La última carta

Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del extinto cartel de Cali, están decididos a no dejarse extraditar. En su más reciente movimiento táctico decidieron darle poder a un abogado norteamericano para que adelante conversaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Quieren buscar un acuerdo que evite su remisión a ese país y permita que sus familias no sigan siendo los parias del mundo.

Sus abogados los convencieron de que podría ser más viable un acercamiento directo con el gobierno que hablar con agentes de la DEA o de la Aduana (Customs) que están en una carrera encarnizada para ver quién logra primero su extradición. "Lo único que le puedo decir es que hasta ahora se está calibrando la situación de mi padre y mi tío con la justicia norteamericana y el interés que podría tener Washington para que haya algún tipo de acuerdo, pero no estoy autorizado para contarle más", le dijo a SEMANA uno de los hijos de los Rodríguez Orejuela.

Lo cierto es que cuando se creía que era inminente la extradición de los ex jefes del cartel de Cali, hace 15 días fueron notificados de una nueva orden de extradición, esta vez proveniente de un fiscal de Nueva York. La llegada de esta nueva solicitud retrasa la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ahora tendrán que estudiar dos expedientes diferentes. El primero fue presentado en rueda de prensa por un grupo de fiscales de Miami el 22 de diciembre. En él los acusan por narcotráfico, lavado de dinero y obstrucción a la justicia con pruebas recopiladas por agentes de inmigración y aduanas de esa ciudad. El segundo expediente trae pruebas de la DEA que le sirvieron a un fiscal de Nueva York para acusarlos por 'obstrucción' a la lista Clinton.

Mientras la Corte tramita esta nueva orden de extradición, los abogados de los Rodríguez Orejuela podrán analizar las condiciones que imponga el Departamento de Justicia en un posible acuerdo para que los ex jefes del cartel de Cali se queden en Colombia. Aunque se vislumbra que podrían tener cerca de un año para negociar, todo depende de lo que cedan ambas partes. Por ahora lo más difícil, aunque no imposible, es que se levante el

indictment que tiene un fiscal de Nueva York en contra de William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel. La situación de él y del resto de su familia ha sido la mayor preocupación de su padre de 62 años de edad y de su tío Gilberto, de 68.

Desde el 24 de diciembre, cuando los Rodríguez fueron notificados de la primera orden de extradición, sus 15 hijos emprendieron una campaña contra ésta. Hablaron con los medios de comunicación, con autoridades judiciales y carcelarias, con políticos, industriales, con la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y hasta les han enviado cartas a ex presidentes de la República y al presidente Álvaro Uribe Vélez. Enviaron la última carta el viernes pasado al presidente de la Corte Suprema, Silvio Fernando Trejos. Le anexaron todas las certificaciones de conducta ejemplar de las cárceles en que han estado los hermanos Rodríguez Orejuela. También le enviaron grabaciones y pruebas sobre los testimonios de algunos testigos que los han delatado a cambio de beneficios con la justicia estadounidense.

Su propósito también es exponer que ellos no pueden ni deben pagar el daño que ocasionaron sus padres. Todo lo han hecho a nombre de los 15 hijos, 21 sobrinos y 30 nietos, para quienes lo que quieren las autoridades judiciales de Estados Unidos es decretarles una extradición masiva. Sin embargo reconocen que sus protestas han sido inútiles, dicen que la extradición es política y creen que todavía podría jugarse una última carta que los beneficie a todos, la negociación.

Por el lado de la justicia norteamericana son dos los distritos, Miami y Nueva York, que los requieren por dos delitos diferentes: narcotráfico y obstrucción a la lista Clinton. Para levantar el primer indictment estarían obligados a entregar 2.100 millones de dólares, suma que el fiscal de Miami considera el equivalente de sus ganancias en el negocio de las drogas. También, a revelar rutas y delatar a otros capos o personas que se han beneficiado del negocio de la cocaína o el lavado de dólares. En el segundo

indictment están acusados por el fiscal neoyorquino de obstruir la lista Clinton en la que les decretaron la muerte comercial y civil a 39 compañías en Colombia y en el exterior, y a 95 personas relacionadas directa o indirectamente con los Rodríguez Orejuela. En este caso podrían negociar la entrega de parte de su fortuna a cambio de que sus familias puedan vivir en paz en la sociedad colombiana. Aunque parezca imposible una negociación que pueda salvar a los ex jefes del cartel de Cali ya existen antecedentes de acuerdos similares.

Pero no es la única estrategia que tienen preparada los hermanos Rodríguez Orejuela para evitar su extradición. En caso de que sus aproximaciones al Departamento de Justicia fallen, ellos planearían esgrimir razones humanitarias protegidas por el derecho internacional. Su argumentación estaría basada no sólo en su edad, sino en sus condiciones de salud. Por ello han recopilado decenas de certificados que dan fe de sus múltiples enfermedades, como el problema de hipertensión que le causó isquemia cerebral a Gilberto y una nerviopatía que afecta a Miguel y le adormece las extremidades.

Esas enfermedades les permitieron conseguir que el gobierno nacional los trasladara a la cárcel de La Picota, en Bogotá. Allí estuvieron hasta hace algunas semanas, cuando el gobierno de Estados Unidos protestó porque considera que los hermanos deben estar separados. Gilberto fue enviado a la cárcel de Valledupar, donde permanece.