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| 7/10/2010 12:00:00 AM

La tierra del olvido

Con el nombramiento de un peso pesado como Juan Camilo Restrepo en el Ministerio de Agricultura, Juan Manuel Santos manda el mensaje de que su intención de transformar el campo en Colombia va en serio. ¿Será verdad tanta belleza?

En Colombia prometer una reforma agraria tiene el mismo grado de credibilidad que garantizar una victoria absoluta en la guerra contra el narcotráfico. Aunque nadie duda que es crucial para el país -todos los diagnósticos sobre cómo reducir la violencia rural incluyen un capítulo sobre la necesidad de impulsar el campo colombiano democratizando la tenencia de la tierra-, pocos piensan que sea algo más que una quimera. Más aún después del terror paramilitar de los 80 y 90, que resultó en el desplazamiento forzado de más de cuatro millones de campesinos. Por eso llama la atención que el Presidente electo no pare de hablar del tema.

Primero fue la reunión de hace dos semanas con Gustavo Petro, el ex candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo, férreo opositor del gobierno de Álvaro Uribe y del mismo Santos cuando era ministro de Defensa. Allí Santos se comprometió a incorporar ideas de Petro en su política de tierras.

Luego, el jueves pasado, el mandatario electo, al anunciar en París el nombramiento de Juan Camilo Restrepo, destacó el "bagaje jurídico" del futuro ministro de Agricultura, ya que "una de las propuestas que tenemos es devolverles las tierras a los campesinos, que estaban en manos de los narcotraficantes, para hacer una verdadera reforma agraria".

Esa reforma, según conoció SEMANA, ya está en elaboración. Desde hace varios meses, un grupo liderado por Alejandro Reyes, tal vez el colombiano que más ha estudiado la distribución de la propiedad en Colombia, ha ido diseñando una detallada propuesta para el nuevo gobierno. Incluye medidas como aumentar los impuestos prediales a tierras improductivas, la revocatoria de resoluciones del antiguo Incora que fueron utilizadas en décadas pasadas para usurparles predios a campesinos y proyectos de ley para agilizar la extinción de dominio y facilitar la entrega de tierras a los desplazados. De las 530.000 hectáreas incautadas a los narcotraficantes y paramilitares, apenas 100.000 están disponibles hoy para ser repartidas.

Se habla incluso de invertir la carga de la prueba a los propietarios en zonas donde hubo masivo desplazamiento. En otras palabras, tendrían que demostrar la legalidad de su posesión. Su premisa es sencilla: el país no puede tolerar el despojo violento de tierras ni el aprovechamiento de terceros, aunque sean ocupantes de buena fe, de un bien tomado a la fuerza.

Una dificultad adicional es que nadie sabe cuántas tierras están en manos de narcotraficantes, paramilitares y sus testaferros. Algunos han calculado que entre tres y cuatro millones de hectáreas. Según Reyes, en por lo menos 500 municipios del país -la mitad- hay evidencia de compras non sanctas. Lo único claro es que son predios y tierras en áreas muy fértiles y productivas. Los jefes paramilitares han entregado apenas 17.000 hectáreas como su cuota de reparación a las víctimas.

Al designar a Restrepo, un ex ministro de Hacienda y Minas con amplia experiencia en el tejemaneje político, Santos ha dado un mensaje contundente de que el tema de tierras será prioridad en el gabinete. En entrevistas a medios, incluyendo SEMANA, el futuro Ministro de Agricultura reiteró la decisión del nuevo gobierno de meterle la muela a esta causa fundamental para el país.

Del éxito de su gestión depende que Colombia por fin aproveche los 15 millones de hectáreas aptas para agricultura -hoy apenas son productivas cinco millones- y utilice mejor sus tierras. Un informe del Instituto Agustín Codazzi, que saldrá en las próximas semanas, entregará el mapa definitivo del uso de la tierra en Colombia. Su conclusión es fulminante: no podría ser peor.
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