LA ULTIMA CARTA

No se habían acabado de apagar los incendios de los ranchos del corregimiento de El Tomate, en el departamento de Córdoba, arrasado el martes, con saldo de once muertos, por un grupo paramilitar que se hizo pasar por guerrillero y que, segun fuentes gubernamentales, quiso así vengar el asalto del EPL y las FARC a la población de Saiza, en el mismo departamento, una semana atrás. A las ocho y cínco minutos de la noche del jueves, el presidente Virgílio Barco aparecíó en las pantallas de la televisión para anunciar, en una de las alocuciones más promocionadas de su mandato, el plan de paz que, en una carta dirigida 20 días antes a la Convención Liberal reunida en Cartagena, había prometido presentar.

Todos estaban a la espera. E independientemente de las observaciones de unos, las dudas de otros y las críticas de unos más, la verdad es que el primer mandatario estuvo a la altura de las expectativas. En una charla de 36 minutos, expuso las tres fases (distension, transición e incorporación, ver cuadro) de un programa que pretende que al iniciarse el proceso electoral de 1990, los grupos alzados en armas que se interesen en acogerse hayan dejado de existir como organizaciones guerrilleras.
La primera impresión fue la de que se trataba de un trabajo serio en el cual, con base en las experiencias anteriores del proceso de paz iniciado por Belisario Betancur, así como en las que han tenido otros paises que viven dramas comparables al colombiano, un grupo de funcionarios del gobierno había tratado de plantear un programa lo más realista posible, para reincorporar a los guerrilleros a la vida civil. En realidad, el plan había comenzado a trabajarse casi desde los inicios de la actual administración, con el objetivo específico de cumplir con la promesa de Barco en su discurso de posesión del 7 de agosto del 86, de "institucionalizar el proceso de paz". Un documento preparado por un equipo de asesores coordinado por el entonces Consejero para la Rehabilitación, Carlos Ossa Escobar, estaba ya en el escritorio del Presidente a principios de junio del año pasado.
Pero su presentación al país se frustra por la emboscada en la que guerrilleros de dos frentes de las FARC en el Caquetá, mataron a 27 militares. El proyecto pasó entonces a la gaveta y el tema se volvió tabú en las oficinas y corredores de la Casa de Nariño.

El secuestro y liberación del ex candidato conservador Alvaro Gómez Hurtado en junio y julio pasados, y la coyuntura de diálogo que se abrió entonces, le devolvió la vida al plan.
"El gobierno no estaba de acuerdo con la forma como se estaba desarrollando esta nueva etapa de conversaciones con la guerrilla" -dijo a SEMANA una fuente del alto gobierno-, "pero no podía evitar que particulares y representantes de la guerrilla hablaran. Lo que sí podía hacer fue lo que hizo: echar su carta sobre la mesa presentando el plan de paz".

Desde el momento en que salió de la gaveta, el asunto se convirtió en una de las obsesiones de Barco. Paso horas enteras reunido con el ministro de Gobierno, César Gaviria, con el de Defensa, general Rafael Samudio con el director del DAS, general Miguel Maza, y con los funcionarios de la Consejería para la Reconciliación dándole vueltas a cada uno de los puntos del plan. SEMANA establecio que el primer mandatario llegó a leer y corregir cerca de 20 versiones del plan, y minutos antes de iniciar la grabación de su alocución del jueves, todavía estaba retocando detalles.
Durante las horas previas a esto, el Presidente se había entrevistado personal o telefónicamente con varios dirigentes. Las dos más importantes consultas se dieron con el ex presidente Julio César Turbay y con el senador Luis Carlos Galán. Con el primero de ellos, aparte de una charla telefónica Bogotá-Roma, el ex presidente no sólo elogió el plan, sino que se declaró dispuesto a darle todo su respaldo apenas regrese al país y se haga cargo de la jefatura única de su partido. En cuanto a Galán, el Presidente lo recibió a solas en su despacho durante más de 40 minutos, a lo largo de los cuales discutieron buena parte de los puntos de la iniciativa de paz. Galán, a pesar de que planteó algunas dudas, consideró que globalmente el plan era positivo. También fueron consultados los ex presidentes Alberto Lleras y Carlos Lleras, Alfonso López Michelsen, los miembros de la saliente Dirección Liberal, el senador Edmundo López, Alvaro Vásquez de la Unión Patriótica y monseñor Dario Castrillón, coordinador de la Comisión de Convivencia Democrática.
Poco antes de la grabación del discurso, hubo dos llamadas telefonicas: una de 20 minutos al ex presidente Misael Pastrana y otra más breve al ex presidente Belisario Betancur.

