La trampa electoral

A pesar de los esfuerzos de ese grupo de hombres mayores de 45 años que recorrieron el país de lado a lado para descubrir las irregularidades de las elecciones parlamentarias del pasado 10 de marzo, es muy probable que el 20 de julio se posesione más de un congresista que no lo merece.

La revelación fue hecha a SEMANA por Luis Felipe Vergara, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) la máxima autoridad en materia de elecciones, cuyos miembros jamás imaginaron que tendrían que recorrer los sitios más recónditos de la geografía colombiana. En sólo dos meses los consejeros han tenido que viajar desde Dibulla, en La Guajira, hasta municipios como Cicuco en Bolívar, Condagua en el Putumayo o Matituy en Nariño. La mayoría de los consejeros ya pasaron su informe a la Procuraduría General de la Nación. Sólo faltan los de Cesar y Bolívar para determinar la validez y veracidad de los escrutinios.

Pero que hubo trampa, la hubo, y los resultados serán públicos el próximo 16 de julio cuando los consejeros le demuestren al país que hubo lugares en los que se actuó de mala fe y darán a conocer los nombres de los políticos que se resisten a desaparecer del mapa electoral. Ese mismo día se sabrá quiénes ocuparán las 102 curules que componen el Senado y se otorgarán todas las credenciales. "El país no se puede quedar sin Congreso, advirtió tajantemente Vergara Cabal. A mí me da tristeza tener que entregar algunas credenciales a personas que gracias a su ingenio hicieron trampa, pero es que nosotros no calificamos las conductas. Somos una autoridad administrativa que nos corresponde sólo escrutar los votos", concluyó.

Lo cierto es que a pesar de que se encontraron cerca de 400.000 votos en entredicho hay quienes ocuparán su curul y ostentarán el título de padres de la patria sin tener un derecho indiscutible. Por ejemplo, en Magangué, Bolívar, el candidato número 496, Vicente Blel Saad, tuvo 9.501 votos en el preconteo y en el escrutinio apareció con 18.262. Es decir, le aparecieron 8.761 votos como por arte de magia. Aún así, dicen los investigadores, al anular las mesas en las que se comprobaron las inconsistencias, las tachaduras o los errores aritméticos, tiene los votos suficientes para ganar su curul. Hay otros que, como Blel, están más adentro que afuera porque es muy difícil comprobar una relación directa entre los candidatos y los jurados de votación que llenaron las planillas.



Materia penal

Esas conductas, que terminarán en una investigación penal, están en manos de Andrés Ramírez Moncayo, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien ha proferido medidas de aseguramiento contra los registradores de Dibulla, María La Baja y Córdoba y los jueces de la comisión escrutadora de la zona 8 de Cartagena. Siete registradores han sido destituidos y como consecuencia de las 317 investigaciones que inició la Fiscalía ya se ha judicializado a 165 personas en todo el país (ver recuadro).

Por los mismos hechos la Fiscalía ha indagado a alcaldes, concejales, jurados de votación, registradores y ordenó la aprehensión de todos los documentos electorales en aquellos lugares en donde se presume que hubo irregularidades. Así mismo, se efectuaron dictámenes periciales grafológicos que permitieron detectar falsedad ideológica y material en documentos públicos y prevaricato por omisión.

Esos mismos documentos electorales quedaron bajo custodia de la Fiscalía y entre montañas de papeles los consejeros han tenido que observar uno por uno hasta descubrir el fraude electoral. Por eso los nueve consejeros han tenido que permanecer más tiempo en el búnker de la Fiscalía que en sus despachos. Por ejemplo, en el caso de Bolívar, que le correspondió al consejero Jorge Pretelt, 70 funcionarios de la Fiscalía y un procurador judicial lo han acompañado en el proceso de investigación que aún no ha culminado.



Disminuir el cuociente

Pero la gran sorpresa va más allá del cúmulo de irregularidades que se denunciaron inicialmente en las mesas de votación. Los consejeros fueron sorprendidos por el registrador Iván Duque Escobar cuando, un mes después de avanzadas las investigaciones, les entregó cuatro cajas que contenían 15 tomos con firmas falsas y suplantación. Eso, sumado a las enmendaduras, tachones y alteraciones fraudulentas que encontraron en los documentos electorales, fueron razones suficientes para no tener en cuenta un sinnúmero de mesas y anular las votaciones.

Esa circunstancia juega a favor de los propios aspirantes al Congreso, que están empeñados en que se anulen muchas mesas para bajar el cuociente electoral y así favorecer a todos los segundos renglones. Tanto es así que el mismo Carlos Espinosa Faciolince, cuya curul no está garantizada, contrató a un abogado que recorrió todo el país y presentó 3.000 reclamaciones para bajar aún más el cuociente electoral y asegurar su curul en el Senado.

Lo cierto es que no sólo hubo fraude sino ignorancia de los jurados y maniobras folclóricas que pasarán a la historia. Pero no es fácil entender la posición del Consejo Nacional Electoral frente a la primera investigación a fondo que se hace en el país sobre irregularidades en una elección. Porque si, como ha anunciado, otorgará las credenciales sin tener en cuenta conductas que están siendo investigadas por la Fiscalía, las curules quedarán sujetas a vicios legales y, por consiguiente, a nuevas demandas. Eso no sólo significará que el Congreso tendrá una base legal endeble sino que más de un congresista, a pesar de haber cometido actos fraudulentos, jurará cumplir con la Constitución y las leyes.