mecánicas le rebaje la sanción, ya que los ciudadanos están obligados siempre a mantener en perfectas condiciones sus vehículos, independientemente de si tiene el certificado o no.
 
En lo que no hay claridad es por cuánto tiempo se prolongará este periodo de transición, porque es incierto cuando se pronunciará de fondo la Corte Constitucional.
 
El fallo del Juzgado 25 prendió el debate entre diversos sectores que consideran que se le está dando nuevamente vía libre al millonario negocio que manejan los diagnosticentros. Salud Hernández, en una columna de El Tiempo, señaló que la obligación de llevar un vehículo a revisión le pareció siempre un orangután legislativo colado con el propósito de inventarse un negocio multimillonario.
 
Pero otra cosa muy distinta piensa Motta, miembro del Consejo Nacional Ambiental, quien dice que con el decreto de facultades extraordinarias se estaban violando los derechos fundamentales a la salud pública y a un ambiente sano. Además, esgrime que se estaba dando un retroceso en seguridad vial porque ningún vehículo permanece con buenas condiciones mecánicas y de seguridad durante seis años. "Mi negocio es hacer algo por el efecto invernadero y el cambio climático", argumentó al ser consultado si detrás de la tutela estaban los intereses de los dueños de los diagnosticentros.
 
Para él, la revisión es la única manera de verificar el estado de los vehículos y menciona, como ejemplo Alemania, donde se hace a los cero kilómetros, antes de salir del concesionario.
 
Gonzalo Corredor, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor, (ASO-CDA), dice que el Gobierno, con actitud más populista que técnica, extendió el período de revisión sin mayores estudios sobre el impacto de la medida. "Claro que este es un negocio, todos los servicios tienen un costo y en este país, la revisión se debería hacer con mayor frecuencia teniendo en cuenta el mal estado de las vías y la mala calidad de los combustibles colombianos", dice Corredor, quien señala que no se les pueden cambiar las reglas de juego de un momento a otro a los 320 centros de diagnóstico autorizados en el país, que realizaron millonarias inversiones. Sostiene que en América Latina sólo Bolivia y Venezuela no hacen la revisión cada año.
 
El directivo señala que el debate se debería centrar en la elevada accidentalidad, la mala calidad de los combustibles y la altísima evasión. Según cifras del gremio, cerca del 55 por ciento de todos los vehículos que circulan en el país -ocho millones- no tienen un certificado expedido legalmente.
 
Por lo pronto, muchos propietarios de vehículos esperan que se solucione pronto este lío jurídico para saber a qué atenerse.
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