REACCIONES
Sin embargo, una cosa fueron las llamadas y consultas y otras muy distintas las reacciones. Para empezar, los liberales y la gran prensa avalaron el plan. Dos titulares de El Tiempo -"El país recibe esperanzado el plan de paz del gobierno" y las declaraciones de dirigentes liberales como Miguel Pinedo Vidal "Es un plan serio, responsable, que denota madurez" contrastaron con los titulares irónicos de La Prensa -"La paz en cámara lenta"y las declaraciones desapacibles del ex presidente Pastrana quien, aunque confesó no haber analizado a fondo el plan, se fue lanza en ristre contra el mismo: "El proyecto me defraudó. Parece hecho en un laboratorio y es muy académico.
Contempla una cantidad de procesos dilatorios que pueden ser tan largos de ejecutar como los pasos en una procesión de Semana Santa". Tampoco faltó el mismo reclamo de siempre: que el plan no fue consultado con el Partido Social Conservador.
Desde el otro brazo de la oposicion, el presidente de la Unión Patriotica, Bernardo Jaramillo, tampoco fue parco en sus críticas: "El plan de paz parece hecho por un grupo de asesores expertos en tratados de paz internacionales, porque no se tomó en cuenta que Colombia vive un conflicto interno muy grave. Fue hecho como si ya hubiera un vencido y un vencedor. Es necesario esperar, pero hay mucha confusión".

Al cierre de esta edicion faltaban, sin embargo, las reacciones más importantes: las de la guerrilla. Segun el diario conservador La Prensa, en el seno de los diferentes grupos alzados en armas -particularmente las FARC se estaba dando una consulta interna con los distintos frentes, después de la cual se conocería una posícion. Aparte de ello, un ex militante del M-19 que ha actuado como vocero de ese grupo en la Comísión de Convivencia, Ramiro Lucio, dijo a SEMANA, "No es un plan de paz, sino un itinerario de desmovilización.
El presidente, al haberlo querido enmarcar en el esquema gobierno oposición, olvidó que el ABC de la paz es el consenso. Hoy la paz es liberal, pero también lo es la guerra. Sin embargo, el plan tiene aspectos positivos como los diálogos regionales y la Comisión de Convivencia tiene la responsabilidad de colaborar con el gobierno en esta iniciativa".

Las crítícas de la oposicion política no fueron respaldadas por la mayoría de los dirígentes gremiales y sindicales,. que coincidieron en destacar el hecho de que, por fin, el gobierno estructuró un plan de paz. También fue positiva la reacción de la Iglesia, en particular de monseñor Castrillón, quien a principios de la semana había protagonízado un agrio duelo verbal con el ministro de Defensa. "Estoy de acuerdo con la propuesta -dijo el alto prelado no obstante que veo puntos difíciles. Me parece además que no se debe descartar que la Comisión de Convivencia trabaje con el gobierno en la propuesta de paz".

En fín, al termínar la semana todo parecía índicar que el primer round sobre el plan de paz lo había ganado el gobierno, porque por lo menos había destapado su carta y había puesto a muchos a estudíar su propuesta.
Eso era ya bastante, en un país en el que casí nadíe cree hoy en día que sea posible recuperar la paz perdida, por mecanismos diferentes a !os de la vic toria en la guerra de uno de los bandos.

EL RETO
En medio de la incredulidad, era evidente entonces que para muchos se había alumbrado una lucecíta al fínal del tunel. Para empezar, era justo reconocer que el gobierno había logrado con su iniciativa de paz, juntar dos elementos que, separados, habían caracterizado siempre el diálogo de sordos en que habían derivado los contactos del gobierno con la guerrilla, en especial con el secretariado de las FARC. Durante el gobíerno de Betancur, la tendencia había sido la de hablar mucho de reformas sociales y políticas, y muy poco de desmovílización de la guerrilla. Durante los dos primeros años de la administración Barco, la tendencia se había invertido, con un gobierno que parecía estar empecinado en el monotema de la desmovilización. Como explicó a SEMANA un funcionario vinculado a estas negociaciones, "siempre que íbamos a La Uribe, la escena era la misma: el gobierno hablaba de desmovílización, y el secretariado respondía que sobre eso no se podía hablar mientras siguieran matando a los de la UP y no hubiera garantías".

