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| 7/11/1988 12:00:00 AM

LAS BALAS PERDIDAS

Exitos militares, medio centenar de muertos y denuncias de abusos contra la poblacion civil, el resultado de los combates Ejército guerrilla en Urabá.

Casi una semana después de que se presentaran los más sangrientos combates entre el Ejército y la guerrilla en las zonas de Nueva Antioquia y San Pedro de Urabá, nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas perdieron la vida, ni la verdad sobre la forma como se originaron los combates. La cifra de víctimas de lado y lado oscila entre 35 y más de un centenar, dependiendo en cada caso de quién sea el informante. El gobernador de Antioquia, Fernando Panneso Serna, informó a SEMANA que el dato oficial, entregado a su despacho por la jefatura militar de Urabá, es de 25 guerrilleros y 10 militares muertos, con acta de levantamiento. Pero las informaciones que dieron al bulto los campesinos que salieron de huida del escenario de los combates, no bajan esa cifra de 60 y algunos hablaron de más de cien, versiones éstas que recogió el periódico El Mundo en información de primera plana citando fuentes militares de la zona, las cuales extrañamente no fueron desmentidas públicamente en ningún boletín oficial.

Pero tanto como el cuánto, en éste episodio existen serias y preocupantes divergencias sobre el cómo, y aquí aparece la sombra de la palabra "bombardeo", que en éste caso es algo más que una simple apreciación semántica. Los voceros militares y del gobierno por los diferentes medios hablaron del hecho como de una ofensiva planificada contra los reductos guerrilleros en la zona, con importante despliegue de hombres y de los recursos logísticos que tiene el Ejército para éste tipo de operativos, algo que en el marco de la delicada situación general de orden público en el país por esos días (secuestro de Alvaro Gómez, asesinato de un coronel, emboscadas, atentados y provocación guerrillera en las marchas campesinas), se recibió como un hecho plausible y un esfuerzo ofensivo que se le estaba reclamando a las Fuerzas Armadas. Pero después empezaron a surgir testimonios de habitantes del área del conflicto que no sólo diferían en el número de bajas, sino que presentaban el panorama de tierra arrasada, de bombardeo indiscriminado contra todo lo que se moviera en el campo de operaciones.

La zona comprendida por San Pedro de Urabá y Nueva Antioquia hace parte de una extensa franja de Urabá que todavía está en proceso de colonización y por lo tanto tiene aún bosque virgen y ninguna plantación de banano. Tras los operativos estratégicos que el Ejército ha llevado a cabo en los últimos meses en procura de obtener el control total de la región de Urabá, esa zona selvática, que es también montañosa, se ha convertido en el principal reducto del EPL y del V Frente de las FARC que operan en Urabá hace más de 10 años, con importante poder de fuego y penetración en la población civil. Los operativos militares, reforzados con tropas de las Brigadas IV y XI, tienen ahora como objetivo esa region.

De manera que, si bien la ofensiva que se inició el 29 de mayo se desató en respuesta a una emboscada hecha por una columna subversiva a un convoy militar sobre la carretera a San Pedro de Urabá, en la cual murieron cuatro uniformados, un enfrentamiento de ese tamaño era algo que en cualquier momento podía ocurrir. Una circunstancia que influyó en la intensidad de los combates y en su cruento resultado fue la casual concentración de unidades guerrilleras en el sector ese fin de semana. Se celebraba una reunión de la llamada Coordinadora Guerrillera, que e Urabá la conforman los dos grupo activos: las FARC y el EPL, y, al parecer, la inteligencia militar tenía pleno conocimiento de dicha reunión.

Aparte de una considerable fuerza de infantería, en el operativo envolvente el Ejército utilizó tres helicópteros artillados y varias tanquetas blindadas de las llamadas Cascabel--lo campesinos de la zona hablan de cuatro--, las cuales disparaban cohetes por sus cañones, mientras que los helicópteros hicieron uso de ametralladoras desde el aire. Según un oficial militar, esto "técnicamente" no es un bombardeo porque éste ocurre sólo cuando se emplean aviones, que en esta oportunidad no se utilizaron. Pero, según lo dicho por los campesinos, para el efecto fue lo mismo.

Currulao es un pequeño caserío ubicado entre Turbo y Apartadó, tristemente célebre por varias matanzas colectivas en años anteriores, donde desemboca la carretera que viene de San Pedro de Urabá y Nueva Antioquia y, por lo tanto, puerto obligado de quien salga de esa zona. El segundo día de combates llegaron allí siete familias completas, 12 niños con ellas. Llegaron con lo que tenían puesto y sin equipaje. Quedaron bajo la protección del párroco del caserío porque no tenian dónde ir y lo perdieron todo. Lino Ospina, Silfredo Ospina, Fabio Vidal, Miguel Angel Díaz, Danes Gómez, Miguel Osorio y Juan Urango, jefes de esas familias declararon que sus ranchos fueron destruidos por los cañonazos del Ejército y que eso mismo ocurrió con otros ranchos, donde no supieron decir si había o no gente en ellos. Estos campesinos dijeron ser de la vereda "Boca de Tiolópez", ubicada en el área de candela. También dijeron que sus animales de corral y sus pertenencias desaparecieron, y de ello responsabilizan a la tropa.

