Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2010/02/13 00:00

La tregua

Las bandas criminales de Medellín buscan una negociación con el gobierno y por eso le bajaron a la violencia. Pero más allá de la cárcel, no hay mucho que ofrecerles.

El alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, advirtió que ni la Iglesia ni los civiles pueden ofrecer negociaciones al crimen organizado y que con éste solo se admite el sometimiento a la justicia

En Medellín la gente de los barrios está feliz con la tregua que declararon los bandidos. Enero había sido de locos: los 231 asesinatos con los que terminó el mes eran un récord en criminalidad y vendettas. El alcalde se fue a despachar en las comunas rodeado de policías y fiscales. Cerca de 3.500 agentes patrullaban las calles armados como en una zona de guerra, y las capturas de narcos y jefes de bandas fueron contundentes. De repente, al comenzar febrero, los homicidios bajaron de siete diarios a tres. "La orden fue parar la broncas y enfriar la zona", le dijo un miembro de las bandas a SEMANA.

Todos estaban felices, pero la fiesta se aguó esta semana cuando estalló la controversia sobre qué había detrás del pacto de no agresión. Saltó a los medios que desde noviembre un grupo de personas de la ciudad tenía autorización del Presidente para dialogar con los principales cabecillas de las bandas adscritas a la llamada 'Oficina de Envigado'. Es decir, con el crimen organizado.

¿Por qué si la baja de homicidios le conviene a todo el mundo se generó tanta polémica?

En primer lugar, porque quedó la sensación de que el gobierno tenía una doble estrategia en la ciudad: una pública, de garrote, y otra bajo la mesa, de zanahoria, con la comisión de notables. Eso levantó todo tipo de suspicacias: que si el alcalde quería bajar los homicidios durante los Juegos Suramericanos; que si Uribe quería detener la violencia por las elecciones; o que si era el reconocimiento tácito de que el problema les había quedado grande a las autoridades.

En segundo lugar, porque se pensaba que tras la tregua venía un pacto de paz, al estilo Ralito, que necesariamente, como dijo el general Óscar Naranjo, significaría "graduar otra vez a los narcotraficantes de paramilitares".

Gobierno, notables e Iglesia se desmintieron unos a otros en diferentes escenarios y al final de la semana quedaron claras tres cosas: que la Comisión ya no tiene el aval del gobierno; que la Iglesia puede hacer contacto con las bandas criminales para que se sometan a la justicia, y que el gobierno no tiene la intención de negociar con estos grupos.

¿Cómo se llegó a esta comedia de enredos?

Francisco Galán, ex guerrillero del ELN y hoy activista por la paz, dice que todo comenzó cuando, junto con Jaime Jaramillo Panesso, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; Jorge Gaviria, ex funcionario de la alcaldía de Medellín, y monseñor Alberto Giraldo, hicieron un diagnóstico de la violencia en la ciudad y la pintaron como una pirámide, en cuya base hay por lo menos 5.000 muchachos de combos y pandillas, y en su pico un grupo de por lo menos 50 mandos medios. Dado que las cifras de homicidio no bajaban, se pensó en contactar a los jefes de estas bandas y proponerles que dejaran de matarse entre sí.

En noviembre le pidieron permiso al Presidente, quien a través del alto comisionado para la Paz, Frank Pearl, los autorizó. Ahí empezaron los errores. En una carta enviada por Pearl el gobierno les da permiso para "realizar gestiones en beneficio de la reconciliación nacional". Algo tan amplio y tan vago, que daba para cualquier cosa. Ese primer yerro es enmendado con una segunda misiva en la que el gobierno pone condiciones: que toda gestión se haga en coordinación con Pearl, quien debe estar informado de todo, y que no se comprometa al gobierno en ningún tipo de acuerdo; además, que haya confidencialidad en todo el proceso.

Durante estos tres meses los comisionados recorrieron las cárceles donde estaban los jefes de las bandas, 'Riñón', 'Cesarín', 'Douglas', Elkin Triana y emisarios tanto de 'Valenciano' como de 'Sebastián', todos ellos miembros, según la Policía, de la 'Oficina de Envigado'. A mediados de enero, ya estos cabecillas habían ofrecido una tregua a partir del primero de febrero. Entonces la Comisión se reunió con Frank Pearl para buscar fórmulas para un eventual sometimiento a la justicia. Se discutieron ideas, como la colaboración efectiva y el principio de oportunidad, y quedó claro que la puerta estaba cerrada para cualquier proceso que implicara desmovilización, acuerdos con el gobierno o tratamiento político. También se aclaró que no cesaría la persecución de la Policía.

