Las cartas de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo

La semana pasada, en una audiencia, el juez le preguntó cinco veces a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo si aceptaban y entendían los cargos que les imputó la Fiscalía por la debacle del Fondo Premium. Y ambos, cinco veces, reconocieron que cometieron estafa, que manipularon la acción de Fabricato y que participaron en un concierto para delinquir. Con la insistencia, el juez quería estar seguro de que los dos cerebros de este fondo aceptaban voluntariamente los cargos y comprendían las consecuencias de reconocer dichos delitos.

Ortiz y Jaramillo aceptaron estos tres cargos, y no los otros dos que también les imputó la Fiscalía, relacionados con la captación masiva y habitual de dinero y con el hecho de no haberlo reintegrado. Por estos dos últimos delitos, que conllevan mayor pena, prefirieron irse a juicio.

En la misma audiencia, realizada el jueves pasado, Ricardo Martínez, quien fue gerente de Valores Incorporados, una filial de Premium, también aceptó los mismos delitos de Tomás y Juan Carlos. El juez programó para el 21 de julio la audiencia para fijar la condena que deberán pagar por los cargos que reconocieron.

Hasta ahí todo parecería hacer justicia a las víctimas que reclaman los 320.000 millones de pesos que confiaron en el Fondo Premium, promocionado y representado en Colombia por InterBolsa. Pero no es así, y les está quedando un sabor amargo.

Los damnificados y sus abogados tienen varias razones para estar molestos. En primer lugar, porque la Fiscalía no le pidió al juez un monto específico de condena para Ortiz y Jaramillo, como se hace generalmente. Y en segundo lugar, por haber omitido las circunstancias agravantes de los delitos, que causarían una condena mayor.

Sobre el primer asunto la fiscal del caso, Alexandra Ladino, afirmó que no se pidió un monto específico porque considera que esta es una decisión que le compete al juez y las penas para dichos delitos ya están establecidas en el Código Penal.

Sin embargo, el abogado Francisco José Sintura, quien representa al Estado como víctima en este proceso, llama la atención sobre esta actitud de la Fiscalía, pues considera que en la generalidad de los casos, el ente acusador sí propone una pena. Pero lo que más reprocha el abogado es que no se hizo mención al agravamiento de los delitos.

Según el penalista, circunstancias muy claras agravan los cargos imputados, como la codicia; la posición distinguida de los implicados en la sociedad; su abuso de la ignorancia de los inversionistas; la coparticipación criminal; la utilización de medios informáticos y electrónicos; y la falta de reparación, que hace más nocivas las consecuencias de su conducta.

Por ejemplo, en el caso de Rodrigo Jaramillo, fundador y presidente de InterBolsa, le imputaron como agravamiento la coparticipación criminal y la posición distinguida que ocupaba en la sociedad. No se entiende por qué en el caso de Premium no se procedió de igual forma.

Para las víctimas esta actitud de la Fiscalía es muy blanda con las personas que controlaban el Fondo Premium, quienes además hasta el momento no han dado muestras de arrepentimiento y mucho menos intención de reparar los perjuicios.

El asunto es que, como la Fiscalía no mencionó agravamiento, el juez tendrá un escenario máximo y uno mínimo de condena. Si se tratara del primero los responsables pagarían una condena de 15 años. Sin embargo, como aceptaron cargos, tendrán derecho a una rebaja entre un 33 y un 50 por ciento. Es decir, en la peor de las circunstancias Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo pagarían siete años y medio de cárcel.

Según los abogados de las víctimas, las dos cabezas de Premium, en cierta forma apoyados por la Fiscalía, están jugando a recibir una condena excarcelable. Con menos de ocho años, pueden pagarla en detención domiciliaria.

El mayor beneficio

La frustración más grande de las víctimas de este proceso, que ya lleva tres años, tiene que ver con la decisión que tomó la Fiscalía de otorgar principio de oportunidad a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, solicitud que se le hará a un juez, en audiencias fijadas para el 22 y 28 de junio. La negociación entre estos y el ente acusador tiene ver con el delito de captación masiva y habitual, el cargo más severo que enfrentan en el proceso. Los dos cerebros de Premium plantean colaborar con las autoridades a cambio de una sustancial rebaja de pena por este cargo específico.

Pero el tema del principio de oportunidad no solo tiene indignadas a las víctimas, sino extrañados a los abogados, quienes consideran que este beneficio no debería aplicarse en los casos de Jaramillo y Ortiz.

Varios juristas advierten que al conceder este principio de oportunidad se “desnaturaliza esta figura jurídica” pues en este caso se trata de las dos cabezas de una organización que cometió delitos. Anotan que este beneficio tiene sentido cuando los mandos medios o bajos de una organización delatan a las cabezas principales, y no al revés. “Flaco favor hace la Fiscalía al darles un beneficio de esta trascendencia a quienes cometen delitos de cuello blanco”, señaló el abogado Sintura.

La fiscal del caso, Alexandra Ladino, le explicó a SEMANA que con la colaboración que han planteado los dos implicados, se busca desentrañar completamente la estructura societaria de Premium en el exterior, algo que, afirma, no se ha podido lograr. Asegura que el propósito de la Fiscalía es ir hasta la plata del fondo para resarcir a las víctimas. Afirma que frente al otro delito, es decir el no reintegro, no se ha estudiado ningún principio de oportunidad, porque, anota, el fiscal ha sido claro en que si no devuelven el dinero no tendrán ese otro beneficio.

Sin embargo, sobre esto quedan muchos interrogantes. El agente liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, sostiene que solo se conocen del exterior 6 millones de dólares que están el en Banco Central de Curazao, y que hasta ahora no los han podido recuperar para las víctimas. Es decir, ni Juan Carlos ni Tomás estarían en capacidad de traer esos dineros. Por otro lado, ambos han propuesto entregar las acciones que tenían en PICAF (Premium Capital Appreciation Fund), lo que para el liquidador Revollo es más absurdo todavía, puesto que se encuentran embargadas por la Superintendencia de Sociedades. Pero además, estos no son papeles que se puedan convertir en plata contante y sonante.

El malestar por el principio de oportunidad también cobija a los familiares y a la defensa de Víctor Maldonado, el empresario señalado como el mayor favorecido con el Fondo Premium, por medio de los préstamos que recibió. Estos aseguran que el beneficio que buscan Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz está basado en el dinero que le ha sido embargado al empresario Maldonado, que a propósito no reconoció ninguno de los delitos que se le imputan y tampoco concretó nunca una oferta de pago.

En esta historia hay mucha más tela por cortar. En la Fiscalía cursa una denuncia penal contra Ortiz, Jaramillo y otro grupo de directivos de Premium por lavado de activos, cometido en la modalidad de administración de dineros provenientes de delitos contra el sistema financiero. Por ahora, de este proceso nada se sabe.

Las víctimas temen que con las cartas que están jugando Jaramillo y Ortiz logren tumbar la captación, y con ello extinguir tanto el delito de lavado, como el de no reintegro. Pero eso está por verse. Lo lamentable es que mientras los responsables arman su defensa, más de 1.000 víctimas todavía esperan recuperar su dinero.