La toma de las 'ollas' en Bogotá

El primero de abril el presidente Juan Manuel Santos le dio un plazo perentorio al director de la Policía. “Le he dado la instrucción –dijo el jefe de Estado al país– que en un término de 60 días me acabe 27 ollas que ya están identificadas en 20 ciudades”. El sábado de esta semana se cumple ese plazo. Y la pregunta obvia es ¿qué ha pasado?

El balance de la Policía, en números, es significativo: desmantelaron dos grandes ollas, mantienen operativos sostenidos en 25 más, acabaron con 23 expendios, hay 1.380 capturados, hicieron 173 allanamientos, decomisaron 65 armas de fuego y presentaron 71 bienes para extinción de dominio. Todo eso sin contar lo del Bronx, que dio pie a la orden del presidente,  cuyas cifras igualan al conjunto del resto del país. 

Pero lo más importante tal vez es la conclusión a la que llegaron: las ollas se están convirtiendo en las nuevas plataformas del crimen del país. “Por la ausencia de los capos, las ollas estaban haciendo tránsito a organizaciones más fuertes”, dijo un alto oficial de Inteligencia de la Policía. 

La época de la marimba (hasta los años setenta) dio paso a los grandes carteles de la coca (años ochenta y noventa) y estos después tuvieron una derivación con el paramilitarismo (años noventa y primera década del siglo XXI), para luego, tras su desmovilización, dar paso a la era de las bacrim. Pero ahora se está destapando un nuevo fenómeno que podría ir en crecimiento: las ollas como guaridas de la mafia y torres de control de organizaciones criminales en las zonas urbanas. 

Esa transformación del crimen se evidencia también en que al contrario de lo que ocurría antes, cuando toda la coca se exportaba porque el gran negocio estaba afuera, hoy el 20 por ciento de la producción se queda en Colombia. Eso equivale a 70 toneladas de cocaína, según datos de la Dijín, que vendidas en la calle se traducen en ingresos de entre 500.000 millones y 3 billones de pesos. Y como si eso fuera poco, la marihuana está viviendo un renovado auge. Basta decir que en el Bronx se incautaron 40 toneladas de la yerba.

Lo que deja al descubierto el experimento de la toma de las ollas es que los delincuentes estaban consolidando un preocupante control territorial. El Bronx, por ejemplo, a pesar de abarcar 48 inmuebles y poco más de cuatro calles, tenía una división clara del territorio con su respectivo dueño. “Cuando entramos con inteligencia encontramos que había cinco ganchos. 

El gancho es el sello que se le pone a la droga. Pero también define el dominio sobre una determinada zona de la olla”, explicó a SEMANA el general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policia de Bogotá. Los ganchos eran Homero, Nacional, Morado, Manguera y América. 

Los consumidores de droga o adictos eran tratados como propiedad de una de los ganchos. Si un cliente de Manguera se atrevía a comprar el combinado (bolsa de sobrados revueltos de comida por 500 pesos) en territorio de Homero, uno de los sayayines (hombres armados del ejército de los ganchos) lo molía a golpes, “para que la próxima vez no lo volviera a hacer”. 

Los castigos podían ser peores. La fuerza policial que se tomó el Bronx encontró un salón de billar en el cual colgaban, literalmente, a los castigados de las manos con el cuerpo extendido y se dedicaban a golpearlos. También los podían matar y los cuerpos eran sacados del sector. 

La Policía calcula que cerca de 30 cadáveres hallados en parques aledaños y zonas cercanas, que aparecían envueltos en plásticos o cobijas, podían venir de allí. En algunos casos era aún peor. Según evidencias y testimonios recogidos por agentes de inteligencia, a algunos los picaban y les daban los pedazos a unos perros rottweiler de los sayayines.

El Bronx estaba, además, adecuado como una fortaleza infranqueable. Tenían instalado un sistema cerrado de cámaras de video que les permitía controlar estrictamente los movimientos de cerca de 1.200 consumidores que deambulaban por el lugar. También construyeron un sistema de pasadizos, mediante huecos en las paredes de las edificaciones abandonadas, que les permitían escabullirse. Y contaban también con unas caletas bien camufladas donde escondían las armas.

El dominio sobre la población llegó a ser tal que, como ocurrió en Bogotá pero también en Medellín, cuando la Policía intentó entrar decenas de personas se volcaron a las calles y provocaron todo tipo de desórdenes. En la capital, por ejemplo, rompieron varios buses de TransMilenio. Y en Medellín, en su momento, causaron daños en el centro de la ciudad.

