¿La última travesura de la Comisión de Acusación?

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, conocida sarcásticamente como la 'comisión de absoluciones', estuvo todo el primer semestre de este año agonizando. Con la reforma a la Justicia desaparecía. Las cortes, el gobierno, el fiscal general y los mismos congresistas estaban de acuerdo en que a esta comisión, que debe investigar a los funcionarios que tienen fuero especial y que tiene a su cargo actualmente más de 1.200 procesos, había que darle cristiana sepultura por ineficiente e inoperante. El Congreso solo ha condenado al general Gustavo Rojas Pinilla en 1959 y en ese entonces ni siquiera existía formalmente la Comisión.

Mientras en el mismo Capitolio discutían qué figura la reemplazaría, la Comisión no se daba por enterada y estaba más viva que nunca: entre enero y junio de este año, 99 personas firmaron contratos para prestar sus servicios a esta Comisión por un poco más de 1.900 millones de pesos.

SEMANA tuvo acceso a un listado de los contratistas de la Cámara de Representantes y pudo constatar que se contrataron varios asesores para "el acompañamiento jurídico" y otros para "acompañar el desarrollo de actividades asistenciales" de la Comisión. Y, como si fuera poco, de los 99 contratos, 59 están hasta diciembre y se hubieran tenido que liquidar si la Comisión hubiera desaparecido.

El secretario de esta célula legislativa, Gonzalo Pinzón, justificó esta contratación diciendo que desde 2011 había una "emergencia judicial" por la cantidad de procesos. Solicitaron recursos adicionales al Ministerio de Hacienda y con ellos financiaron a esos contratistas, que han apoyado la labor de la Comisión, y han ayudado a archivar alrededor de 500 casos.

Lo curioso es que varios de los representantes que la integran le dijeron a esta revista que ellos tenían como auxiliares o asesores entre dos y tres personas. Si la Comisión está integrada por 15 representantes, y cada uno tiene tres asesores, sumarían 45 contratistas y no 99 como aparece en el registro. El secretario Pinzón asegura que él conoce a todos los contratistas y que además de los asesores, que no están obligados a ir a la Comisión, hay otros que trabajan como asesores de él o en archivo. Pero cuando SEMANA llamó a la Comisión a preguntar por varios de ellos, dos funcionarios negaron conocerlos o que estuvieran vinculados laboralmente a la corporación. Otro funcionario que trabaja en la Comisión dijo que algunos no van desde el año pasado.

Por eso en los últimos días han empezado a circular denuncias sobre una supuesta nómina paralela en la Comisión pero también en otras dependencias de la Cámara de Representantes. Estos señalamientos llegan justo cuando el director administrativo del Senado, Omar Velásquez, acaba de ser destituido por presuntas irregularidades en la contratación y cuando el Congreso acaba de abrir la convocatoria para elegir director administrativo de la Cámara, cargo que ocupó hasta el pasado 20 de julio Gloria Inés Raigoza. Incluso por Twitter han circulado mensajes en los últimos días en los que afirman que a cambio de ser reelegida ella les ofrece puestos a los parlamentarios. Algunos funcionarios y congresistas de la entidad afirman que ella es la 'Emilio Otero' de la Cámara de Representantes, pero otros defienden su gestión e incluso la comparan con la contralora Sandra Morelli -Raigoza, curiosamente, viene de la Contraloría Regional del Quindío- y aseguran que la persecución ahora es porque ha pisado uno que otro callo. "Hemos parado algunas cosas que venían y eso ha incomodado", afirma Raigoza. Su antecesor, Jairo Jaramillo, a quien le decían por los pasillos 'el alcalde de Cúcuta' por haber contratado a un número significativo de paisanos cucuteños, terminó destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en los contratos de varias licitaciones, entre ellas la de los carros blindados de los congresistas.

Sobre los contratistas de la Comisión de Acusación, Raigoza dice que cuando ella llegó al cargo ya estaba el presupuesto aprobado para atender la "emergencia judicial" y que los contratos se firmaron luego de un debido proceso con estudios previos y justificación. "Yo soy la ordenadora del gasto y tengo los recursos. Solo se los doy si lo justifican". Debido a los señalamientos, la misma Raigoza ha pedido a los organismos de control que se investigue la presunta nómina paralela, pero también las amenazas que ella ha recibido y denunciado ante la Fiscalía.

Mientras los organismos de control evalúan las denuncias, un nuevo director administrativo debe ser elegido a más tardar el 14 de agosto. Ella dice que no ha decidido aún si va a postularse, pero el recién posesionado presidente de la Cámara, Augusto Posada, les dijo a otros parlamentarios de La U, la semana pasada, que apoyaba su candidatura. "Ella ha hecho las cosas bien".