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| 12/14/2010 12:00:00 AM

La valentía de representar a víctimas que buscan la restitución de sus tierras

Carmen Palencia es la directora de 'Tierra y vida', asociación que agrupa a víctimas que buscan la restitución de su tierras. Ha sido blanco de atentados y acaba de recibir un premio del gobierno Francés por su lucha por los derechos humanos.

Carmen Palencia está viva de milagro. Desde el año 2006, después de haber estado en coma durante varios meses y de haber perdido uno de sus dedos no camina sola. La acompañan unos escoltas que la protegen desde que las amenazas de muerte empezaron a hacerse realidad, luego de que decidiera emprender una lucha por la restitución de las tierras que los paramilitares les quitaron. A ella y a cientos de familias del Urabá.

Una lucha que desde hace algunos años hace a través de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras de Urabá, que la noche del lunes se llevó el premio de derechos humanos Antonio Nariño, que otorga el gobierno Francés, pero que también le ha costado amenazas a su vida y el asesinato de ocho líderes que la acompañaban en el mismo objetivo: lograr que las hectáreas que les fueron arrebatadas a la fuerza, les sean devueltas.

Para Carmen, el premio que recibió hace apenas unas horas es un reconocimiento que le permite recordar a los 48 reclamantes de tierras que han sido asesinados en los últimos dos años en el país. “Ocho de ellos compañeros míos de Urabá”, repite. Pero además, es un empujón más para continuar, ahora bajo una nueva organización que será liderada por ella y que defenderá los derechos de 10.000 desplazados de todo el país que reclaman sus tierras.

Se trata de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a Tierras, ‘Tierra y Vida’, una organización que agrupa a otras, de diferentes partes del país, que también luchan por lo mismo: recuperar lo que perdieron.

“Somos el resultado del trabajo de diferentes organizaciones sociales de víctimas de Bolívar, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Córdoba, Magdalena, Antioquia y Santander, por ahora. Buscamos generar un gran movimiento de incidencia nacional, regional, local, que logre hacer más afectivas y transparentes las políticas públicas en el tema de tierras y dignificación de la vida de las víctimas”, cuenta Carmen, quien aunque reconoce que no será nada fácil lograr lo que se proponen -porque las amenazas no paran-, cuenta uno a uno los objetivos de esta nueva asociación.

“Hacer parte de la Mesa Nacional de Tierras, donde hasta ahora solo tiene participación la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc)”. Para esto, la Asociación ya ha enviado dos solicitudes al vicepresidente, Angelino Garzón, y en la noche del lunes, cuando recibió el premio Antonio Nariño, lo volvió a hacer. “No es capricho. Nosotros conocemos muy bien qué es lo pasa en cada rincón del país. Bogotá es otro mundo, es allá, en la región del Urabá, en el Valle (…) donde se ve cómo la victimización y la revictimización es el pan de cada día. Es necesario que estemos en esa Mesa”, dice Carmen.

Sobre la ley de víctimas, y en particular el capítulo de tierras, quieren que se incluyan las llamadas zonas espurias, lugares donde se evidencia que paramilitares despojaron a la gente de sus tierras para quedarse con ellas y que además, para Carmen, deberían recibir otro nombre: “zonas de dolor, zonas de despojo”.
 
“Documentar todos los casos de desplazados a través de un censo de las tierras despojadas”, dice Palencia, quien explica que la idea es que se logre que quienes dicen ser propietarios de dichas tierras demuestren que fueron adquiridas legalmente.
 
Sobre la retroactividad para la restitución, Carmen ve con tristeza que sólo podrán beneficiarse las personas que hayan sido víctimas a partir del primero de enero de 1991.
 
“Yo perdí todo en 1988 (…) si la ley, en definitiva, solo hará restitución a quienes perdieron sus tierras en el 91, muchos quedaríamos por fuera”, dice.

Pero la lucha de Carmen va más allá de su propio interés, finalmente -dice ella- logró reponerse no solo de la perdida de unas cuantas hectáreas, sino también de haber quedado viuda a los 24 años cuando los paramilitares le mataron a su esposo y ella tuvo que huir con sus tres hijos y su mamá a una zona donde también fue perseguida.

Y es que Carmen ya no lucha por ella, lo hace por miles de personas que esperan una restitución real, que de no lograrse por la “nueva ley”, como ella la llama, lo seguirán intentando a través de la Ley 975.
 
“Nuestro lema ha sido siempre insistir, persistir, resistir y nunca desistir”. Y es que desde que le puso el pecho a esta causa, Carmen, a través de las organizaciones que ha liderado, ha logrado la restitución de 180 predios, casi cuatro mil hectáreas.
 
Y aunque su meta sea grande, cerca de cinco millones de hectáreas, y el riesgo que corre su vida en esta defensa sea latente, no lo ve imposible. 
 
“Van ocho muertes de personas cercanas que buscaban el mismo objetivo. Y aunque para muchos es una razón suficiente para hacerse a un lado, para nosotros es un deber continuar. Tenemos claro que el que se murió, murió, pero los que quedamos vivos tenemos la obligación de seguir con esto. Las muertes no hacen que retrocedamos, al contrario, nos empujan a seguir adelante hasta que devuelvan la última hectárea”, concluye Carmen.
 
Líderes de la misma causa asesinados

- Albeiro Valdés Martínez: en la mañana del martes 11 de mayo, en un paraje de la vía que conduce de Turbo a Necoclí, en Antioquia, fue hallado el cadáver de este hombre, quien era parte de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes, ASOVIRESTIBI, como líder de las víctimas de su comunidad. Él y su familia eran legítimos propietarios de 35 hectáreas en el corregimiento El Totumo del municipio de Necoclí.

- Rogelio Martínez: en la noche del 18 de mayo, cuando se dirigía a la finca La Alemania, en la vereda las Pavas, corregimiento Plan Parejo en el municipio de San Onofre, Sucre, fue asesinado por hombres encapuchados. Este hombre, que trabajó en procesos de restitución de tierras, había logrado volver a su finca en el 2007, luego de haber sido desplazado. Las amenazas a su vida habían sido puestas en conocimiento de las autoridades por lo que el Comité Especial de Riesgos CRER, había ordenado un estudio de seguridad que concluyó que estaba en alto riesgo.

- Jair Murillo: el 17 de julio en el barrio Lleras de la ciudad de Buenaventura fue asesinado este líder afrocolombiano, representante legal de la Fundación Integral Pacífico Nariñense (FIPAN), organización de población afrocolombiana desplazada de Buenaventura. Días antes de su muerte estaba coordinando una marcha nacional de desplazados, que se realizaría en Bogotá.

- Hernando Pérez: fue asesinado el 20 de septiembre en el corregimiento el Totumo, municipio de Necoclí, Antioquia. Era dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá y había participado horas antes de su muerte en la entrega de títulos a 34 familias víctimas del desplazamiento forzado en el primer acto de ese tipo que realizó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

- Édgar Bohórquez: fue asesinado mientras se movilizaba en una moto. Presidía la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare, Arauca. Los hechos ocurrieron a mediados de septiembre. Era conocido por estar en defensa permanente de las tierras que les habían arrebatado a los campesinos de Arauca.

- Familia Salazar: en octubre, tres campesinos de una misma familia que habían recibido dos años antes una tierra del Incoder fueron asesinados en la población de Albán, en El Cairo, Valle.

- Óscar Maussa: el 24 de de noviembre fue asesinado en la vereda Cañito, del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar. Óscar Maussa era líder de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroblan).
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