"Las cárceles son campos de concentración"

Semana.com: ¿Por qué usted, que es uno de los abogados que más demandas tiene contra el Estado por violación derechos humanos, muerte de reclusos en las cárceles, detenciones injustas y falsos positivos, entre otras, le está lanzando una alarma al Gobierno por lo que está pasando en las cárceles y tribunales del país?

Javier Villegas: La violación sistemática de todos los derechos fundamentales de los reclusos, de su dignidad y la de sus familias, están poniendo al Estado en una posición difícil. A las millonarias condenas que se están pagando por la muerte de reclusos en las cárceles, que pueden superar los 400.000 millones, se suma que acaba de producirse una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que condena al Estado a indemnizar a un recluso y a su familia con 150 millones de pesos por la forma como violó sus derechos humanos y su dignidad ante las condiciones de reclusión que debió soportar durante los tres años que estuvo preso en Bellavista. Lo preocupante para el Estado es que el fallo sienta un precedente que deja abierta la puerta para que los 113.000 reclusos actuales, los que quedaron en libertad y hasta los que vendrán, puedan demandar y obtener indemnizaciones del Estado, siempre y cuando persistan las condiciones de reclusión a la que está siendo sometida la población carcelaria del país.

SEMANA: ¿No cree que está siendo un poco catastrófico?

J.V.: Para nada. Desde hace años la Justicia y la misma Corte Constitucional, de manera reiterada, han venido advirtiendo en sus fallos que el Estado no puede seguir violentando los derechos y la dignidad de los reclusos, y someterlos a condiciones denigrantes y de hacinamiento impunemente. Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manejado con lupa y rigor la violación de los derechos fundamentales de los reclusos de Colombia, y estamos ad portas de que el Estado también sea demandado y condenado en el sistema interamericano de derechos humanos.

SEMANA: Sí, pero es que en las cárceles no están precisamente recluidas blancas palomas...

J.V.: Esa idea de que si a alguien lo mataron o lo cogieron preso es porque algo andaría haciendo mal es lo que más daño le ha hecho a la dignidad y a la vida de los colombianos. Claro que en las cárceles hay delincuentes de todos los calibres, pero así estemos hablando del peor asesino o violador, no deja de ser ni colombiano ni un ser humano. El hecho de que una persona se encuentre presa o condenada no exime al Estado de respetarlo sin ninguna discriminación. La privación de la libertad no debe conllevar a restricciones y sufrimientos más allá del hecho mismo de estar en esa condición. Para mí, la población más vulnerable y atropellada del país son los 113.000 reclusos y reclusas.

SEMANA: ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando en las cárceles del país?

J.V.: Desafortunadamente se convirtieron en las cloacas de la sociedad y del Estado, y no en un sitio en el que una persona entra a purgar una pena y a recuperarse para regresar a su comunidad. Desde que cruza la puerta de una penitenciaria, se queda a merced de todo tipo de mafias, bandas y combos que cobran hasta por ir al baño, dormir o respirar, todo con la vergonzosa participación de la guardia del Inpec. En las cárceles, el último que manda es el Estado, que las convirtió en sitios solo comparables con los campos de concentración nazi.

SEMANA: ¿Cuáles son las razones por las que están demandando al Estado?

J.V.: Por varias razones. Homicidios, lesiones, suicidio, deficiencia en la atención médica y ahora por la violación de derechos humanos fundamentales. Solo entre los años 2011 y 2012 han muerto 278 personas, en su mayoría de forma violenta. Es preocupante que para 113.000 reclusos haya, según el Inpec, 112 médicos, 48 enfermeros y 242 auxiliares de enfermería. La salud en las cárceles no existe, por ejemplo en el 2009 había 38 enfermos de sida. Hoy hay 409. La tuberculosis está creciendo y ni hablar de la salud mental, que es lamentable. Cuando una persona entra a una cárcel en Colombia lo pierde todo: la dignidad, sus derechos, el patrimonio y su familia. Son una población expuesta a caer en serios problemas de depresión o incluso llegar al suicido. Cuando una persona es privada de la libertad, el Estado se convierte en garante de sus derechos fundamentales, especialmente de la vida, la integridad personal, la dignidad y las condiciones de existencia en su reclusión.

SEMANA: Pero esto no se puede resolver solo a punta de demandas...

J.V.: No, pero paradójicamente las demandas y las condenas por la violación de los derechos humanos de los reclusos pueden constituir un punto que lleve al Estado a ser eficiente en el manejo del sistema penitenciario, porque al final cuesta mucho menos tener buenas cárceles que pagar billones y billones de pesos en indemnizaciones.

SEMANA: ¿Cuál es la solución a este problema?

J.V.: Primero, entender el drama que se vive a diario en las cárceles del país, saber que allá hay seres humanos, no animales. A mí me sorprende que en Colombia hay ONG que se preocupan más por los perros, los gatos, los caballos y los toros, que por los presos. Lo segundo es crear un rápido programa de construcción de cárceles que sean verdaderos centros de resocialización, pues hoy Riohacha tiene un hacinamiento del 362 por ciento, Cali 320 por ciento, Bellavista 227 por ciento y La Picota 201 por ciento. Lo otro, combatir eficientemente la corrupción y la convivencia de la guardia con el crimen; tener un buen sistema de salud integral, un programa de rehabilitación verdadero, con estudio y trabajo, pues las cárceles hoy son las mejores escuelas de crimen del país. Y ponerle límite al uso excesivo de la detención preventiva, que contribuye enormemente al hacinamiento. Incluso, por qué no pensar en la privatización de las cárceles ante la incapacidad absoluta que ha demostrado el Estado.

SEMANA: ¿Qué piensa de la propuesta del Gobierno de reformar el sistema penitenciario y adoptar nuevas políticas, como la de permitir que algunos presos puedan salir a trabajar en el día?

J.V.: Estamos lejos, muy lejos de que el Estado pueda superar las condiciones actuales de las cárceles, y lo más grave es que la ineficiencia actual va a costar billones de pesos en demandas. Ahora bien, si quieren que vayan a dormir a las cárceles, ¿dónde lo van a hacer? en el suelo o uno encima de otro, como les toca ahora. Que se estudie su viabilidad cuando al menos exista una cama para cada recluso.