La Procuraduría Regional tiene para investigar una denuncia sobre el caso del menor José Alejandro Agudelo, de 12 años y estudiante de primero de escuela en esa misma vereda, quien se encuentra herido de bala y con esquirlas, bajo vigilancia militar en el hospital de Apartadó, sindicado de ser guerrillero. Su maestra afirma lo contrario, y dice que se trata de un muchacho de regular asistencia a las clases y conocido por todos.

LAS DENUNCIAS DE SINTAGRO
Juan Sebastián Mosquera, vicepresidente de Sintagro, sindicato que agrupa a las dos terceras partes de los trabajadores del banano en Urabá, organización que el general San Miguel Buenaventura, ex comandante de la X Brigada, relacionó con el EPL, responsabilizó a la tropa de la muerte de tres civiles ajenos al conflicto, casos que también serán puestos en conocimiento de la Procuraduría. Mencionó el caso de la joven María Consuelo Guisao, estudiante en el colegio de San Pedro de Urabá, quien el fin de semana que ocurrieron los combates se encontraba visitando a sus padres en su vereda, y quien fue reportada como una baja de la guerrilla. El cuerpo de José Bernardo Usuga fue recogido por sus familiares en una cuneta el 5 de junio, 5 días después de su muerte, con quemaduras y huellas de tortura. De él, el dirigente sindical dijo que tenía actividades conocidas en la región y no precisamente como guerrillero. Y está el caso de José Oquendo, denunciado por su propia hija. Este era un administrador y propietario de una finca de ganado ubicada en la zona de los combates. De su muerte los soldados responsabilizaron a la guerrilla cuando le entregaron el cadáver, pero las averiguaciones de la joven la llevaron a concluir lo contrario, según lo consignó en la denuncia.

De ser comprobada la veracidad de estas denuncias, la pregunta que queda flotando es obvia: ¿en qué lista figuran estas muertes? ¿Será que en Urabá es tan delgada la línea que separa a un guerrillero de un campesino raso como para que se den esta clase de confusiones? En lo que si no hay que hacer mucho esfuerzo cabalístico es en lo que puede pasar con la voluntad de los campesinos de verdad, ajenos al conflicto entre militares guerrilleros, que sufrieron las consecuencias de los bombardeos. Su resentimiento puede ser proclive a la subversión y convertirse en un mal negocio para las fuerzas regulares el su esfuerzo constitucional por pacificar el país.

Con todo y desde el punto de vista de la lucha antisubversiva, el operativo prolongado durante las dos últimas semanas en Urabá, muestra un saldo favorable para las Fuerzas Armadas, tanto por el alto número de bajas causadas a la guerrilla como por la demostración de fuerza. Independientemente del cómo, se vio un Ejército a la ofensiva y avanzando limpiando esa imagen opaca de desvalimiento que venía manejando la opinion pública. No fue fácil penetra a un territorio casi controlado del todo por la guerrilla, y de eso dieron cuenta las vidas sacrificadas por la tropa, 10 en total durante cinco días de fieros combates, entre ellas la de un joven subteniente.

Ese aire de guerra que se respira en las zonas rurales y boscosas de San Pedro de Urabá y Nueva Antioquia pues allí las operaciones militares han continuado con intensidad y los guerrilleros seguramente no se han ido, contrasta con la apreciación optimista que el gobierno de Antioquia tiene sobre la situación en las áreas urbanas y otras zonas rurales tradicionalmente afectadas por la violencia. El gobernador Panesso Serna dijo que, descontando lo ocurrido en San Pedro y Nueva Antioquia, las estadisticas señalan un descenso de la violencia en las zonas rurales y una total normalidad en las cabeceras municipales, debido en mucho a las operaciones de patrullaje permanente en la región y en el caso de Apartadó a la ley "semiseca" allí implantada, donde los establecimientos públicos cierran a las 12 de la noche y no a las tres de la mañana como antes.

Sin embargo, las estadísticas son demasiado frías como para bajarle la temperatura a los crímenes que de todas maneras siguen ocurriendo en la zona. La última semana fueron asesinados dos obreros en una carretera, un empresario y el ingeniero Ramón Jurado Vásquez, administrador de la finca "La Chinita", que, como se recuerda, fue junto con la finca "Honduras", el escenario de la primera matanza de éste año en Urabá, la de más de 25 obreros. Sobre estos hechos, como casi todos los que se han presentado alli, flota un manto de misterio. Definitivamente en Urabá el banano y la incertidumbre crecen por parejo. --
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