La violencia contra la mujer se denuncia más, pero no cesa

Transcurría el 19 de abril del 2001 cuando la profesora Eumelia Aristizabal Quintero, quien laboraba en la escuela de la vereda La Aurora del municipio de Cocorná (Antioquia) disfrutaba del primer descanso del día junto con sus alumnos.

En ese momento, llegaron cuatro hombres armados pertenecientes al frente IX de las FARC, según las autoridades. Luego de indagar por quién era la docente, se la llevaron con las manos amarradas. Desde ese día no se volvió a saber de ella. 

Según algunos testimonios recaudados a lo largo de la investigación, el comandante del frente guerrillero, un hombre conocido con el alias de ‘Vicente’, ordenó que asesinaran a la maestra porque la señalaban de ser informante de los paramilitares y de la Policía. Las autoridades aseguran que ella no cooperó con dicho grupo armado.

Por el crimen, la juez 56 penal del circuito de Bogotá condenó a Omar de Jesús Arias Ramírez a 15 años y medio de cárcel. El guerrillero aceptó su responsabilidad como cómplice de los delitos de homicidio agravado en concurso con desaparición forzada. 

Por otro caso diferente, un juez condenó el pasado 17 de abril al patrullero de la Policía José Rubiano a un poco más de 26 años de cárcel por el asesinato de su esposa, Ladydiana Bonilla. Los hechos ocurrieron en octubre del 2012, luego de que la víctima llevara su hija al colegio en Ciudad Bolívar en Bogotá. Bonilla se había separado de su pareja y al regresar a su casa, Rubiano la estaba esperando con un cuchillo. Le propinó 19 puñaladas ante la mirada atónita de los transeúntes del sector. 

Hace apenas dos días la Defensoría del Pueblo alertó sobre un grave hecho en Apartadó, Antioquia. La entidad dio cuenta de cuatro violaciones a mujeres de esa población por hombres armados que vestían prendas militares. La situación obligó al desplazamiento forzado de tres familias.

Este jueves, un hombre aceptó haber abusado sexualmente y asesinado a su abuela en el sur de Bogotá. La víctima tenía 89 años y su deceso, según las autoridades, ocurrió en medio de la tortura producida por su propio familiar. 

La violencia de género ha sido un mal que durante años ha aquejado a Colombia y que en muchos de los casos se desarrolla en medio del más absoluto silencio. 

Violencia en el conflicto 

A las agresiones en escenarios como el hogar y el sitio de trabajo, se les suma las que se producen en medio del conflicto. En este último caso, las mujeres son objeto de ataques sexuales, reclutamiento, desplazamiento forzado, homicidio, tortura, entre muchos hechos más.

La problemática viene siendo combatida desde diferentes entidades. Dos de ellas son la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. En la primera institución se ha desarrollado un proceso en el que se hacen acompañamientos a mujeres dentro y fuera del conflicto. Desde la Fiscalía se lucha por buscar respuestas del Estado, que apoyen a las mujeres que han sido victimizadas y a sus familias. 

Para la fiscal María Cecilia Córdoba, quien lidera el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia del ente acusador, lo clave ya no es si la violencia contra la mujer en Colombia aumenta o disminuye, sino que ahora es más visible. 

Desde esa dependencia se ha creado un trabajo focalizado y en la actualidad cuentan con 14 modelos de atención para  mujeres en una situación de violencia en particular. El programa ha  hecho presencia en zonas afectadas por el conflicto como el Carmen de Bolívar (Bolívar) y Tumaco (Nariño). En la actualidad trabajan en Buenaventura (Valle del Cauca) y su proyección está hacia Segovia (Antioquia), donde estudiarán el tema de explotación laboral.

 

En el caso de Buenaventura, se han centrado en el estudio de 120 asesinatos de mujeres ocurridos desde el 2005. El Centro de Atención trabaja además de la mano con los fiscales que asumen la investigación de cada caso. “La idea es llegar a todo el país. Trabajamos esta estrategia donde pueda haber menos presencia estatal. Esos son los lugares a los que debemos ir”, aseguró Córdoba. 