En ese punto se habían varado todos los íntentos por darle un nuevo ímpulso a las negoclacíones. Y el plan de paz, evídentemente, era un nuevo íntento. Con la diferencia de que en esta oportunidad, aunque el gobierno insistía en la desmovilización como objetivo final del proceso, se declaraba dispuesto no sólo a hablar de reformas, íncluida la constitucional, y a permitir que sobre ellas se pronunciaran en un escenario institucional como el Congreso, voceros de la guerrilla. sino además, a concertar con los grupos guerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil, las garantías que se le deben ofrecer a los reíncorporados para proteger su vída y su integridad. Esto hacía más probable que los alzados en armas aceptaran participar en el proyecto de paz.

Pero más allá de este acierto, surgía una gran duda: teníendo en cuenta que los diferentes estudios de violentólogos han coincidido en que la violencia política no es la unica que azota al país, ni siquiera la que mayores muertes causa, y teniendo en cuenta además que en lo que va corrido del año, en materia de muertos por violencia polítíca, sólo un 40% son atríbuibles a acciones de la guerrilla, no parece tener mucho sentido presentar un plan de paz dirigido exclusivamente a ella. ¿Qué hacer con los grupos paramilitares y con las vinculaciones de éstos y del narcotráfico? Esa es apenas una de las preguntas que se derivan de esta inquietud sobre los limitados alcances que puede tener un plan que sólo se ocupa de la oposición armada de izquierda. Al respecto, un funcionario de la Casa de Nariño aclaró que "si bien el gobierno es consciente de que la.guerrilla no es el unico agente de la violencia que se vive? sabe también que la violencia guerrillera es la unica políticamente negociable". Aparte de esto, el gobierno considera que el mecanismo de los diálogos regionales que se establecen como complemento indispensable de la iniciativa de paz, puede contribuir a aliviar los conflictos violentos cuyo origen no es político. Sobre esto hay casos recientes, como el de Ocaña, donde por largo tiempo aparecían muertos policías y civiles vinculados a negocíos de contrabando. En un diálogo regional con la intervención de la Iglesia, delegados de las consejerías de Derechos Humanos y Reconcílíacíon y de los dístintos sectores sociales de la ciudad, se logró un acuerdo que aparentemente ha detenido las matanzas que -como quedó comprobado nada tenían que ver con la víolencía guerrillera. En este punto de los diálogos regionales, evidencia un cambio de posición de gobierno que, hasta hace cuatro meses cuando se puso en marcha el díálogo del Caquetá, se mostró abiel tamente en contra. Esta no es, sin embargo, la unica muestra de flexibilidad. La más importante, quizás, tien que ver con los mecanismos de verificación que el gobierno contempla el su propuesta. Al iniciarse esta administración, el gobierno dejó en claro que cualquier verificación debíl correr por cuenta de los jueces y los procuradores regionales. En la iniciativa de ahora, que crea los Consejos Regionales de Normalización, la verificación incluye no sólo las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, sino voceros de los partidos polítícos y de la guerrilla. De esta manera, de avanzar el proceso, guerrilla ejército se sentarían por primera ve frente a frente.

Aparte de todo lo anterior, la gran pregunta que surge es: ¿qué gana la guerrilla si se acoge a la iniciativa? Como sabe todo negociante, un contrato está siempre condenado al fracaso si el socio al que se invita a participar en el negocio pierde más de lo que gana. Para muchos, con el actual plan de plaz, la mayoría de los grupos guerrilleros podrían perder mucho y ganar poco. La verdad es que grupos como las FARC y el ELN domínan algunas zonas del terrítorío nacional en las que imponen su ley y son como un Estado dentro del Estado. Pasal de esta situación de poder a manejar taxí y poder votar para que algun día uno de sus representantes se haga a una cuota de poder por las vías electorales en el Estado de derecho colombiano, puede no resultarles muy atractivo. Todo esto sin contar con la experíencia del proceso de paz de la administración anterior. La Unión Patriótica, que fue el único resultado concreto de los acuerdos, ha pagado en muertos un precio muy alto por el ejercicio legal de la politica, precisamente por la ausencia de garantías para el ejercícío de una oposícíón legal de izquierda. De ahí que se pueda prever que la discusión entre gobierno y guerrilla sobre las garantías que deben concertarse para los que se reincorporen a la vida civil, vaya a ser seguramente el plato fuerte y quizás también el trago amargo de la nueva etapa de negociaciones que el gobierno abrió la semana pasada.

Pero lo único más importante que los diálogos, la verificación, las garantías, los términos, los procedimientos y los plazos, es, sin duda alguna, lo que hasta ahora le ha faltado con mayor o menor grado a todas las partes en este conflícto: la buena fe.
Teníendo en cuenta que lo que está en juego es la paz y, sí se quiere, la supervívencia del pais, una hegociación con cartas marcadas y propósitos ocultos es un lujo que no se pueden dar los protagonistas del proceso actual.