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| 1/24/2015 10:00:00 PM

Caso Goldex: ¿tragedia humana?

La operación que puso fin a Goldex fue un éxito para el gobierno. Pero mostró con una tragedia humana las dos caras del negocio del oro.

Ramiro Monsalve vio a su sobrino Martín Emilio por última vez el sábado de la semana pasada, minutos antes que la juez 28 de Control de Garantías ordenara un receso de la audiencia en la que legalizaba su captura y las de otras 18 personas. Su rostro estaba doblegado por la angustia y el temor, “era la cara de alguien sobrepasado por las circunstancias, de alguien que se pregunta: “¿yo qué hago aquí?’”.

Monsalve Saldarriaga había sido detenido el día anterior, junto a otros, sindicado de pertenecer a una de las más grandes redes de lavado de dinero en Colombia, pues según el propio vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, directa o indirectamente todos estaban relacionados con C. I. Goldex, empresa que habría lavado más de 2,3 billones de pesos a través de operaciones con oro en los últimos siete años. Goldex era la segunda exportadora de oro del país.

A pesar del alto número de capturados, todas las miradas y acusaciones se centraron sobre John Úber Hernández Santa, dueño de Goldex, un empresario paisa que en pocos años hizo todo un emporio. Su dorada carrera se frenó el año pasado cuando aceptó haberle vendido a Jairo de Jesús Rendón Herrera, hermano de alias Don Mario, 13.000 millones de pesos en oro, lo que abría la posibilidad de que detrás de la compra, venta y exportaciones de este metal podía haber actividades delictivas. John Úber aceptó que había tenido relaciones con Rendón Herrera, pero dijo que para el momento de la venta, no tenía requerimientos de la Justicia. Desde ese momento, la Fiscalía, la Dian y la UIAF aceleraron las investigaciones contra Goldex.

En medio de la noticia de la captura múltiple en Medellín, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Itagüí,  Riosucio, Cali, sur de Bolívar y Riohacha, así como del desmonte de Goldex, se encontraba Martín Emilio Monsalve, un ingeniero químico de 38 años especializado en finanzas, formado en la Universidad Pontificia Bolivariana y casado hacía apenas mes y medio. Era el único detenido que intentaba taparse la cara con un suéter.

Según la Fiscalía, hace cuatro años Monsalve era dueño de una pequeña comercializadora de oro que hizo millonarias transacciones con Goldex, supuestamente en forma irregular. Sin embargo, María Consuelo Monsalve, su prima, recuerda haberle oído que cerró la empresa porque le estaba yendo mal. Luego, Martín se fue a trabajar a una fábrica de papeles en Barbosa (Antioquia), después renunció para probar suerte en Venezuela, hasta que decidió radicarse de nuevo en Medellín. Del oro nunca más volvió a saber, hasta que fue detenido.

A eso de la una de la tarde del sábado 17 de enero la jueza anunció un receso para que abogados, fiscales, procesados y familiares almorzaran. El protocolo indicaba que los custodios, en este caso agentes del CTI, debían conducir a los implicados hasta los sótanos del Palacio para que tomaran sus alimentos. Pero inexplicablemente decidieron llevarlos a un cuarto contiguo a la sala de audiencias. De un momento a otro Monsalve se lanzó por la ventana. Su cuerpo quedó 18  pisos abajo junto a las escalinatas de acceso al complejo, en medio de los gritos de pavor de los testigos. La Fiscalía ni siquiera le alcanzó a imputar los cargos en su contra: concierto para delinquir, lavado de activos, falsedad en documento público y fraude procesal.

¿Cómo es que un hombre de clase media, que aún estaba pagando un apartamento y un carro, terminó metido en un lío de semejantes proporciones? Aunque se llevó las respuestas con su acto desesperado, su caso puede ser similar al de los otros capturados que deben demostrar si sabían o no que Goldex supuestamente les compraba oro a organizaciones ilegales y lavaba dinero.

La tesis de la Fiscalía es que John Úber Hernández era el cerebro de una estructura financiera y económica de enormes proporciones, mediante la cual lavó activos de la mafia en operaciones de comercio exterior aparentemente legales. En los últimos cinco años, Goldex exportó unas 40 toneladas de oro bruto. Goldex enganchó a cientos de comercializadoras y compraventas en el país, especialmente en zonas auríferas como el Bajo Cauca, nordeste antioqueño o el Atrato chocoano. A estos pequeños comerciantes y empresas les giraba millonarios anticipos para que tuvieran dinero para comprarles a un mejor precio a los mineros que llegaban a negociar su oro. Goldex no exigía garantías ni respaldos. Uno de ellos era Monsalve, quien tenía una comercializadora en Segovia y Remedios (Antioquia), una actividad tradicional en su familia.

La Fiscalía fácilmente se percató de que Goldex comercializaba cantidades de oro que no correspondían con la capacidad económica ni de producción de los proveedores. Algunos eran chuzos que ni siquiera tenían trabajadores. Además de eso se pudo evidenciar en los libros contables que muchos de los que supuestamente llegaban a vender a las compraventas eran personas fallecidas, con cédulas canceladas o inexistentes.

Por ejemplo, la Fiscalía investigó a la compañía Brisas del Tigüí Ltda., creada en 2008, en El Bagre (Antioquia), con un capital de 2.800.000 pesos. Encontró que en su segundo año reportó ingresos operacionales por 132.000 millones de pesos sin contratar a un solo empleado. En los libros auxiliares que el propio John Úber le entregó a la Fiscalía, se leía que Brisas del Tigüí en un solo día le vendió a Goldex 3.922 millones de pesos en oro.

La Fiscalía cree que en esa enorme cantidad de dinero hubo plata de las bandas criminales. Para nadie es un secreto que los grupos armados hacen presencia en las zonas de extracción minera donde cobran vacunas y hasta explotan, ellos mismos, el negocio.

¿Martín Emilio Monsalve y los otros 18 capturados tenían el mismo nivel de responsabilidad que John Úber? ¿Estaban enterados de lo que Goldex reportaba de ellos a las autoridades? Los familiares de Martín no lo creen y dicen que el Estado tiene que responder por su muerte. El abogado Luis Fernando Neira, quien iba a defenderlo, dice que su cliente no aguantó el escarnio público y entró en pánico cuando le contaron que por televisión el vicefiscal general y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estaban diciendo que los capturados podían enfrentarse a penas de hasta 30 años. “Ya los estaban condenando desde los micrófonos”, reclama Neira.

La defensa de otros dos imputados alega que el caso de John Úber Hernández es distinto del de los dueños de las comercializadoras o compraventas. La mayoría de los capturados no registra antecedentes penales ni grandes patrimonios. “El negocio del oro siempre ha sido informal. De 100 millones de pesos por venta de oro, a la comercializadora le quedan 400.000 pesos o incluso menos. Por eso casi todos los capturados que usted ve aquí son gente que no tiene plata. ¿Que hubo irregularidades contables? Sí, es verdad. Pero de ahí a decir que todos son criminales hay un trecho muy grande”, es lo que dice uno de los abogados defensores.

Entre tanto, el jueves la juez de Control de Garantías decretó la libertad de dos de los capturados: Andrés Gaviria y Filiberto Hoyos Piedrahíta, dos mineros informales. Al resto de imputados les fue dictada una medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Todo ello quiere decir que Martín Emilio Monsalve, si no hubiera entrado en pánico, habría podido enfrentar su situación jurídica desde su casa, al lado de su esposa.
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