La tortura por la que deberá pagar la Nación

En el 2011, por cuenta de las escandalosas irregularidades del Centro de Reclusión de Tolemaida, el nombre del mayor retirado del Ejército César Alonso Maldonado salió a relucir. En ese momento, el alto oficial saltó a la luz pública por gozar extravagantes privilegios y luego, escaparse de esa prisión militar. Hoy su nombre se vuelve a oír. Esta vez, debido a un fallo del Consejo de Estado.

Esa institución condenó a la Nación por las atrocidades a las que fueron sometidos tres guerrilleros del ELN entre el 2 y el 5 de noviembre de 1993, en Cúcuta. El 'cerebro' de ese episodio atroz fue, ni más ni menos, el mayor Maldonado, quien está condenado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio y por participar en el 2000 en el fallido atentado contra el exrepresentante Wilson Borja.

En la sentencia del crimen, por el cual los organismos internacionales juzgarán a Colombia, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a pagar 734 millones de pesos a dos familias de los guerrilleros asesinados tras las torturas propiciadas por los militares, quienes justificaron las agresiones al señalar que la guerrilla había secuestrado un ciudadano venezolano.

Según el fallo, el mayor Maldonado impartió órdenes para que “el procedimiento militar fuera anormal, ilegal y desproporcionado, pues luego de someterlos a tortura, entre otras cosas -golpes, inmovilización y ahogamiento en una fuente de agua-, dos de ellos fueron liberados sin ningún proceso judicial que esclareciera la conducta por la cual fueron retenidos”.

El magistrado ponente, Jaime Orlando Santofimio, precisó que “las acciones cometidas por la fuerza pública son repudiables, ya que el cabecilla de esta organización fue quemado vivo. Los otros integrantes fueron torturados vilmente violando los derechos humanos”, sostuvo.

Santofimio dejó claro que “nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano".

Dentro de las consideraciones del fallo se ordena enviar copia a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que investiguen a la Nación por los hechos que hoy responsabilizan al Ejército y al Ministerio de Defensa.

Con esta decisión, aumentan las condenas al Estado por los excesos cometidos por militares, quienes, en algunos momentos, olvidan el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y dan rienda suelta a sus pasiones.