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| 11/21/2012 12:00:00 AM

La tragedia de la principal pesquera de San Andrés

Tras 24 años en el Archipiélago, la empresa Antillana, la más grande en San Andrés, estudia cerrar su planta después de conocer el fallo de la CIJ.


 
"Estamos absolutamente desolados... esta empresa se acaba". De esta manera empieza a relatar Lucy Álvarez lo que significa para la empresa Antillana el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que obliga a que una porción de mar de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados pase a ser parte de la geografía nicaragüense.

"Nosotros solamente pescamos en el área que se perdió con Nicaragua", continúa Álvarez, la gerente general de Antillana consolidada como la compañía pesquera más grande de San Andrés y que desde hace 24 años captura en estas aguas toneladas de langostas, peces blancos y caracoles.

La zona que perdió Colombia y a la que se refiere Lucy, es el área marítima comprendida entre el Meridiano 82 con el Paralelo 15 hacia el occidente, una amplia zona de mares de baja profundidad conocida como Luna Verde o La Esquina, donde se encuentra la mayor riqueza piscícola y mineral del archipiélago.

Para los pescadores lo que perdió el país es su materia prima y de poco sirve que la Corte le haya concedido a Colombia la soberanía sobre los cayos, pues estos resultan muy vulnerables y pequeños para la pesca. "Los cayos no soportan mucho tráfico pesquero, no son aptos para la flota y máximo podemos tener dos barcos en una semana", explica Álvarez.

La empresa es la principal empleadora de la zona y cuenta con más de 200 pescadores que trabajan en 15 botes, además de los 25 trabajadores que están empleados en la planta donde se procesa marisco y pescado. En los últimos años y, a pesar de que se ha incrementado la protección a la biodiversidad de esta zona, reduciendo así la cuota de pesca, Antillana extrae cerca de de 150 toneladas de langosta y 895 de pescado, lo que significa una producción de cerca más de siete millones de dólares anuales.

Este rendimiento le implica al departamento 500 millones de pesos mensuales además de que es el sustento de más de 250 familias.

La desolación en esta empresa es ahora mayúscula. Sus directivos creen que la empresa tendrá que cerrar la operación en el archipiélago. "Estamos muy angustiados no solo por la empresa sino porque para los pescadores no hay muchas otras alternativas de ocupación en la isla", comenta Álvarez.

Un día después de conocida la sentencia de la CIJ, el presidente Juan Manuel Santos se reunió en San Andrés con la intención de llevar tranquilidad a los sanandresanos y en especial a la industria pesquera.

En su discurso, el mandatario subrayó que ellos no están solos y que tendrán el respaldo del Gobierno Nacional. "Con los pescadores quedamos en estudiar una serie de alternativas que podemos poner en marcha para que su bienestar, su diario vivir no se afecte o si se afecta ojalá sea para bien y no para mal", les dijo Santos.

"Hemos discutido la posibilidad de poder decretar una emergencia, que nos facilite los instrumentos legales y financieros. Al decretar la emergencia lo que queremos es un plan de una mayor envergadura para el Archipiélago", explicaba el presidente. Para ello, el Gobierno, las autoridades de San Andrés y Providencia, así como líderes de la comunidad, realizaron un inventario de los proyectos que ya están en ejecución, por un monto superior a los 170.000 millones de pesos.
 
El presidente también les comunicó que de momento no le tiene que pedir a los barcos que se encuentran faenando que regresen a aguas colombianas y que los buques de la armada tienen la orden de protegerlos, aunque aclaró que tampoco se les restringirá el paso a las naves nicaragûenses. 

En una reunión privada, Santos le comunicó a los dirigintes de Antillana que de momento no retiren los barcos que se encuentran faenando en estas aguas, ahora nicaragûenses, y que los buques de la armada tienen la orden de protegerlos, aunque aclaró que tampoco se les restringirá el paso a las naves de Nicaragua. 

Sin embargo, las palabras del mandatario no fueron alivio suficiente para el sector. "Todo es muy crudo y no hay nada concreto sobre qué va a hacer Colombia. Nosotros tenemos los permisos de las embarcaciones hasta el final de marzo del 2013 y si no hay ningún cambio no podremos renovarlos. La posición que está tomando Colombia no puede indefinirse en el tiempo, el fallo ya es una realidad y la empresa tiene que prepararse para salir de aquí", concluye Álvarez.

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