¿La última carta?

Tras el alborozo inicial del nuevo capítulo en la búsqueda de un intercambio humanitario, los familiares de los secuestrados conservan el optimismo intacto, aunque son realistas para entender que la solución no está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, valoran la propuesta del presidente Álvaro Uribe a las Farc de encontrarse en una embajada en Bogotá "como un paso muy significativo", como dijo uno de ellos.

La propuesta del Presidente tiene cosas buenas y algunas difíciles de llevar a la práctica. Es positivo el hecho de que Uribe diera el paso y lanzara la iniciativa. Es cierto que en esta última carta el gobierno básicamente reitera la propuesta de "liberar de acuerdo con las leyes colombianas y de manera unilateral 50 guerrilleros procesados o condenados por rebelión" a "cambio de que la guerrilla libere a los secuestrados políticos y a los miembros de la Fuerza Pública en su poder". Pero hay un avance notorio, pues esta vez Uribe formuló un mecanismo concreto, inmediato, como primer paso para llegar a la liberación de todos los 'canjeables'. En primer término, anuncia la "liberación de 15 guerrilleros que estén en las cárceles por el delito de rebelión"; luego exige que, como prueba de voluntad, las Farc deben "liberar a un número similar de personas secuestradas en su poder".

Cumplida esta fase, el gobierno le da luz verde a un hecho novedoso y sin antecedentes en la historia del país desde que existen las Farc: un encuentro al más alto nivel entre el representante del Estado, es decir el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, y los voceros que designe las Farc en una embajada en Bogotá que, según Uribe, "podría ser la sede de la Nunciatura Apostólica de Colombia". De esta manera se salta el obstáculo puesto por las Farc de que el encuentro debiera realizarse en dos municipios despejados: San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Para Uribe esto es un imposible porque él mismo fue el gran crítico de la decisión del gobierno anterior de despejar territorios. Además, estos dos municipios son centrales en el avance del Plan Patriota, y sacar a la Fuerza Pública de allí sería desbaratar el plan central de reconquista de territorio para la legalidad. Por eso, el Presidente es enfático al aclarar que no se suspenderán acciones militares en "ninguna parte del territorio nacional".

Una embajada está en la práctica fuera de Colombia porque teóricamente sus sedes son territorio extranjero, aunque en realidad no se está saliendo del país. El gobierno es generoso en el tiempo propuesto: "La reunión se adelantará por un tiempo no mayor de cinco días, con el único propósito de perfeccionar el acuerdo". Un lapso suficiente para que las partes produzcan humo blanco.

El gobierno cree solucionar el problema logístico al explicar que el "transporte de los miembros de las Farc a Bogotá y su regreso se adelantará por cuenta de la Cruz Roja Internacional, con el apoyo de la Iglesia colombiana".

Sin embargo, ahí mismo empiezan las complicaciones. Históricamente, las Farc son por esencia profundamente desconfiadas. Para ellas el tema de la seguridad de sus hombres es prioritario. Aunque es obvio que el gobierno no les va a tender una celada cuesta trabajo imaginar que el Secretariado va a darle vía libre para que sus comandantes se suban a un avión, como si nada, y se trasladen a Bogotá como cualquier turista.

Y aunque hay antecedentes en ese sentido, la situación no era comparable. Varios pesos pesados de las Farc se subieron a un avión que voló de San Vicente del Caguán a Bogotá para luego atravesar el Atlántico, pero siempre en compañía del comisionado de Paz Víctor G. Ricardo y en tiempos en que se negociaba la paz con el gobierno de Pastrana. Pero aun esa época de distensión, la desconfianza de esta guerrilla llevó a su jefe 'Manuel Marulanda' a dejar metido al propio presidente Pastrana al inicio de los diálogos del Caguán. Siempre juraron que su líder no asistió porque pensó que lo iban a matar en la tarima, a pesar de que el pueblo estaba literalmente tomado por más de 5.000 guerrilleros.

Otro de los obstáculos tiene que ver con que, aunque suene a contrasentido, las Farc son muy conservadoras. Para esta organización cuenta mucho el papel firmado, el documento escrito y desconfían de las propuestas oficiales hechas a través de la televisión, tal como ocurrió en este caso.

Finalmente están los imposibles. El gobierno ha hablado de liberar a guerrilleros únicamente procesados por delitos políticos. Esto es rebelión, sedición y asonada. Una propuesta que seguramente las Farc estarán reacias a aceptar. ¿La razón? Para ellos es indispensable que este acuerdo libere a algunos guerrilleros detenidos por secuestro y terrorismo, delito derivado del asalto y toma a poblaciones. Con nombres concretos se trata de 'Simón Trinidad', 'Sonia', Wilmer Marín alias 'Hugo' e incluso Yesid Arteta, que hace unos días iba a quedar en libertad pero se impidió su salida pues se le inició un nuevo proceso por narcotráfico. En otras palabras, no sólo el Estado tiene canjeables de lujo. Sino que las Farc también.

También hay que anotar que el Presidente no puede liberar guerrilleros condenados por delitos atroces ya que no existe el sustento legal para avanzar en esa solicitud, sin violar la legislación vigente. Las Farc no entienden estas sutilezas jurídicas pues piensan que quien tiene el poder puede acabar tomando la decisión que quiera. Esto puede ser verdad pero hay límites.

No obstante todas estas talanqueras, este primer paso que ha dado el gobierno tiene un alcance enorme. Aunque las condiciones todavía no parecen cumplibles, queda claro que se ha abierto la puerta para un intercambio. Este es un viraje ante posiciones radicales anteriores que de entrada imposibilitaban cualquier acuerdo. Si se logra es una oportunidad magnífica para que el gobierno y las Farc se vean las caras y así logren construir la confianza no sólo para sacar adelante el intercambio sino incluso para iniciar conversaciones de paz más ambiciosas.