Pero había un problema adicional. Para mantener dicha tregua, los pillos pedían ser trasladados todos a la cárcel de Itagüí, establecer una mesa permanente de diálogo y estar en contacto con sus enlaces en la ciudad. Realmente ese es el punto que reventó la cadena, pues cuando se conoció públicamente la idea, resultó inadmisible. La experiencia con los paramilitares de Ralito es que usaron su estancia en Itagüí para seguir manejando sus hilos criminales de cerca. Y porque es evidente que estos jefes de banda no sólo podían sentarse a hablar de pacificar a Medellín, sino de cómo repartirse el territorio y los negocios ilícitos por los que se están matando. Todo en un momento en que había arreciado la ofensiva de los organismos de seguridad y éstos estaban dando frutos.

Por supuesto que la tregua entre las bandas dio como resultado una baja de los homicidios. Algo que todo el mundo celebra. Pero muchos temen que tras ella exista un pacto para controlar la ciudad, hacerle el quite a la justicia y la ley, lo que redundaría en mayor impunidad y en el incremento del poder de las mafias, o que el armisticio sea la bocanada de oxígeno que necesitan con urgencia para seguir al frente del crimen organizado. También es claro que la intención de ellos era arroparse con el discurso de que son "nuevos paramilitares" y buscar un reconocimiento similar al que tuvieron 'Don Berna' y los demás jefes de Ralito.

Hoy, el gobierno dice que la Comisión rebasó sus funciones y por eso canceló el aval que le había dado, mientras ellos insisten que Uribe y Pearl estaban informados de todo lo que estaba ocurriendo. El viernes también se aclaró que los sacerdotes sólo podrán actuar como garantes para que los miembros de bandas criminales se entreguen a la justicia. ¿Para ir a la cárcel? No necesariamente.

El Estado no ha sido coherente en el manejo del tema. El año pasado 108 miembros de Los Rastrojos le entregaron sus fusiles al Ejército en Chocó y se sometieron a la justicia. La Fiscalía les aplicó el principio de oportunidad y se abstuvo de juzgarlos por concierto para delinquir, y les atenuó la pena por porte de armas, lo que lo hizo excarcelable. Ninguno terminó detenido. Ni siquiera los que tenían procesos en curso. Hoy, muchos de ellos siguen delinquiendo.

Pero el problema de fondo es mucho más preocupante. En las regiones la gente está desesperada con unas bandas criminales que crecen como espuma, que están matando en escalas iguales o peores de las que alcanzaron en el pasado guerrilleros y paramilitares, y frente a las cuales la acción del Estado es lenta, ineficaz e insuficiente. Por eso la Iglesia está explorando salidas que frenen el desangre.

Otro factor importante es que ciertamente en las ciudades como Cali y Medellín hay miles de jóvenes que hacen parte de estas redes criminales que, además del tratamiento policivo, requieren soluciones sociales. Ni qué decir de los jóvenes de zonas como Tumaco, Buenaventura o Córdoba, donde el narcotráfico no es la más tentadora sino a veces la única alternativa de ganar dinero.

Adicionalmente, está bien que el Estado les ponga límite a procesos que, aunque están hechos con muy buena voluntad, no tienen marcos políticos ni jurídicos claros. Pero la encrucijada actual es que las acciones militares y policiales no ha garantizado una rebaja en los índices de violencia que causan estos grupos, mientras los pactos entre ellos pueden generar una paz transitoria, aunque ficticia. Buscar un acercamiento con los bandidos para que se sometan a la justicia y brindar incentivos para que dejen el delito no es descabellado ni censurable. Todo depende de que se haga dentro de una estrategia que lleve al desmonte de las redes mafiosas y a que se instaure el imperio de la ley. Es decir, que entreguen las armas y vayan a la cárcel. Estrategia que el Estado, hasta ahora, parece no tener.

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