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| 8/20/2001 12:00:00 AM

La torre de Babel

Los desplazados que se tomaron el edificio de la calle 81 hace año y medio se han convertido en el símbolo de la inoperancia del Estado.

Cien pasos. Esa es la distancia que separa en la Zona Rosa de Bogotá dos símbolos de la contradictoria realidad nacional. Sobre la calle 80 se yergue uno de los centros comerciales más lujosos y opulentos del país, copia fiel del Coco Walk de Miami. Desde sus balcones caribeños es imposible evitar ver en diagonal, sobre la carrera 14, otro edificio de seis pisos que pasaría inadvertido si no fuera porque tras una insólita cerca metálica custodiada por la Policía el espectáculo que ofrece proviene de otra Colombia. Los peatones tratan de ignorarlo pero es difícil no observar la ropa que se seca sobre cuerdas tendidas sobre lo que en otro tiempo fue el andén, o los andrajos que hacen de cortinas en los pisos superiores. Y a pesar de todo esta escena de los desplazados que se tomaron a la fuerza el edificio donde funcionaba el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) ya no parece asombrar o escandalizar a nadie. Después de año y medio de la toma, que llegó a simbolizar en medio de la opulencia citadina la tragedia de los dos millones de desplazados del país, la situación parece estar en un punto muerto que no beneficia a nadie. Detrás de la tragedia social que encarnan estos desplazados la toma del edificio esconde una historia kafkiana en la que no ha habido poder humano ni institucional —ni el gobierno, ni la Corte Constitucional— que pueda hacerlos desalojar. El retrato de esta torre de Babel no es sólo el reflejo de un drama social sino del colapso del Estado colombiano.

A finales de noviembre del año pasado el Cicr le anunció al gobierno su cambio de sede, con lo cual el edificio tomado perdía su carácter diplomático. Cuando lo supieron los ocupantes pensaron que iban a ser expulsados por la fuerza y amenazaron con un suicidio colectivo. El problema se solucionó en ese momento a favor de los desplazados con la sentencia de tutela 1635, emitida en noviembre de 2000 por la Corte Constitucional, que le ordenó al gobierno brindarles una adecuada y completa atención institucional mientras eran reubicados.

Desde entonces ocho entidades, seis nacionales y dos distritales, han cumplido lo ordenado por la tutela, según consta en informes de la Procuraduría. Pero nada ha pasado. Cada mes la Red de Solidaridad Social les entrega a los desplazados un cheque, cuyo monto varía según el número de personas beneficiadas, por concepto de apoyo para el pago de arriendo (entre 100.000 y 160.000 pesos), alimentación (entre 90.000 y 200.000 pesos) y utensilios de aseo (60.000 pesos por grupo familiar). Además la Red aportó, sólo para este caso, el 10 por ciento del ahorro programado con el cual se puede acceder a un subsidio de vivienda de 7.150.000 pesos. Por otra parte, 160 desplazados beneficiados están siendo capacitados en el Sena en un curso de formación a creadores de empresa y esta semana entregan los proyectos productivos en los que quieren trabajar.

El proceso de reubicación, en cambio, no ha tenido tanta suerte. En estos seis meses sólo 13 familias han recibido las escrituras de sus viviendas en Ibagué, Espinal, Barranquilla, Villavicencio y Cúcuta. Otras seis fueron reubicadas en un predio rural del municipio de Pandi, Cundinamarca. “Dependemos de la buena voluntad de la gente que permanece ahí. El Estado está cumpliendo y ha intentado todas las formas de persuasión y de disuasión con ellos para que abandonen el edificio”, dice Fernando Medellín, director de la Red. A este paso la toma por parte de las 179 familias que aún lo ocupan puede seguir por tiempo indefinido pero por ley sólo puede prestar asistencia humanitaria por seis meses.

La toma terminó por hacerles mucho daño a las víctimas de este fenómeno y sentó un mal precedente pues por la vía de la tutela otros tres grupos de desplazados han intentado conseguir lo mismo. Por otra parte, es casi un hecho que los propietarios de las edificaciones y comercios aledaños al edificio demandarán por los perjuicios económicos que han tenido como consecuencia de esta situación que, con cada día que se extiende, ha terminado por simbolizar la kafkiana realidad nacional.
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