LA TERCERA EDAD?

En Colombia, que es un país donde las intrigas son muy comunes, poca veces se había visto una feria de ellas, como en la reciente licitación de frecuencias radiales FM. Si se puede afirmar que todos los colombianos en el fondo de su corazón desean ser presidentes, también parece ser verdad que todos quieren tener una frecuencia de radio. Y en este momento están a punto de repartirse ni más ni menos que 182 frecuencias, en la mayor adjudicación de esta naturaleza en la historia. La tradición en materia de radio ha sido que cada ministro adjudicaba a dedo una media docena de emisoras ubicadas generalmente en las grandes capitales. Armando Benedetti decidió jalarle a la apertura y a la descentralización y colocó la piñata de casi 200 emisoras para ser repartidas en todo el territorio nacional. Con el propósito de que la adjudicación no pudiera ser manipulada con criterios completamente arbitrarios se diseñó un sistema de puntaje basado en elementos objetivos. La idea era que, en términos generales, los que obtuvieran los puntajes más altos serían los ganadores. El sistema de calificaciones estaba subdividido en cuatro criterios: experiencia, capacidad económica, vinculación con el municipio y la programación. Cada uno de estos tenía un máximo de 25 puntos para un total de 100. El abanico de aspirantes a estas frecuencias parecía la lista de socios del club del poder en Colombia. Estaban los grupos económicos, los grandes medios de comunicación, los pesos pesados del periodismo, y casi toda la clase política de cada municipio donde se iba a adjudicar una frecuencia. Encabezaban la lista nombres como los de Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, Yamid Amat, Juan Gossaín, Julio Sánchez, Darío Arizmendi, María Luisa Bernal, Jorge Barón y de ahí hasta universidades y organizaciones religiosas. En total cerca de unas 700 personas o sociedades esperaban ganarse sus respectivos premios gordos.Si de algo no había duda es que se trataba de una lotería. Las frecuencias de la radio AM están quedando atrás y el futuro está en manos de las FM. El costo de una licencia de éstas en una de las grandes capitales asciende a cifras muy importantes. En Bogotá, por ejemplo, las cifras oscilan entre 2.000 y 4.000 millones de pesos por cada una de las cuatro frecuencias que van a ser adjudicadas. En Medellín, Cali y Barranquilla el valor de éstas puede ser del orden de la mitad. Y a pesar de que hay unas tarifas de concesión y de explotación, realmente son costos insignificantes y la verdad es que el que se gana una frecuencia, se la están regalando. Como era de esperarse iban a ser muchos los llamados y pocos los escogidos. Así sucedió y el gran ganador fue el grupo de Mejía y Asociados, liderado por el empresario Carlos Mejía Berrío. Este licitó frecuencias en 30 ciudades y el puntaje obtenido lo ha dejado con muy buenas posibilidades de ser adjudicatario en 18 de éstas, incluyendo la joya de la corona que es Bogotá. Allí ganó una de las cuatro frecuencias en licitación, con el segundo mejor puntaje. Los otros ganadores fueron una sociedad encabezada por el político conservador Diego Pardo Koppel, otra por Juan Gossaín, Roberto Pombo y Alejandro Montejo, y otra integrada por Mauricio Szerer, con Cecilia Orozco y Francisco Ortiz. En todas estas calificaciones los últimos renglones no son fijos pues hay en este momento una revisión masiva de calificación de todos los que perdieron y muchos de estos tienen posibilidades de subir si se confirman errores. Sin embargo, en términos generales, se espera que los puntajes coincidan con las adjudicaciones. Esto no ha gustado nada a los centenares de perdedores que quedaron tendidos en el campo. Esta lista incluye al Grupo Santo Domingo y a la Organización Ardila Lülle que quedaron 'aporreadas' frente a sus expectativas. RCN tiene puntaje para unas seis pero esperaba por lo menos el doble. A Caracol, por su parte, le fue incluso peor que a RCN. Tampoco calificaron El Tiempo, El Espectador, ni Julio Sánchez ni Darío Arizmendi. A Yamid Amat también le fue mal, pero al cierre de esta edición se rumoraba una resurrección debido a una posible revisión en su calificación. Un milagro de esta naturaleza era anhelado por todos los que han solicitado una revisión de su puntaje.Pocos escogidosLa barrida de Carlos Mejía ha dado pie para que se hable de la posibilidad de una tercera cadena radial colombiana. Esto obviamente no les