Los ganchos dominaban todo lo que se moviera (ver recuadro más abajo). Un adicto que entraba al sistema podía seguir un día cualquiera el siguiente itinerario: el gancho le alquila una pistola, él sale y con ella atraca a alguien, trae el celular o la billetera al Bronx, el gancho le compra los objetos que roba, y con la plata que recibe juega en las máquinas tragamonedas (había 620 en apenas cuatro cuadras), le vende el combinado para que se alimente (a 500 pesos la bolsa), le vende una botella de whisky adulterado (por 10.000 pesos), le vende la droga (la que quiera) y le cobra por la dormida. Al día siguiente, otra vez el mismo ciclo. “El negocio era redondo. Manejaban cerca de 7.000 millones de pesos mensuales”, explica el general Martínez.

El mismo modus operandi, de un circuito criminal que se autoabastece, se detectó en otras ollas del resto del país.

El contexto de mafia es tan fuerte que un agente de inteligencia que se hizo pasar por indigente murió asesinado en medio de la investigación. E incluso a otro indigente lo confundieron y le dieron una terrible muenda. En septiembre pasado, cuando se produjo la muerte del agente, el general Luis Martínez, director de la Policía de Bogotá, tuvo claro que la guerra en el Bronx era más dura de lo que se imaginaba. “Yo dije que el Bronx se acaba. Y ellos hicieron correr la voz de que por cada policía muerto daban 20 millones de pesos. Nos declaramos la guerra”.

Y la Policía ganó. Tras un año de trabajo en el terreno, con seguimientos, grabaciones e infiltrados, capturaron a 1.240 personas que, según los indicios, eran parte del negocio criminal de la megaolla. De ellos, tres eran los más importantes y tenían su historial. El jefe del gancho Manguera, por ejemplo, alias Rigo, había sido jefe del aparato armado del jefe paramilitar Macaco en la bacrim la Cordillera que operaba en el Eje Cafetero. Rigo fue el que trajo a los sayayines al Bronx. 

Lo capturaron en Venezuela, pero aún el vecino país no lo ha entregado a Colombia. El segundo es alias Mosco, legendario por haber matado a Comanche, el capo de la otra mega-olla que tuvo Bogotá, la del Cartucho. Lo capturaron en Ecuador, donde no solo era comerciante, propietario de edificios y almacenes, sino que estaba montando en Quito una zona con el modelo Bronx, como si se tratara de una franquicia. El tercer capturado, de los ‘duros’, es Homero. La Policía lo sorprendió cuando tenía todo listo para escaparse a Estados Unidos.

Con el poder que van acumulando, estos grupos o ganchos a su vez se reparten zonas de la ciudad y se involucran en otros delitos, como extorsiones, robos y homicidios. En un mapa de Bogotá en el que se hace una ubicación georreferenciada de las ollas y los expendios de droga se ve cómo hay una coincidencia significativa con los lugares donde ocurren muchos de los homicidios.

El caso del Bronx es el más significativo. Pero el esquema que se encontró en otros sitios del país, en estos dos meses de toma de las ollas, era similar. El problema es que, como lo han advertido observadores del común, no es fácil  garantizar que estas ollas no surjan de un día para otro en otros lugares de Bogotá y en las demás ciudades. ¿Cómo hacer para que no se repita la historia, cuando el final del Cartucho dio origen al Bronx?

Los responsables del Estado sacan las cartas ya conocidas y dicen que se hará un acompañamiento social. Pero en realidad, no es tan claro que se esté haciendo de manera focalizada, ni tampoco que se estén tomando medidas innovadoras para evitar que florezcan nuevos Bronx.

A ese elemento se le suma el hecho de que en el país está en boga, precisamente, el debate de la despenalización. La OEA le entregó al presidente Juan Manuel Santos el estudio ordenado por la Cumbre de las Américas en el que se analizan cuatro escenarios futuros frente al tema (van desde el que habla de hacer énfasis en el problema de salud pública, hasta el que plantea ruptura y analiza la legalización). 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dejó claro el viernes en Cali, durante la cumbre del Pacífico, cuál sería la postura de su país. Dijo que la despenalización era “una forma fácil y falsa” de combatir al narcotráfico.

En otro escenario, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, se volvió a referir hace unos días al Estatuto Antidroga que prepara su despacho y, contrario a lo que había trascendido, se desmarcó de la posible despenalización. “No estamos proponiendo despenalizar el consumo de sustancias psicoactivas de origen sintético, pues esto ya se encuentra despenalizado. Estamos es trazando la línea entre el criminal y el consumidor. No sirve de nada enviar al consumidor a la cárcel”, dijo en un foro. Cabe anotar que de los 116.000 presos que han sumido en una grave crisis de hacinamiento a las cárceles del país, 25.000 están por delitos relacionados con estupefacientes.

Tal vez, por todo eso, el general Martínez deja entrever que las herramientas jurídicas que tiene el país no son suficientes para dar la guerra de las ollas. “El país no está preparado para eso. No ha entendido la dimensión del problema. Los narcos se adaptaron”, explica. 

Durante los 60 días de intervención en el sector de El Calvario, una conocida olla en Cali, 138 personas fueron capturadas.  Se observa un cambio evidente en el sector.