 

En el caso de las mujeres con ácido, se han identificado a las víctimas en el país y, dentro de ellas, se han escogido 13 casos por tener características especiales. “Fueron priorizados porque son modelos por la cantidad de vulneraciones que sufrieron las mujeres. Allí podemos identificar violencia generalizada y sistemática”, explicó la funcionaria.

De la mano de la Fiscalía trabajan otras entidades. “Nosotros somos los que ponemos la denuncia y ampliamos el equipo de trabajo. Está el Ministerio de Salud, la Alta Consejería para la Mujer, la Defensoría, la Procuraduría, Policía, la Presidencia, Medicina Legal, Vicepresidencia, ICBF, entre otros. Todos actuamos por reacción”, indicó.

Según Medicina Legal, un total de 352 mujeres fueron asesinadas entre enero y abril del 2012, mientras que, en el mismo periodo de tiempo del 2013, ocurrieron 291 homicidios. La entidad también da cuenta que una de cada tres mujeres, ha sido agredida por su pareja. 

De acuerdo a las denuncias hechas por la Casa de la Mujer-Oxfam, el 23 por ciento de los ciudadanos no hacen nada cuando ven que una mujer es agredida por un hombre, mientras el 76 por ciento de las víctimas nunca denuncian los ataques.

La representante a la Cámara Ángela María Robledo es una de las personas que busca visibilizar la violencia contra la mujer a través de su labor. Ella dice que en el país existen las leyes adecuadas, pero que muchas veces no se utilizan como deben ser.   

“Hay desconocimiento de las leyes que tenemos y la forma en que se deben utilizar. Los miedos siempre están presentes y por eso a veces no se da a conocer. A esto se le suma que tenemos una institucionalidad muy débil para recibir la denuncia”, aseguró Robledo.

Para la representante, otro de los factores que afectan la legislación es el desconocimiento de Fiscales, comisarías de familia y jueces a la hora de actuar de manera pronta y eficaz. 

“Se ha venido denunciando pero les falta capacitación, formación y conocimiento del conjunto de leyes para que una denuncia de una mujer no termine en revictimización. No solo lo digo yo como representante del Congreso, sino que lo dicen ellos mismos”, señaló.

En tercera medida, Robledo aclara que el machismo no deja de existir en sociedades como la colombiana y que se sigue viendo a las mujeres como personas inferiores. “Se les trata como una cosa más”.

En un documento denominado ‘Análisis de caso sobre acoso sexual y feminicidio’ la Corporación Sisma Mujer hace un análisis del crimen de Vivian Paola Urrego Pulido, de 32 años, ocurrido el 31 de marzo del 2012. Ella fue asesinada por su exesposo Javier Giovanni Ceballos Murcia, en un centro comercial de Bogotá. 

“Este feminicidio fue la última agresión que sufrió la mujer, luego de una larga historia de violencia en su contra por parte del agresor. Una historia, que de ser atendida de forma previa y oportuna por los Estados, podría cambiar en relación con este tipo de desenlaces y con ello, preservar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias”, indica el estudio.

En este tipo de caso la entidad analiza cuatro patrones que rodean un feminicidio, que no es más que la muerte por el hecho de ser mujer. “Primero enmarca la existencia de una historia de violencias, luego el ejercicio por parte de los agresores que consideran la vida y el cuerpo de su víctima como una cosa, tercero la presencia de relaciones de dominio sobre la mujer y por último la impunidad continuada de las violencias contra ella”, según el documento.

Sisma Mujer también explica que el acoso laboral es una de las formas de violencia sexual que se comenten contra miles de mujeres en el mundo y se encuentra naturalizada en las relaciones sociales y laborales, al punto de considerar que es una vivencia común en la vida laboral del sexo femenino. 

“En 2012, mediante un estudio de encuestas se estableció que el 85 % de las mujeres colombianas reconoce el acoso sexual en el trabajo como una problemática vigente, lo cual se corresponde con estudios de años anteriores que reconocían la práctica por un 76 % en 2011 y un 89 % en 2010”, según el estudio.

Además la encuesta reveló que actualmente, las mujeres en Barranquilla son las que sienten un mayor riesgo de ocurrencia de esta violencia (89 %), les siguen las mujeres de Cali (89 %), Bogotá (85 %) y Medellín (78 %).