gusta a ninguna de las cadenas existentes, las cuales consideran que les ha tomado 50 años llegar a donde están, escalando peldaño por peldaño. RCN tiene 116 emisoras propias y 26 afiliadas, Caracol tiene 88 propias y 80 afiliadas. Mejía y Asociados, que ya tenía nueve, podría con la nueva adjudicación pasar de 20 propias. Esto constituye una base para que, a través de la afiliación de docenas de emisoras independientes que hoy se encuentran huérfanas, Mejía pueda eventualmente montarle la competencia a Caracol o a RCN. Una cadena radial requiere unas 25 emisoras correspondientes a una por cada capital de departamento. La aparición de una tercera alteraría definitivamente la estructura del mercado que si bien ahora está boyante, se enfrentará en poco tiempo a la llegada de la televisión privada que en todos los países ha significado el más duro golpe para la radio.Como lo que se está definiendo en el fondo es la estructura de la radio en Colombia para el siglo XXI, la calificación de la licitación no es considerada legítima por todo el mundo. Esto es fácil de entender si se piensa que la diferencia entre ganar y perder ya no es de millones de pesos sino de millones de dólares. El sentimiento general de los ganadores es que casi todos pensaron que la adjudicación en el fondo iba a ser a dedo y por lo tanto se descuidaron en el papeleo, confiando en que el prestigio del nombre o la cercanía con el gobierno eran la clave.Los perdedores ven las cosas diferentes. Consideran que los puntajes fueron definidos por unas interpretaciones que no estaban estipuladas en el pliego. Igualmente creen que existe un exceso de requisitos formales que muchas veces van más allá del sentido común. Los ejemplos al respecto abundan. La organización de Carlos Ardila Lülle sacó cero en capacidades económicas en algunas ciudades porque un certificado lo firmó no el revisor fiscal sino el revisor fiscal suplente. El Espectador sacó cero en experiencia periodística por no adjuntar los diplomas de la familia Cano. Esto, por ejemplo, sucedió con el 40 por ciento de los licitantes en Bogotá quienes por el mismo motivo fueron descalificados. Ricardo Londoño, presidente de RCN Radio, considera que la ampliación de los plazos permitió todo tipo de modificaciones que favorecieron a muy pocos. Cita cómo antes de las llamadas adendas al pliego se exigía que la mitad de las personas que fueran a prestar sus servicios en determinada emisora tenían que estar residenciadas o haber nacido en ese municipio, condición que luego se quitó "posiblemente en favor de quienes saldrían más beneficiados en la licitación". También considera absurdo el criterio de que las sociedades anónimas tienen que ser sancionadas en puntaje porque para demostrar su vinculación con el municipio están obligadas a identificar a cada uno de sus accionistas. Ricardo Alarcón, de Caracol, no tiene menos quejas. Considera, por ejemplo, que la interpretación que se le ha dado al renglón experiencia en la evaluación no es lógica. Se le dio mayor puntaje a todo el que tenía un título como presidente o gerente. Los veteranos de la radio sin título, a quienes todo el país considera las glorias del medio, son sancionados en puntaje frente a cualquier administrador mediocre con un simple grado universitario. La queja de Caracol no gira tanto alrededor del criterio, como de la falta de claridad en el pliego de que esto iba a ser así: "Caracol tiene más presidentes y gerentes que todo el mundo en el medio. Si hubiéramos sabido que daban más puntaje que los veteranos, los habríamos puesto. Pero es que nadie nos dijo. Para mí hubo una ligereza en la calificación". El gran interrogante es cómo hicieron los ganadores para saber todo esto. En privado varios de los perdedores manifiestan que muchos de los favorecidos parecían no solo tener mejores abogados sino mejor informacion que sus rivales sobre el espíritu con que iban a ser calificados los pliegos. A este respecto todos reconocen que Carlos Mejía siempre ha sabido por dónde va el agua al molino. Se sabe que el empresario caldense se mueve como pez en el agua en el mundo de las comunicaciones. Como es un experto en el tema y tiene excelentes relaciones personales, siempre ha sido interlocutor permanente de los burócratas claves del sector. Esta ventaja en información, según algunos críticos, constituyó un factor clave en sus resultados.A pesar de los celos, nadie acusa a Mejía de nada ilegal. Estar mejor