La universidad y los paras

Salvatore Mancuso Gómez dice que quiere colaborar con la justicia, pero advierte que su memoria es frágil en algunos temas. Y hasta entendible, dada la cantidad de muertos que lleva encima. Uno de ellos está relacionado con la toma a sangre y fuego de la Universidad de Córdoba (Unicor). Fueron muchos años de dolor y miedo que hoy son mirados con lupa por la Fiscalía General de la Nación. De hecho, hace poco el fiscal, Mario Iguarán Arana, hizo un movimiento inesperado para esclarecer estos hechos de violencia: relevó de la jefatura de la Unidad de Derechos Humanos a uno de sus hombres de confianza, el fiscal Leonardo Cabana Fonseca, y lo comisionó a la Unidad de Justicia y Paz para que se pusiera al frente del caso del principal centro educativo de Montería y, en general, de todo lo relacionado con los crímenes del mencionado jefe paramilitar, hoy preso en una cárcel de Itagüí (Antioquia).

SEMANA visitó la capital cordobesa para tratar de reconstruir las muertes y las amenazas que otrora los hombres de Mancuso volvieron comunes en la Unicor. Profesores, alumnos y directivos del centro educativo están practicando a la perfección lo que se volvió común entre los monterianos en el último año: hablar sin miedo y sin tapujos de los paramilitares. Es más, un grupo de catedráticos de la universidad hizo en octubre pasado algo que para cualquiera era inimaginable hace unos tres o cuatro años: enviaron una denuncia al Fiscal General de la Nación en la que aseguraron que Mancuso era indigno de cualquier consideración especial dentro de la Ley de Justicia y Paz. Y, en parte, hasta razón les asiste.

Hace cuatro meses, en Medellín, Mancuso aceptó que su organización criminal había mandado asesinar a varios profesores y alumnos de la Universidad de Córdoba. El baño de sangre se inició en 1995 con el asesinato del profesor Francisco Aguilar Madera. Un año después, igual suerte corrió su compañero Alberto Alzate Patiño. En 1996 sucedió un hecho que todavía se evoca con pavor en Montería: se atentó contra la vida del presidente del sindicato de trabajadores de la universidad, René Cabrales Sossa, quien de milagro se salvó. Sin embargo, su nieta, de sólo 2 años, no corrió con la misma suerte.

En medio de ese clima de muerte, destierro y caos en la universidad, en septiembre de 2000, con el evidente aval de los paramilitares, fue nombrado rector Víctor Hugo Hernández Pérez. Pocos días después, en la casa del propio Hernández, fue asesinado Hugo Iguarán Cotes, quien había aspirado a la rectoría de ese centro estudiantil. En 2002 Hernández fue forzado a dejar la universidad y este año optó por el exilio. Desde esa época y hasta este momento, el hombre fuerte de la Unicor se llama Claudio Sánchez Parra, un funcionario del que se oyen versiones encontradas en Montería y en el mundo académico.

Reunión en Ralito

La Unicor tiene más de 500 profesores (la mitad son de planta) y unos 8.000 estudiantes. Entre muchos de los catedráticos es evidente el malestar hacia Sánchez Parra. Pero, en cambio, en el estudiantado no. Tal vez ahí radica el éxito de este hombre al que hace poco más de dos meses la Procuraduría le notificó la apertura de una investigación disciplinaria por sus presuntos nexos con los paramilitares. Con semejante determinación del Ministerio Público, tampoco es fácil entender cómo este funcionario sigue en un cargo tan importante para los cordobeses. Una de las respuestas a esa pregunta podría estar -según dicen los profesores de la Unicor- en que el gobierno del presidente Álvaro Uribe tomó partido desde hace rato en favor de Sánchez Parra.

"Yo estoy tranquilo. Mi padre me decía que cuando uno hace bien las cosas, es fácil encontrar enemigos. A mí me pasa eso. Me gané muchos malquerientes porque tomé determinaciones drásticas contra los miembros del sindicato en temas tan sensibles como las pensiones", le dijo a SEMANA Sánchez. "Ah, y que quede claro que durante mi gestión no ha habido un solo muerto", advirtió. Pero los profesores y algunos estudiantes no lo ven así. Ellos no le perdonan a Sánchez que no haya hecho nada para evitar una reunión en Santa Fe Ralito, el 18 de febrero de 2003, con los paramilitares.

Ese día, a las malas, varios profesores de la Unicor tuvieron que ir allá a darle la cara a Mancuso y escuchar su discurso de siempre: que ni en la Universidad de Córdoba ni en ninguna parte del departamento los guerrilleros tendrían cabida. "Hay una cosa que no es cierta: en la Universidad de Córdoba siempre hubo espacio para el debate, pero no había guerrilla", expresaron al unísono varios de sus catedráticos, quienes exigieron el anonimato. Ese comentario, no obstante, nadie lo cree hoy en Montería. Muchas personas le dijeron a SEMANA, por ejemplo, que era tal la presencia subversiva en la Unicor, que en otras épocas allí se negociaban hasta secuestros y extorsiones.

Lo cierto es que después de la reunión de febrero de 2003 en Ralito, Claudio Sánchez se atornilló en la rectoría de la Universidad de Córdoba. "No niego que fui a esa reunión, pero lo hice obligado. Eso ya se lo expliqué a la Procuraduría", advirtió el lunes pasado Sánchez Parra.

"Claudio, por ser funcionario público, tenía la obligación de denunciar la reunión en Ralito cuando llegó a Montería", enfatizaron algunos miembros del sindicato de maestros de la Unicor, quienes tampoco denunciaron los hechos de febrero de 2003. "¿Por qué no pusimos la denuncia? Porque aquí, en Córdoba, los organismos de control eran de los paramilitares. Más se demoraba uno en colocar una denuncia, que Mancuso en enterarse quién la había puesto. Y si uno denunciaba, lo menos que le podía pasar era que tenía que abandonar la ciudad. Lo normal era la muerte", explicó otro integrante del sindicato de la Unicor.

Curiosamente, de la labor de Sánchez Parra al frente de la Universidad hay reconocimiento de los monterianos del común: que la Universidad de Córdoba ha crecido y que la época en que se entraba a paro por cualquier cosa quedó atrás. "Yo no conozco a ese señor Claudio Sánchez, pero la percepción que tenemos en Montería es de que ha hecho bien las cosas y que se la quieren montar porque ha ido sacando la guerrilla de la universidad", dice Januario Hernández, taxista de profesión.

En este complejo escenario se encuentran hoy las investigaciones penal y disciplinaria de la Fiscalía y la Procuraduría. El fiscal Leonardo Cabana le dijo a SEMANA que recibió instrucciones especiales del fiscal general Iguarán para hacer hasta lo imposible con tal de aclarar todas las muertes y las amenazas de que ha sido víctima la comunidad estudiantil de la Unicor en los últimos años. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía pretende que Mancuso relate con detalle los móviles de todos los homicidios perpetrados contra profesores y estudiantes. Y así será posible sancionar a los responsables de haber llevado miedo y sangre a un claustro universitario.