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BOGOTÁ
Las 50 obras inconclusas del Distrito
La falta de planeación ha sido el problema principal para terminarlas. Sólo se han ejecutado 118 de 2.006 tramos.
20 de mayo de 2014
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Este martes otro señalamiento de la Contraloría de Bogotá puso bajo la lupa a la Administración Distrital y específicamente, a la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial. Esto porque según el organismo de control, el 90 % de las obras de malla vial, del convenio 1292 de 2012, está retrasado. Pero estas obras no son las únicas que están paralizadas.
El convenio 1292 de noviembre del 2012 se suscribió entre la Administración de Gustavo Petro y las alcaldías locales, con el fin de dictar disposiciones para la ejecución de obras con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local.
Es decir, los recursos que fueron girados a la Secretaría de Gobierno para que coordinara la ejecución de 168.928 millones de pesos, de los 19 Fondos de Desarrollo Local, terminó en manos de la Unidad de Mantenimiento de malla vial.
Entre los proyectos están construcción y reconstrucción de vías locales, mantenimiento de espacio público, adecuación de andenes y arborización.
Pero esas movidas del dinero de los bogotanos no convencieron a la Contraloría distrital, que este martes advirtió las presuntas irregularidades, entre ellas la parálisis en las obras que se pensaron acometer.
Según el contralor Diego Ardila, hubo falta de planeación y ejecución del millonario recurso. Las obras se encuentran estancadas y otras no se han empezado a ejecutar. “Esta importante suma de dinero se encuentra dentro de las cuentas de Bogotá desde el año 2012 y programados dentro del presupuesto del 2011”, le dijo a Semana.com el contralor Diego Ardila.
Así las cosas, de 2.006 tramos o calles que se debían intervenir, solamente se han ejecutado 118 –sólo el 5 %- y de estos, a 56 casos se le han modificado las especificaciones técnicas. Según el informe de la Contraloría conocido por Semana.com, no se han iniciado los trabajos previstos en los sectores de Santa Fe y Usme, a pesar de esas localidades entregaron los recursos a la UMV. En Mártires, Fontibón y Antonio Nariño se han empezado trabajos en un solo tramo.
Por otro lado, la interventoría del convenio asegura que no se han iniciado las obras por falta de materiales y además, como no se le ha pagado su trabajo de interventoría, suspendió labores a partir de este año. Incluso, en muchas ocasiones, se inician las obras sin la aprobación de la interventoría, que es realizada a través de un contrato con las universidades Nacional y Distrital.
Por este caso, la Contraloría de Bogotá radicó una advertencia ante la Administración Distrital para que se empiecen a ejecutar los recursos por medio de un proceso de planeación que se debió ejecutar en el 2012.
Al 30 de abril del 2014 la UMV ha suscrito 210 contratos, derivados de los 168.000 millones de pesos entregados por las localidades, y de estos, sólo el 5 % de esos contratos (62.135 millones de pesos) se ha destinado para suministro y compra de materiales y el 90 % (20.102 millones de pesos) para el pago de prestación de servicios de profesionales.
Semana.com conoció que uno de los contratos de prestación de servicios de la UMV fue celebrado con el Sindicato de Trabajadores de la misma entidad, por cerca de 3.600 millones de pesos, que tiene por objeto suministrar personal para la ejecución de dichas obras.
Según el organismo de control, en mayo de 2013 el objeto inicial del contrato fue modificado para el suministro de maquinaria, lo mismo que la duración del mismo. Esto derivó en adiciones de dinero, la última, el pasado diciembre, por un valor de 25.000 millones de pesos. Es decir, actualmente, el valor del contrato va en 51.000 millones de pesos.
Las 50 obras inconclusas
Semana.com tuvo acceso a otros casos de obras inconclusas que hacen parte, no de la malla vial local, sino de la malla vial principal y/o arterial, que coordina el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
La Contraloría Distrital tiene otro informe que hace referencia a 50 obras inconclusas, que comprometió recursos públicos por cerca de 1.158 millones de pesos. La mayoría de ese dinero ya fue adelantado a los contratistas, pero no se ha visto el real servicio a la comunidad.
Esas 50 obras pertenecen a las Empresa de Acueducto (9), Secretaría Distrital de Salud (5), de Educación (11), Universidad Distrital (1), Instituto para la Economía Social (IPES ) (1), IDPAC (19), Fondo de Vigilancia y Seguridad (3), IDU (2), Caja de Vivienda Popular (4), Metrovivienda (1), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) (1) y Bomberos (1).
De esas obras, las más importantes son la de la construcción de la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Casa de Justicia de San Cristóbal y otras nueve inconclusas adjudicadas por la Empresa y Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Pero hay más. En cuanto a los contratos que corresponden a la Secretaría de Movilidad, se encontraron otros retrasos de obras Distritales. Es el caso del Sistema Integrado de Transporte Público. La implementación total del mismo estaba prevista para junio del 2012 y se modificó para julio del 2014, “lo cual es poco probable de cumplir, ya que no se ha concretado la integración del medio de pago, hay incumplimientos presentados por los operadores COOBUS y EGOBUS y el subsidio de la tarifa presenta problemas, pues ha generado, según las autoridades, un detrimento al patrimonio y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”, dice la Contraloría.
Todas estas presuntas irregularidades y retrasos en las obras se suman a la que reveló Semana.com con el famoso contrato 638 del 27 de diciembre del 2013 para tapar los 220.000 huecos que hay en la capital. El contrato fue suscrito entre la UMV y la empresa recién creada Green Patcher S.A.S., por cerca de 12.000 millones de pesos y a través de un contrato de ciencia y tecnología, obviando el proceso de licitación pública que se debe hacer para obras civiles, según la ley de contratación estatal. Este continúa en la mira de los organismos de control, pero hasta el momento sólo la Contraloría ha tomado cartas en el asunto, al suspender a la directora de la unidad, María Gilma Gómez.
El control de advertencia no es el primero que se le hace a la Administración. La Contraloría Distrital hizo el mismo procedimiento, en varias oportunidades, al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al alcalde (e) en Rafael Pardo y al secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, quien quedó encargado de la UMV después de la suspensión de la directora.
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