conectado que toda la competencia es útil pero no es delito. Y existe un consenso dentro del gremio de las comunicaciones en que Mejía y Asociados es hoy tal vez el grupo más dinámico y eficiente del sector. Por esto las 12 ó 15 emisoras que le pueden ser adjudicadas han despertado menor resistencia que la que ese mismo resultado habría producido en cabeza de cualquier otro ganador.Sistema cuestionadoLo que sí no deja de despertar resistencia es el sistema de adjudicación. Aunque la intención era que fuera menos arbitrario de lo que se había visto en el pasado, no deja de parecer anacrónico que el Estado pueda regalarle a particulares beneficios económicos de esa magnitud. Quince emisoras pueden costar más de 10.000 millones de pesos, lo cual era considerado hasta hace poco tiempo un capital que se acumulaba a través de tres generaciones de éxito en los negocios. Hoy, por cuenta de llenar con diligencia cientos de formularios y de contar en alguna forma con la simpatía del gobierno, pueden algunas personas simplemente obtener ese capital en dos meses. Se puede alegar que esta ha sido la tradición colombiana históricamente y que el mapa de la radio como existe hoy ha sido adjudicado sin costo alguno. Igualmente se puede decir que las adjudicaciones de televisión se han hecho de la misma manera y son premios igual de apetecibles. Todo esto puede ser verdad pero las sociedades deben ir evolucionando en la medida que lo hacen las circunstancias. Una emisora de FM en Bogotá costaba en 1980 el equivalente a 100.000 dólares. Esa misma emisora hoy, según Ricardo Londoño de RCN, no baja de tres millones de dólares. Con esta evolución la dimensión del regalo se vuelve escandalosa. Y más escandaloso es que, en la medida en que aumenta el valor en esa forma, no solo se adjudiquen emisoras individuales sino prácticamente cadenas enteras. Todos estos intereses económicos dan pie para toda clase de suspicacias. Todo el que licita una frecuencia FM es sospechoso de ser o tener testaferros o de estar aliado con alguien en secreto. Uno de los pasatiempos en el medio en estos días es tratar de descifrar quién es quién y qué es de quién. Y en toda esta chismografía el gobierno no siempre sale bien parado. El propio Fernando Botero ha denunciado ante la Fiscalía cómo la licitación de frecuencias FM fue concebida como el mecanismo para que los amigos del gobierno quedaran con medios de comunicación para poder defender al samperismo. Todas estas interpretaciones y consejas son inevitables cuando hay intereses económicos tan grandes. Estas suspicacias no son responsabilidad ni de los ganadores ni de los adjudicadores sino del sistema de adjudicación. El enriquecimiento lícito por favorecimiento del poder despierta muchas resistencias, independientemente de quién sea su beneficiario. ¿Qué presentación política hubiera tenido que los grupos Santo Domingo o Ardila Lülle, las dos fortunas más grandes del país, hubieran ganado de la noche a la mañana 20 ó 30 emisoras sin costo alguno? Teóricamente esto hubiera podido pasar fácilmente. ¿Qué presentación tiene que simplemente por contar con mejores abogados para llenar formularios sin errores, personas sin ninguna trayectoria en el medio como Diego Pardo dejen tendidos en el campo a profesionales de la talla de Yamid Amat, Darío Arizmendi o Julio Sánchez? Todos estos interrogantes son difíciles de contestar pues cualquier resultado diferente será tan arbitrario como el anterior. Por eso es conveniente tratar de ir eliminando el favorecimiento arbitrario en el otorgamiento de concesiones estatales. La experiencia en el caso de la telefonía celular de establecer una subasta fue un paso adelante en ese sentido. Sin embargo, en Colombia existen serias reservas a subastar medios de comunicación por el hecho de que a través de estos se maneja la información. Se teme que la tradicional concentración de este poder se incremente aún más a través de ventas al mejor postor. Estos, no obstante, son problemas que se pueden obviar a través de unas reglas de juego claras sobre quién puede tener qué y en dónde. En todos los países desarrollados existen normas contra la concentración del poder de la información que hacen posible combinar el pluralismo informativo con métodos de adjudicación no discrecionales como la subasta. Aunque el tema es espinoso, ya es hora de que Colombia empiece a pensar en alternativas diferentes a las que se han practicado hasta ahora.