11 julio 2013

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La tutela que perdió el Estado por islas del Rosario

FALLOTendrán que titular las tierras a los habitantes del caserío Orika.

La tutela que perdió el Estado por islas del Rosario. Los derechos de las comunidades étnicas deben ser respetados en su integridad.

Los derechos de las comunidades étnicas deben ser respetados en su integridad.

Foto: SEMANA. Archivo.

En una decisión que se podría calificar de histórica, a una comunidad negra asentada en las islas del Rosario le fue reconocida la posesión de las tierras en las que ha vivido ancestralmente. Se trata de un fallo de una acción de tutela en el que la Corte Constitucional le ordenó al Incoder titularles los predios.

La historia es esta: Los apoderados del Consejo Comunitario de Comunidades Negras caserío Orika presentaron el 14 de noviembre del 2007 una acción de tutela contra el Incoder y el Ministerio de Agricultura, ya que consideraron que se les vulneró su derecho a la vivienda y a mantener su identidad cultural.

Meses antes la indignación se apoderó de la comunidad luego de que el Incoder adelantó acciones para la recuperación de las áreas que consideraba indebidamente ocupadas y que iban en contra de esta comunidad negra. En su oportunidad dos fallos respaldaban la acción del Incoder.

En la actualidad el Estado ha aprobado contratos y licencias de construcción para privados, que con el fallo quedan en veremos.

Tutela

Para sustentar su petición, los integrantes de la comunidad negra apelaron a dos argumentos poderosos, el desarraigo cultural de su comunidad y a que en ningún momento se les consultaron las decisiones que los perjudicaban. En la tutela presentada se argumentó que no se tuvieron en cuenta “los derechos de petición, al debido proceso, a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y social, a la identidad cultural y a la autonomía de las comunidades culturales”.  

La tutela presentada al alto Tribunal tenía un argumento adicional e indebatible. Allí se citó una resolución, la 04393 de 1986, en la cual se establecía que las islas del Rosario nunca han salido del patrimonio nacional, por lo cual tenían el carácter de predios baldíos. Estos deben ser para campesinos o comunidades negras, según la ley.

Fallo


Tras múltiples peleas jurídicas esta semana el caso dio un giro de 180 grados. El magistrado Nilson Pinilla Pinilla, ponente de la tutela, revocó todas las decisiones anteriores y le ordenó al Incoder que en un plazo máximo de tres meses solucione la solicitud de titulación de tierras de las comunidades de islas del Rosario. Igualmente le exigió a la entidad que “se suspenda la celebración de nuevos contratos de usufructo y arrendamiento”.

Para el magistrado Pinilla, los derechos de las comunidades étnicas deben ser respetados en su integridad, incluso por parte de los propios organismos del Estado, quienes deben velar por la igualdad y equidad en el manejo de las tierras baldías.

En conclusión, el Caserío Orika ganó esta batalla jurídica al Estado que, según la Corte Constitucional, buscaba que en las islas del Rosario predominara más el turismo que el respeto a los territorios de comunidades afrodescendientes.
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