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| 11/17/2003 12:00:00 AM

La versión de Gómez Méndez

El ex fiscal Alfonso Gómez responde a un artículo de SEMANA.

Bajo el titulo 'Paselas por inocente' y el subtítulo 'todos los grandes escándalos políticos después de la cárcel terminaron en exoneraciones', publicó esta revista en su último número un informe incompleto y con cierta falta de rigor periodístico, principalmente sobre procesos adelantados cuando me desempeñé como Fiscal General de la Nación. Básicamente la tesis es la de que los procesos terminaron en exoneraciones ante los jueces y que tuvieron motivaciones políticas.

Es incompleto porque en 12 años de funcionamiento de la Fiscalía, no se ocupa de casos anteriores o posteriores a mi gestión en los que pueden presentarse situaciones parecidas. El informe sólo se ocupa de unos casos que considera irregulares por el resultado final e ignora la inmensa mayoría que terminaron con condena. Para citar una cifra tomada de mi informe al Congreso, durante los cuatro años hubo más de 300.000 resoluciones de acusaciones, el 90 por ciento de las cuales terminaron en sentencia condenatoria ante los jueces competentes. En relación con lo que la revista llama "escándalos políticos", el informe omite mencionar los casos que terminaron en sentencias condenatorias definitivas: dos ex ministros de la administración Samper, por lo menos 10 gobernadores, dos ex contralores generales, un ex procurador, varios gerentes de institutos descentralizados, una docena de ex parlamentarios, los funcionarios vinculados a los casos de corrupción de la Cámara de Representantes, entre otros, pertenecientes a distintos partidos políticos.

Aun cuando seis casos de exoneración no permitirían hablar de sesgos en una gestión, habría que hacer dos precisiones. En primer lugar no toda acusación debe terminar necesariamente en condena, pues sobraría la etapa del juicio. En segundo lugar, la mayoría de los casos citados no han terminado aún como para que pueda hablarse de "inocentes" y su presentación omite deliberadamente muchas incidencias del proceso:

1. Fernando Botero. SEMANA dice que estuvo tres años en la cárcel y que luego fue declarado inocente. Es falso. El señor Botero sí estuvo tres años pero cumpliendo una condena, por enriquecimiento ilícito, en proceso adelantado por mi antecesor. Por cuenta del iniciado durante mi gestión, no estuvo ni una hora en la cárcel por cuanto el delito es excarcelable. La absolución fue apelada tanto por la actual Fiscalía, como por la Procuraduría.

2. Alvaro Leyva. La revista, en actitud cuestionable acoge la tesis del abogado de Leyva y presenta de manera interesada los siguientes hechos: a) Desconoce que durante todo el proceso el Ministerio Público, con dos procuradores distintos, siempre ha sostenido la seriedad de la acusación; b) Cuando se inició el proceso ya Andrés Pastrana estaba elegido, y el asilo concedido por Costa Rica, nada tuvo que ver con la existencia del mismo; y c) La absolución no está en firme por cuanto fue apelada por la Procuraduría.

3. Jaime Calderón. Es tendencioso sugerir que por cuanto Calderón como registrador contó los votos en la elección de Pastrana, el Fiscal propuesto por Samper (y recuerdo, elegido por la Corte Suprema), en represalia le inició un proceso. Sería tanto como sugerir malévolamente que Pastrana, en agradecimiento, lo nombró notario en Bogotá. Nadie cuestionó ni la elección de Pastrana, ni la conducta de Calderón como registrador. Fue vinculado por enriquecimiento ilícito, en proceso que venía desarrollándose antes de mi posesión. Fue absuelto en primera y segunda instancia. SEMANA no dice que el fallo fue recurrido en casación por la Procuraduría, y que el procurador delegado ante la Corte pidió revocar la absolución y condenar al acusado.

4. Diego Pardo. Los fiscales del caso encontraron en su momento mérito para llamarlo a juicio. Hay otros condenados por el caso. Ignoro si la absolución fue apelada.

5. Carlos Arturo Marulanda. Los testigos no declararon ni ante el doctor Valdivieso, ni ante mí, por cuanto el proceso no era de competencia del Fiscal General sino de los fiscales de la unidad de derechos humanos. No sé si la decisión esté en firme. Sólo recuerdo que recientemente la propia Corte Suprema por vía de tutela ordenó a la Fiscalía revocar una excarcelación que le había sido concedida.
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